En la mira: quiénes son los gremialistas acusados por corrupción

La caída del Juan Pablo “Pata” Medina esta semana lo puso en evidencia, como en su momento fue la detención del “Caballo” Suárez, el ex jefe del SOMU. “¿Qué sindicalistas no son millonarios?”, se preguntó Margarita Muñoz de Ubaldini, la viuda del reconocido ex jefe de la CGT que le hizo 13 paros a Raúl Alfonsín. Pero las acusaciones – y las condenas – no fueron pocas.

Al poderoso ex jefe de la CGT, Hugo Moyano, se lo acusó de pactar con Carlos Menem el cierre de ramales clave de los ferrocarriles para favorecer al mundo camionero; pero además se lo investigó en la Justicia por el supuesto cobro de reintegros indebidos por parte del Estado, en la compra de costosos medicamentos oncológicos. Años atrás, la legisladora y candidata a diputada por Cambiemos, Graciela Ocaña, lo denunció por administración infiel, por contratar a empresas vinculadas a su familia.

Pero además, en los últimos años las denuncias se multiplicaron. El ex jefe de Unión Ferroviaria José Pedraza fue condenado por la muerte de Mariano Ferreyra; aGerónimo “Momo” Venegas se lo investiga – aún después de muerto – por irregularidades que alcanzan a su millonaria sucesión; al jefe del SUTHER, Víctor Santa María, lo denunció la Unidad de Información Financiera por operaciones sospechosas por 4 millones de pesos en Suiza, en una causa que lleva el juez Claudio Bonadio.

EL HOMBRE SE ATRINCHERA

A casi nadie le sorprendió que Juan Pablo “Pata” Medina se atrincherara en la tarde del martes, antes de ser detenido en su casa mientras fumaba una pipa de agua. En enero de 2014 fue detenido por evitar un control policial en la ruta y golpear a una oficial de la Policía. Permaneció en el interior de una Toyota Hilux gris unas horas, hasta que finalmente se entregó. Días después, fue liberado.

Fuentes del Gobierno bonaerense cuentan que por una cuestión de dimensión, en La Plata podrían hacer 700 obras, aunque en la actualidad hay apenas 90, por la presión que ejercía el “Pata” a los empresarios del sector. Denunciado por extorsión al Estado y lavado de dinero, Medina fue acusado de quedarse con el 40 por ciento de la inversión en obras. Pero además, de elegir a gusto y piacere qué compañías las realizaban, y exigir que se pagara desayuno y merienda para los empleados: la contratación del catering, convenientemente, quedaba en sus manos.

Uno a uno, esta semana fueron cayendo los integrantes del clan que lideraba el Pata Medina. En total fueron 8 detenidos:

• María Fabiola García: esposa del “Pata”, alias “La Dueña”. Era la dueña, junto con su hermano, de la empresa de catering que proveía a los trabajadores de la construcción en La Plata.
• Pablo Nicolás Neves: era el segundo de García, y según fuentes judiciales, quien “extorsionaba a los empresarios”.
• Marianela Luján Pagnoni: hija de Fabiola y responsable de otra empresa de catering involucrada al negocio de la construcción.
• Agustín Facundo Medina: hijo del “Pata”, integrante de la UOCRA y dueño de dos empresas de catering.
• Lara Micaela Muñoz: esposa de Agustín Medina y a cargo de la empresa de panificados Rey del Cielo.
• Miguel Ángel Federico: contador.
• Casimiro Gómez: recaudador de dinero, que era manejado por uno de los hijos del “Pata”.
• Rubén Darío Roldán: integrante de la UOCRA, colaborador cercano a Medina.

El miércoles, al Pata le trabaron un embargo millonario: en una cuenta, por $4.465.900; en otra, por $144.414,53. Una de las imágenes más fuerte fue el dinero en efectivo, en dólares, que encontraron las fuerzas de seguridad en un allanamiento: U$S 328.372.

“¿Ustedes van a permitir que al ‘Pata’ lo lleven preso o les metan su plata en el bolsillo del gobierno?”, lanzó el “Pata” desde el balcón de la seccional La Plata de la UOCRA. Horas después, caía preso.

Pero lo cierto es que los escándalos de Medina no son de los últimos años. En el 2000 hubo una batalla campal con 30 heridos, luego de que se divulgara una grabación que lo mostraba amenazando a un grupo de albañiles para que dejara de trabajar en la ampliación de un supermercado. Años después, en 2006, se lo vio disparando durante el traslado del cuerpo de Juan Domingo Perón a la quinta de San Vicente.

EL FAVORITO DE MACRI

Gerónimo “Momo” Venegas no terminó la escuela primaria. Desde 1992 hasta su muerte en junio pasado fue el hombre fuerte de la Unión Argentina de Trabajadores y Estibadores (UATRE). Fue el sindicalista “favorito” de Mauricio Macri, quien incluso llegó a compartir con él un acto con liturgia peronista en el estadio de Ferro el último día del Trabajador.

Medio millón de pesos como fianza le devolvieron la libertad, cuando en 2011 fue detenido, acusado de asociación ilícita y comercialización, en la causa por la mafia de los medicamentos en las obras sociales, por la que también fue encarcelado Juan José Zanola, el ex jefe del gremio bancario. Otra de las denuncias, de agosto de 2012, lo imputaba por amenazas calificadas, en una demanda iniciada por la Asociación Argentina de Trabajadores Horticultores y Fluricultores.

Pero la más llamativa de todas las denuncias contra el poderoso sindicalista se conoció días atrás, cuando todavía no habían pasado ni tres meses de su muerte. Es que una de las hijas del ex jefe de la UATRE María Eva Venegas ventiló que su padre tenía testaferros que le impedían cobrar la jugosa herencia.

La denuncia penal fue realizada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien pidió investigar la sucesión del “Momo”. La presencia de dos supuestos testaferros – Carlos Arrieta y Ramón Ayala, segundo de Venegas en la UATRE – generaron sospechas. Por eso, Sánchez Kalbermatten quiere que se investigue si existió una asociación ilícita, lavado de activos, apropiación indebida de aportes de la seguridad social y enriquecimiento ilícito.

El letrado le anticipó que pedirá la intervención del sindicato. “Se habla de que el Momo tenía unos 300 millones de dólares”. Sánchez Kalbermatten cree que Venegas utilizaba la caja del sindicato como si fuera propia. “Los sindicatos mueven fortunas, eso no es nada nuevo”.

LUJOS Y MAFIA

Su detención significó un quiebre en aquellos sindicalistas salpicados por causas de corrupción. El mensaje era claro: nadie está exento de la prisión. Nadie puede negar que Omar “Caballo” Suárez, el sindicalista “favorito” de Cristina Kirchner, no había sumado méritos para impulsar una investigación en su contra: se lo acusa por los delitos de lavado de dinero, administración fraudulenta, extorsión y asociación ilícita.

La Justicia cree que el ex todopoderoso gremialista utilizó fondos del sindicato para negocios personales y engrosar sus arcas, argumentos que motivaron su desplazo del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la intervención de la ahora candidata a diputada por Cambiemos, Gladys González.

En la investigación interna realizada sobre el sindicato se determinó que Suárez creó un holding de empresas y utilizó fondos del SOMU para solventarlas. Las firmas en cuestión eran de su propiedad. Además, pesan sobre sus hombros una denuncia del empresario Máximo Padilla, quien dice haber sido extorsionados por “Caballo” a cambio de permitirle utilizar el puerto para transportar productos. El propio Padilla aportó a la Justicia una conversación con el sindicalista.

– Empresario: Lo que quiero que vos me entiendas es que…

– Omar Caballo Suárez: Yo te entiendo por más que vos quieras explicar. No se va a arreglar, dedicate a otra cosa.

– Empresario: Eh… pero no es tan fácil.

– Suárez: Entendés lo que te digo, ¿no? Cualquier cosa hacemos la denuncia adonde vos quieras…

– Empresario: ¿Y yo por qué te voy a hacer una denuncia?

– Suárez: Andá a denunciar que no podés mover tus barcos. Que no te dejo trabajar…

– Empresario: No es que no me dejes trabajar. Hay un conflicto a bordo y yo estoy tratando de solucionarlo…

– Suárez: Cuando vos pagues, yo levanto el conflicto.

– Empresario: Yo entiendo lo que vos querés decir de pagar, pero para pagar se necesita trabajar.

– Suárez: No, si yo trabajo la guita te la llevás vos y a la gente no le pagás.

– Empresario: No es cierto que me la llevo yo. Yo he pagado y lo puedo demostrar hasta el último centavo.

– Suárez: No demostrás nada. Tenés dos opciones. Mientras no pagués, no te vas a mover.

Tiempos después, Padilla amplió su denuncia y pidió el procesamiento de Suárez por asociación ilícita, defraudación, coacción y amenazas coactivas agravadas, así como también pidió que se investigue a los ex funcionarios de De Vido por cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Todo en el marco de la contratación irregular de empresas vinculadas a Suárez y el pago de sobreprecios en el transporte de combustible para aprovisionar a las empresas estatales de energía CAMMESA y ENARSA, un negocio millonario a la sombra del festival de subsidios durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El patrimonio de Suárez es también materia de discusión. El sindicalista cuenta con campos en Puerto Madryn con bajada al mar, el hotel Belinda en Corrientes, un yate, una cámara frigorífica en Isla Demarchi, diversas propiedades y autos de lujo. Sin embargo, no todo fue comprado con su propio bolsillo, sino que la Justicia entiende se adquirió con fondos del sindicato.

El SOMU tiene dos campos en Madryn, uno llamado “16 de agosto” y otro “El Progreso”. También hay un tercero, que se conecta con los otros y cuyo propietario es Patagonia Rural SRL, empresa que tiene como accionista al yerno de “Caballo”, Adolfo Vissani. Estos campos, pese a ser propiedad del SOMU, no figuran como oferta turística para los afiliados, sino que fueron utilizados pura y exclusivamente por Suárez y la cúpula dirigencial del gremio.

Amante del agua, Suárez tenía anclado en su hotel de Belinda (fue bautizado en honor a su madre) el yate matrícula M02727, valuado en unos 200.000 dólares. Lo curioso es que cuando lo compró lo rebautizó Papa Francisco. Cambiar el nombre de un barco trae mala suerte, dicen. Unos meses después fue capturado.

LA PATOTA

A mediados de la década del 60, José Pedraza ingresó a trabajar al ferrocarril Belgrano como obrero. A fines de los 70, participó de un paro general contra la dictadura. En 1985 fue elegido secretario general de la Unión Ferrovaria, cargo en el que permanecería varias décadas. Diez años después, en los 90, apoyó la privatización de los ferrocarriles. Años después llegarían las primeras denuncias: en 2006 lo procesaron y embargaron por el desvío de 34 millones de pesos de aportes de los afiliados entre 1993 y 1998.

Sin embargo, lo más grave llegó seis años después, cuando fue detenido en 2012 por el asesinato de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero que murió de un balazo el 20 de octubre de 2010, durante una manifestación de trabajadores tercerizados que exigían pasar a planta permanente en la línea Roca.

En 2013, el ex titular de la Unión Ferroviaria fue condenado a 15 años de cárcel por ser partícipe necesario del crimen de Ferreyra. La Justicia consideró que Pedraza, junto a otros imputados, fue el responsable intelectual del homicidio. Desde 2016, sin embargo, cumple la pena en su domicilio, luego de que la Justicia le concediera ese beneficio por su avanzada edad.

FACTURAS TRUCHAS

El autor de la famosa frase “hay que dejar de robar por dos años” es uno de los sindicalistas más reconocidas e influyentes del espectro gremial. Sin embargo, su frente judicial por estos días es complejo: Luis Barrionuevo está involucrado en una causa en la cual la AFIP investiga operaciones con facturas truchas por $1.000 millones.

La investigación del ente recaudador detectó un conjunto de empresas de apariencia real pero en verdad ficticia, vinculadas entre sí, con idénticos domicilios, personal y accionistas, cuyas facturas eran ofrecidas en el mercado para fines espurios.

Entre los usuarios de las facturas se encuentran firmas que explotan juegos de azar: Bingos del Oeste S.A., Bingos Platenses S.A., Interbas S.A. e Interjuego. A su vez figuraban las universidades de San Martín y de Tres de Febrero, como así también la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos que conduce Barrionuevo.

Las acusaciones de la AFIP fueron rechazadas de plano por el líder sindical, quien aseguró que  apuntan a desbaratar la estructura ilícita confeccionada por un grupo de personas con el objeto de generar facturas apócrifas, según explicaron desde el ente.

Las pruebas recabadas allí –por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado- aún se mantienen en análisis y se intenta determinar si existió defraudación y evasión de parte de los contribuyentes usuarios de los documentos, que utilizaron este servicio.

NEXOS CON LA DICTADURA

Tras el arresto de Juan Pablo Medina, Gerardo Martínez rápidamente se despegó de su detención con una solicitada en la que condenó la acción delictiva de «el Pata». El secretario nacional de la UOCRA sabe qué se trata tener acusaciones en su contra.

Años atrás, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC) denuncia a Martínez como presunto integrante del Batallón 601 de Inteligencia que cometió delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.

Los sindicalistas –que mantenían una fuerte interna con Martínez- realizaron la presentación ante el juez federal Sergio Torres y detallaron el nombre y número de DNI del sindicalista en una lista del Archivo Nacional de la Memoria que se entregó a la Justicia.

En rigor, en el escrito se solicitó que se investigue a Martínez por su presunta responsabilidad sobre las 105 desapariciones de integrantes del sindicato de obreros de la construcción durante la última dictadura militar. La presentación aportó datos sobre el momento que Martínez habría ingresado a la fuerza.

El coronel Roberto Gordillo –quien fue detenido en 2014- por su presunta participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Tucumán, se desempeñaba como jefe de interrogadores del Operativo Independencia, que lideraba Antonio Bussi.

Gordillo cumplió funciones en Tucumán entre mayo y agosto de 1976 en el Batallón de Ingenieros, destacamento en el que cumplió funciones con el actual jefe del Ejército, César Milani, quien actuó allí entre mayo y julio de ese año. Él mismo reclutó, según la presentación de los sindicalistas, a Martínez como servicio de inteligencia del Batallón 601. En el escrito se aportó, además, que desde 2012, Gordillo se desempeñaba en el edificio de la calle Riobamba donde la Uocra tiene una sede y en el que Martínez tenía una oficina.

Sin embargo, el juez federal Ariel Lijo dictó el sobreseimiento para Martínez y puso punto final a esta historia.

Fuente: bigbangnews.com