De Lousteau a Kicillof, todos los ministros de CFK avalaron a De Vido

Todos los planes de importación de gas por parte de la empresa Enarsa, satélite del Ministerio de Planificación Federal, fueron aprobados por todos los ministros de Economía de las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. El dato surge de la declaración escrita de Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio de Vido, ambos detenidos por el juez federal Claudio Bonadío, acusados por el presunto pago de sobreprecios en la importación de ese fluido.

En el documento judicial, el ex funcionario aportó como prueba todas las publicaciones en el Boletín Oficial en las que se informaba sobre la autorización del plan de gestión de Programa Energía Total (PET), hoy cuestionado en sede judicial.

Otro dato a tener en cuenta indica que los montos a erogar eran avalados anualmente por el Congreso de la Nación, ya que formaban parte del debate de la ley de leyes: el presupuesto federal.

En su anexo, la resolución N° 310/2015 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas estableció que, “en función de cumplir con el Programa de Energía Total y como consecuencia del gran crecimiento económico de los últimos diez (10) años, que llevaron a incrementar considerablemente la demanda de energía, se desarrolla el Plan de Provisión de Gas Natural Licuado (GNL), mediante la utilización de buques regasificadores que operan en los puertos de Bahía Blanca y Escobar.”

Así, por ejemplo, el ex ministro Axel Kicillof avaló la operatoria que, además, tuvo control trimestral de la Auditoría General de la Nación (AGN, gestionada por la oposición) y auditada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), con la rúbrica y aval de la contadora María Fernanda Inza, actual secretaria de Legal y Técnica del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Con resoluciones del mismo calibre, los ex titulares de la cartera econónima Martín Lousteau, Guido Lorenzino, Carlos Fernández, Amado Boudou y el mencionado Kicillof avalaron, año tras año, desde 2008 hasta 2015, la importación de gas sin hacer objeciones.

Tampoco hicieron observaciones la auditora Inza, la AGN ni la Sindicatura General de la Nación. A los mecanismos de control mencionados debe sumarse la Aduana y la AFIP. Según el testimonio de Baratta, «todas las importaciones» de gas natural licuado (GNL) fueron asignadas a «canal rojo», que es «el máximo nivel de control que ejerce la Aduana en los despachos de importación. Ello implicaba que la Aduana verificaba toda la documentación de los cargamentos con uso de un sistema de precios de referencia para las importaciones de comercio internacional con miras a evitar la sobrefacturación o subfacturación de los bienes que ingresan al país».

Un dato para entender mejor. Argentina es miembro de la Organización Mundial de Comercio y, por ello, debe seguir e instrumentar determinados mecanismos de observación y validación de precios en forma obligatoria para garantizar la razonabilidad de los mismos.

Luego de todos los controles de las importacionesde GNL por la Aduana resultó que Enarsa «no» fue objeto de «ningún sumario iniciado a instancias de ese organismo con respecto a los precios del GNL o alguna otra observación», según se desprende del expediente judicial.

PERICIA A MEDIDA. Otro de los puntos que cuestionó Baratta es la pesquisa realizada por un perito oficial quien primero señaló que no se podía tomar como precio de referencia del mercado de Estados Unidos (denominado Henry Hub) pero luego utiliza ese parámetro.

Según el acusado, «el error consiste en que el precio del gas de gasoducto (que es gaseoso) no es comparable con el precio de gas licuado (GNL), que es líquido y se transporta por vía marítima».

Además, el perito no pudo determinar si se pagaron sobreprecios ya que «hizo un cálculo de costos pero no de precios» y “copió y pegó información de una tesis universitaria chilena y citó como fuente a un organismo europeo que no existe», subrayó Baratta.

Haciendo uso de su derecho a defensa, el acusado solicitó una nueva pericia, pero realizada por un economista y no por un ingeniero, tal como establece el marco legal vigente.