Reforma del régimen de empleo público: qué hay detrás la fachada de la capacitación
Hasta el momento, son por lo menos tres los borradores sobre los que trabaja un equipo de esa cartera dedicado especialmente al tema, junto con media docena de consultores que asesoran habitualmente al Gobierno en temas de Recursos Humanos.
Fuentes cercanas a Ibarra confirmaron la intención oficial de discutir un proyecto que encuadre dentro del SINEP a la mayor cantidad de trabajadores públicos y que, a la vez, estudie la situación de organismos descentralizados y sociedades del Estado, donde rigen convenios colectivos de las actividades principales de cada organismo.
En estos últimos casos, la intención es evaluar la pertinencia de que los trabajadores permanezcan en otro encuadramiento sectorial o, por el contrario, sean incorporados al convenio de los trabajadores estatales mediante modificaciones que se introduzcan en los agrupamientos profesionales.
Justamente, algunos de los cambios contenidos en los borradores apuntan a modificar y sumar nuevos tipos de actividades dentro del empleo público. A modo de ejemplo, el agrupamiento actual «Científico Técnico» podría pasar a contener incluso a investigadores de otros organismos científicos, hoy autónomos.
Otro de los cambios implicaría sumar un agrupamiento que comprendiera a quienes desempeñan tareas vinculadas a la informática y a las nuevas tecnologías -diseñadores, programadores- que el actual régimen no comprende.
En uno de los borradores, se prevé modificar las unidades remunerativas que fijan actualmente la tabla salarial para los diferentes grados y categorías del escalafón del SINEP, aunque no tiene más precisiones que una «necesaria actualización».
Sin embargo, una de las medidas centrales y que le va a exigir a Ibarra mayor cintura política es el cambio del mecanismo de selección y ascenso de nuevos empleados públicos.
Este punto en particular ya provoca roces entre Modernización y otros ministerios, que por lo bajo empiezan a quejarse por tener que justificar, ante la cartera que conduce Ibarra, la idoneidad de los funcionarios designados durante esta gestión.
Además, abrir la posibilidad de refrendar los cargos a través de concursos, sin consensuar cuáles serán los procedimientos de ascenso o de ratificación en los cargos, no va a hacer más que aumentar la tensión entre los directores y secretarios con el personal a su cargo. Sucede que muchos de los cuadros técnicos de segunda, tercera y cuarta líneas poseen una experiencia significativamente mayor a los funcionarios políticos macristas, por lo que quiénes y cómo sean designados en los futuros concursos dejará, inevitablemente, un saldo de heridos, ya sea entre quienes aspiran a ocupar los puestos por trayectoria y experiencia como entre la tropa de ministros y secretarios que deberán sacrificar a personas de su confianza en pos del relanzamiento de la carrera de la función pública.
Éste es el mar en el que deberá navegar Ibarra para mantener legitimidad dentro del Gabinete y hacer equilibro con los principales sindicatos de empleados públicos.
Hoy, el Sistema Nacional de Empleo Público, creado en 2008, afecta a algo menos de un tercio de los empleados públicos, ya que menos de 60.000 de los más de 220.000 agentes están dentro de un encuadramiento que les permite acceder a la carrera dentro de la función pública.
El resto de los trabajadores de Estado está contratado principalmente bajo el Artículo 9 -con condiciones muy similares a las de planta permanente pero con renovación anual de contratos-, a través de contratos de locación o de prestación de servicios y a través de convenios con universidades nacionales.
Es impensado que una reestructuración de estas características pueda hacerse sin el visto bueno de los gremios estatales que, según el entorno de Ibarra, ya están al tanto del proyecto. «Durante 2015, Ibarra recibió media docena de veces a los sindicatos, con los que conversó sobre todos los proyectos de nuestra cartera, por lo que es improbable que no se haya mencionado la idea de avanzar en este sentido. Otra cosa es que no quieran decir su opinión sobre una iniciativa que no se presentó formalmente», señalaron fuentes de Modernización.
En la Comisión Directiva de UPCN, reconocen insinuaciones oficiales sobre eventuales modificaciones en el régimen de empleo público, pero aseguran que los cambios «no son sustanciales».
«No hay un planteo para avanzar en una modificación sustancial del Convenio Colectivo de Trabajo; nunca se conversó sobre cambios de importancia como el que se hizo con la creación del SINEP para desplazar el Sinapa. Si hay propuestas de cambios, se deberán discutir en el marco de la discusión paritaria», expresó un dirigente estatal.
La puntualización del sindicalista es en referencia a la suplantación del Sistema Nacional de la Profesión Administración -nombre con que el menemisno designó al sistema de empleo público implementado en paralelo al desguace del Estados en 1991- por el SINEP, creado conjuntamente por los gremios estatales y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008.
AJUSTE. La posibilidad de modificar el régimen de empleo público está atada a un recorrido previo que se va a plasmar cuando concluya el Plan de Análisis de Dotaciones, del que LetraP dio cuenta a mediados del año pasado.
Ese programa aún en curso apunta a poner blanco sobre negro cuál es realmente la fuerza laboral con la que cuenta el Estado, cómo se distribuye y las necesidades de cada dependencia, aunque también incluyó entre sus objetivos la «identificación de empleados jubilables» y la posibilidad de ofrecer retiros voluntarios. Ya se terminó la auditoría en tres ministerios y más de cien direcciones o secretarías y las autoridades prevén tener un relevamiento de toda la administración pública.
En Modernización ponen paños fríos a la inminencia de un anuncio de reforma global -«no va a haber novedades antes de octubre», advierten-, conscientes de que un planteo unilateral los expondría a un escenario de conflictividad durante un año electoral.
Fuente: Letra P