Las claves del Presupuesto 2022 en detalle: a dónde va el Gobierno
El anteproyecto de la ley de leyes que busca garantizar un "sendero fiscal sostenible" mejora las partidas de salud y educación. Cuánto irán a inclusión social e inversión pública.
A contrarreloj y con presión política, el ministro de Economía presentó el Presupuesto 2022, al que postula como la búsqueda para consolidar un sendero de crecimiento para remontar los efectos de la pandemia y los años de caída económica que la precedieron. Con foco en la macro, Martín Guzmán pretende estimular la actividad desde el Estado. Calculó una expansión del PBI del 4% con un déficit primario del 3,3%.
Según los equipos técnicos de Economía, las medidas para lidiar con la crisis sanitaria en 2020 y 2021 significaron, y todavía representan, una «expansión fiscal extraordinaria». Si bien se especula que pueda sufrir modificaciones, este anteproyecto de la ley de leyes proyecta que en 2022 se continuará con la normalización macroeconómica y profundización de la agenda de estímulo a la producción y el empleo; es decir, el impulso de la inversión del Estado junto con el fortalecimiento progresivo de los recursos para garantizar un «sendero fiscal sostenible».
Con estas consideraciones, el Presupuesto 2022 direcciona los recursos hacia políticas de estímulo al dinamismo productivo, la inversión y la generación de empleo. «Se impulsan sinergias productivas con el sector privado y se fortalecen programas de promoción para la productividad y competitividad de las empresas, con foco en el crecimiento de las MiPyMEs. Estas políticas se traducirán en mayores niveles de producción y exportaciones, condiciones para el desarrollo sostenible e inclusivo», apuntó el texto ingresado al Congreso, que toma como supuesto un acuerdo previo con el FMI.
Salud
El Presupuesto 2022 continúa priorizando la salud, con una asignación que, excluyendo los gastos extraordinarios asociados a la pandemia en 2021, se incrementa un 102% interanual, y se duplica en términos del PBI respecto a 2019.
Se seguirá invirtiendo en la producción e investigación de tecnología de la salud, en particular en lo relativo a las vacunas COVID, en pos de continuar desarrollando el sector productivo estratégico que permita posicionar al país en la industria de medicamentos de alto contenido científico y tecnológico. Se promoverá el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles, fundamentalmente mediante acciones de mitigación de la pandemia COVID-19 y el suministro y supervisión de vacunaciones.
Además, contempla la adquisición de 80 millones de dosis de vacunas COVID que serán necesarias para continuar con la campaña de vacunación, junto con 5 millones de test de antígenos y 700 mil neokits para la detección del COVID.
En cuanto a la provisión de medicamentos, se seguirá impulsando el programa REMEDIAR, mediante el cual se distribuyen medicamentos esenciales a 8.100 centros de salud del país por medio de botiquines con entrega mensual dando herramientas de cobertura y acceso para el 85% de las patologías prevalentes, servicio de capacitaciones y estudios en materia de política de medicamentos para todo el país.
Educación
Tanto el presupuesto 2021 como el 2022 priorizan la recuperación progresiva de la inversión en Educación hasta el 2023 para alcanzar la participación del 6% sobre el PIB, establecida en la Ley de Financiamiento Educativo. En particular, la inversión de la Administración Nacional en Educación registraría en 2022 un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto al mínimo registrado en 2019 (1,1% del PBI).
«Con el fin de promover la igualdad educativa, se continuarán impulsando acciones tales como el Programa Federal Juana Manso – Conectar Igualdad, el Plan Federal Habitar la Escuela (infraestructura), la Educación Técnico Profesional, el fortalecimiento de carreras universitarias, becas PROGRESAR, entre otras», detalló el texto.
En cuanto a universidades, el Presupuesto garantiza atender los salarios docentes y no docentes buscando recomponer el ingreso de los mismos, así como los recursos para el sostenimiento de la actividad académica. También se destinan recursos a programas de investigación, a promoción de carreras estratégicas, al fortalecimiento de la extensión universitaria y al Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional (FUNDAR).
Ciencia e Innovación
La ley de leyes contempla una asignación para los programas de Ciencia y Tecnología de más de $ 100.000 millones, monto que representa un crecimiento interanual de 81,9%. De esta forma, se garantiza por tercer año consecutivo una expansión en términos del PBI de la inversión en estas partidas.
«Los réditos del desarrollo científico pueden apreciarse, por ejemplo, en la capacidad del país para posicionarse como uno de los pocos con aptitudes para producir vacunas contra el COVID-19», puso en valor el Presupuesto. La asignación de 2022 cubre la totalidad de los cargos vacantes de la Carrera de Investigador Científico Tecnológico y la de Personal de Apoyo, ascendiendo a 16.100, una suba de 11% respecto de 2021 y, desde el inicio de la gestión, un 18%.
Para la formación de becarios (un promedio de 12.400 en 2022), guarismos que arrojan crecimientos de 5% y 12%, respectivamente. Finalmente, se incluyen créditos para continuar el proyecto de construcción del lanzador Tronador II/III en el marco del Plan Espacial Nacional, fundamental para garantizar la conectividad satelital. Además, las asignaciones tienen un fuerte componente federal, cuyo efecto virtuoso alcanza a las economías e industrias regionales y reduce asimetrías entre las mismas.
Inclusión social
Las herramientas de inclusión social sirven para encarar de forma estratégica las distintas problemáticas sociales: garantizan la seguridad alimentaria, tienden puentes con el mercado laboral y se orientan a cerrar las brechas de género. Para 2022 Guzmán busca destinar a este concepto el 1,22% del PBI, lo que sube 0,3 p.p. contra el año pasado (excluyendo erogaciones extraordinarias) y 0,8 p.p. contra 2019. Insuficiencia en esta partida fue uno de los puntos más criticados al Gobierno nacional después de los resultados de las PASO del domingo pasado.
En 2021, la Tarjeta Alimentar se desplegó como la principal herramienta y registró un incremento del 50% en el valor de sus prestaciones e incorporó a más de 1,8 millones de niños y niñas, alcanzando un universo total de 3,7 millones. El presupuesto 2022 garantiza la continuidad de esta política prioritaria.
El Gobierno Nacional también tiene en marcha la estrategia Fomentar Empleo, que consta de dos ejes: capacitación laboral e inserción al mercado de trabajo. Respecto al primero, se asignan fondos a programas de Entrenamiento para el trabajo, talleres de orientación laboral y cursos de formación profesional, entre otros.
Por su parte, el segundo eje se instrumenta a través de programas existentes, como Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Jóvenes MIPyME (Te Sumo), Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales. El Presupuesto 2022 destina $ 50.700 millones para estas políticas, monto que implica triplicar las asignaciones respecto a 2021, excluyendo las partidas extraordinarias para atender la emergencia. Adicionalmente, en materia de empleo para 2022 se prevé que el programa Potenciar Trabajo incremente sus beneficiarios un 10% por encima de los 500.000 actuales.
Las políticas de género resultan transversales a las herramientas de inclusión social diseñadas en esta gestión. Con esta convicción, el Presupuesto 2022 atiende la totalidad de las asignaciones correspondientes a la incorporación de 185.000 mujeres a la cobertura de la seguridad social, en el marco del programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. Este programa es interpretado por el Ejecutivo como un paso fundamental para corregir una situación de desigualdad histórica entre hombres y mujeres en los entornos laborales. “Al reconocer años de aporte según la cantidad de hijos e hijas a mujeres en edad de jubilarse, pero que no contaban con la cantidad de aportes necesarios para acceder al beneficio, se visibiliza el trabajo no remunerado que implican las tareas de cuidado en los hogares”, resalta el texto de la ley de leyes.
Inversión pública
El impacto de la inversión pública resulta determinante para la calidad de los servicios públicos esenciales (salud, educación, conectividad, transporte). También una condición para la mejora de la calidad de vida de la población, el incremento de la productividad general de la economía y, al mismo tiempo, constituye un catalizador de la inversión privada.
Para 2022 Guzmán prevé destinar el 2,4% del PBI a esta partida. En lo fino, le asignó 15,3% del total a agua potable y alcantarillado, 14,6% a vivienda y urbanismo, 14,2% a transporte y 13,7% a vialidad. Entre estos rubros explican el 57,8% de la inversión total. Respecto a 2021, se prevé un incremento de las funciones de educación (+2,3 p.p.), agua potable y alcantarillado (+2,2 p.p.) y vivienda y urbanismo (+0,7 p.p.).
Desde el inicio de la actual gestión, los fondos destinados a este destino se han acrecentado. Se quebró así la tendencia decreciente que se observó desde el macrismo, producto del ajuste realizado por el gobierno anterior.
En el período 2016–2019 la inversión pública de la administración nacional registró una caída real del 62%, al pasar del 2,8% del PIB en 2015 al 1,1% del PIB en 2019. La inversión total también disminuyó su participación en la demanda agregada, pasando del 20,1% del PIB en 2015 al 17,2% en 2019, alcanzando el menor nivel en una década. La retracción de la inversión pública supuso la desatención y el deterioro de sectores claves para el desarrollo económico y social de nuestro país como vivienda, educación y cultura y agua y saneamiento, entre otros.
En contraste con esa dinámica, en 2020 durante la pandemia la inversión pública se incrementó 7,1% en términos reales respecto a 2019. En el mismo sentido, en el primer trimestre del 2021 la participación de la inversión dentro del PIB superó en 1,3 p.p. al mismo período de 2019.
El plan de inversión para 2021 (con un gasto estimado en torno a 2,1% del PIB) prácticamente duplica el peso de la inversión pública en términos del PIB respecto del registro de 2019. Se destaca el crecimiento del 2.872,3% en salud explicado, claro, por el esfuerzo de Nación en la pandemia para fortalecer el sistema. Además, subió 146,5% agua y saneamiento, 114,6% educación y cultura y también se incrementó 112,4% vivienda.
Por: RODRIGO NÚÑEZ y EZEQUIEL ORLANDO