La Provincia busca cambiar la Policía Judicial
La revocatoria presentada a la Suprema Corte de Justicia por el Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, para que se anule los concursos para funcionarios de la Policía judicial pone principal énfasis en cuatro “irregularidades” por las que el proceso del concurso debería darse de baja y llevar adelante una nueva selección de funcionarios.
En definitiva, el texto elevado al tribunal máximo sostiene que “entre las irregularidades verificadas se destacan la falta de conformación del Observatorio Parlamentario del Cuerpo de Investigadores Judiciales (art. 45 de la ley 14.424)”. En su defensa, quienes esperan la resolución final explicaron que dicho punto corresponde a la Legislatura y no al proceso de concurso.
Los puntos dos y tres señalados por el titular del ministerio Público y Fiscal serían “la inexistencia de legajos de los concursantes (art. 27 del citado cuerpo normativo), la falta de dictado del acto de selección de autoridades (art. 33 de la mencionada ley)”.
Por último, el cuarto punto, que podría ser el que lleve a cabo el desenlace, es “la incompetencia de la Procuradora General para dictar la resolución PG Nº 860/16 de fecha 11 de noviembre de 2016, obrante a fs. 499/500VTA., Cuerpo III de las presentes actuaciones”. En definitiva, Falbo habría nombrado a los ganadores del concurso cuando debía elevar sus expedientes y ellos ser nombrados por la Suprema Corte.
En el mismo escrito del titular del ministerio Público Fiscal se hace hincapié en el cuarto punto, por el que “obliga al suscripto a analizar la legitimidad y regularidad de los actos dictados por la Procuración General, en particular, la citada Resolución PG Nº 860/16”.
Las críticas por las supuestas irregularidades no son el único punto de conflicto para el Procurador de la Provincia. Según pudo recolectar este medio, Julio Conte Grand planea realizar modificaciones a la normativa que se sancionó durante el mandato de Daniel Scioli y luego de los plenarios de Seguridad Democrática impulsados el extitular del Senado, Gabriel Mariotto.
En definitiva, la ley vigente sostiene que, para garantizar la democraticidad del cuerpo de investigadores, los cargos públicos deben ser puestos en discusión cada cuatro años. Es decir que los mandatos deben ser defendidos en concursos públicos, para evitar que los funcionarios se prolonguen al frente del organismo. Dicho punto en particular es uno de los ejes que el titular del ministerio Público y Fiscal apostaría a modificar y aspiraría a que los cargos sean de por vida y quienes designen durante su gestión se mantengan en el mando hasta el momento jubilarse.
Otro punto para estudiar por el Procurador sería la creación de un nuevo cuerpo de investigaciones que se mantenga en la órbita del ministerio Público Fiscal y trabaje junto con los defensores oficiales. Es decir, que el defensor pueda investigar y no deba realizar pedidos puntuales a los fiscales. Para ello buscaría dotarlos de recursos y que tengan cuerpos de investigadores que se desempeñen en sus casos.
En mayo de este año, el mismo Conte Grand manifestó que analizaba avanzar con modificaciones, aunque de índole tecnológica. “Necesitamos una Policía Judicial profesional, especializada y con alta tecnología”, señaló, y aseveró que actualmente posee limitaciones presupuestarias para dar los pasos hacia ese objetivo en particular.
Fuente: La Tecla