Suspensiones y denuncias en las audiencias en el interior

Bahía Blanca

Un concejal de Bahía Blanca señaló este viernes que fue excluido como orador en la audiencia pública por la suba de las tarifas de gas, que se lleva a cabo en la Usina del Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata del edil por Compromiso Bahía, Matías Italiano, quien manifestó: «ingresé a la audiencia pero no estaba en el listado como orador».

«Pregunté el criterio de por qué me excluyeron y me dijeron que fueron seleccionados los 373 oradores. Es una decisión de arriba, una situación muy grave, me excluyeron y cercioraron el derecho a expresarme», expresó Italiano a Radio Altos de Bahía Blanca.

Neuquén

La audiencia virtual que se realizaba en Neuquén por el tratamiento del cuadro tarifario del gas fue suspendida este mediodía debido a los incidentes que se registraron entre trabajadores estatales y la policía, al querer ingresar los manifestantes al lugar habilitado por el Enargas.

El ingreso de personas fue permitido a quienes estaban acreditados previamente y a la prensa, para seguir las alternativas mediante videoconferencia de las exposiciones previstas para la jornada.

«Hoy estamos ante una farsa de audiencia pública donde se acota la participación y representación de los trabajadores y del pueblo en general, y nosotros no vamos a permitir que se legitime un incremento en la tarifa del más del 200%», afirmó el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo.

Córdoba

Militantes de izquierda, representantes de usuarios y de organizaciones sociales protestaron en la zona de ingreso de la audiencia, por la decisión que tomó el Enargas de reducir a 21 la lista de expositores, del total de 205 inscriptos en Córdoba.

El abogado Horacio Viqueira, uno de los letrados amparistas que logró medidas cautelares en contra del aumento de las tarifas del gas en Córdoba, presentó esta mañana un recurso de amparo y pedido de medida cautelar para que se «suspenda la audiencia» y se declare nulo el proceso, al sostener que se «cercenaron derechos constitucionales» por haber sido excluido del listado de expositores.

El dirigente del PST, Hernán Puddu, consideró que el Ministerio de Energía de la Nación y el Enargas «están realizando audiencias con procedimientos de censura y discriminación porque está censurando voces de manera arbitraria, unilateral e ilegal», al referirse a la reducción de la lista de expositores.

Mendoza

Un despliegue excesivo de seguridad se registró en el centro cívico de Mendoza en los alrededores del Centro de Congresos y Exposiciones, donde se llevó a cabo la Audiencia Pública por las tarifas de gas, con la Policía de Mendoza, apoyadas por la Policía Federal y agentes de Gendarmería, prohibiendo el transito vehícular por las arterias lindantes.

Además, se valló todo el predio, y se dispuso de uniformados del lado interno de dicho cercado, y solo se permitía el ingreso por un lugar opuesto a las entradas principales al mismo.

Puertas adentro del recinto, la convocatoria fue muy escasa, y en los alrededores apenas una pequeña columna de manifestantes pertenecientes a trabajadores de estaciones de servicio de GNC, que temen por sus fuentes de trabajo ante un elevado aumento del gas que se transmita a las tarifas de ese combustible y lo haga ante su alicaído consumo, cada vez menos atractivo.

Entre Ríos

Las instalaciones de la Sala Mayo, ubicada en la zona del puerto de la ciudad entrerriana de Paraná, tuvieron una escasa concurrencia, en el marco de la videoconferencia por la suba de las tarifas del gas. Manifestantes y periodistas denunciaron las extremas medidas de seguridad «inentendibles cuando se trataba de una videoconferencia».

«Quizás la palabra no sea custodiar sino impedir el paso, tanto de la prensa como de los vecinos, a través de la instalación de vallas, la primera instalada sobre calle Güemes y la otra en Liniers», denunciaron trabajadores de prensa de El Diario, medio local.
El defensor del Pueblo, Luis Garay, quien coincidió en la visión de «exceso» en los custodios, explicó que a sus colaboradores también habían le habían impedido el acceso.

La Pampa

Con críticas y apoyos se realiza en la audiencia pública por la suba de la tarifa de gas

La audiencia pública para debatir la suba de la tarifa del gas se desarrolló en el edificio de Vialidad Nacional ubicado en pleno centro de Santa Rosa, La Pampa, con poca presencia de público y algunas críticas por la modalidad impuesta para el acceso.

Uno de los más críticos fue el abogado Ricardo Víctor Cheli, referente de Frente Ciudadano, que cuestionó haber sido excluido para participar de la audiencia y responsabilizó directamente a Enargas, como también acusó al oficialismo de sacarlo del listado de oradores.

A su turno, el diputado provincial Facundo Sola manifestó su molestia porque no le permitieron ingresar a la audiencia pública, por lo que calificó esta situación como «un acto de censura. Un atropello institucional» y remarcó que «de ninguna manera convalido esta metodología. No quieren voces disidentes».

Salta

Varios sectores manifestaron sus quejas debido a que no fueron autorizados como oradores durante la audiencia, entre ellos los miembros del Partido Obrero, organizaciones intermedias y personas que se inscribieron de manera individual.

Incluso el gobierno de Salta, a través de las Secretarías de Defensa del Consumidor y de Servicios Públicos, no estaban incluidos en la lista de los ocho oradores salteños, y por estas horas realizan gestiones para tratar de acceder a la posibilidad de plasmar su presentación.

Ushuaia 

La audiencia pública por el aumento en la tarifa de gas se desarrolló en la ciudad de Ushuaia con 71 personas inscriptas para participar como oyentes, pero con sólo una decena de ellas presentes en el recinto, y en medio de cuestionamientos de dirigentes gremiales por las restricciones para el ingreso al lugar y por no figurar en el listado de oradores.

El encuentro se lleva a cabo en las instalaciones del Cine Packewaia, ubicado dentro del predio de la Base Naval Ushuaia, en medio de un operativo de seguridad integrado por fuerzas policiales y militares.

«Primero son increíbles las medidas para vedar el acceso de la comunidad a la audiencia. Yo tuve que pasar tres retenes policiales y ahora nos dicen que las cinco personas que estábamos inscriptas no podemos ser oradores», sostuvo la dirigente del gremio que integran los trabajadores de los organismos de control y miembro de la unión de gremios de Tierra del Fuego, Elisa Dietrich, en dialogo con Télam.

El Enargas también admitió otras deficiencias en la organización del evento, como por ejemplo que el domicilio del cine fue consignado erróneamente en las convocatorias oficiales, publicadas en el Boletín Oficial de la Nación como en los diarios de tirada provincial.