Buscan “transparentar” la obra pública
El estallido del caso de corrupción que vincula al ex secretario de Obras José López con empresarios privados en un sistema bien aceitado de retroalimentación apuró los plazos de algunos proyectos de ley y decisiones políticas del Gobierno. Es el caso de la Ley de Transparencia para la Obra Pública, una iniciativa en la que trabajan el Ejecutivo Nacional y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
Desde hace unos meses, en primera persona, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tomó la posta y se puso a negociar los términos del texto con los constructores, que hicieron aportes concretos y acordaron en casi el 95% de la redacción que había esbozado Cambiemos. El objetivo central es clarificar lo que hoy se cuestiona en todos los ámbitos: el modo de pago y el mecanismo asignación de las obras.
Los puntos principales de la ley fueron adelantados a Letra P por quienes trabajan en el texto. En primer lugar, los pliegos licitatorios serán gratuitos, para que no se limite la competencia y para que haya acceso a constructoras más pequeñas. Hasta el momento, los pliegos se pagaban por un porcentaje del valor total de la obra. Asimismo, se publicarán las licitaciones, los competidores, las ofertas y los resultados en una página web. Por último, se intentará profesionalizar el Registro de Constructores de Obra Pública, para que tenga un manejo y dictámenes más coherentes como organismo.
Actualmente, los técnicos vinculados a Frigerio analizan legislación comparada de varios países, algunos de los cuales cuentan con este tipo de leyes. Como en casi todas las cuestiones vinculadas a modelos de gestión, el macrismo señala nuevamente a Chile como uno de los faros en este punto en particular. Pero la raíz de la iniciativa no sólo es el apuro del Gobierno para salir del paso de un tema espinoso en el que también, a través terceros afines (el mejor amigo presidencial, Nicolás Caputo, y el primo de Macri, Angelo Calcaterra), está involucrado en la obra pública.
Para las empresas, la ley es clave, sobre todo luego del affaire Chediak. Hace unos meses, el presidente de la Camarco, Juan Chediak, aseguró en declaraciones periodísticas que el kirchnerismo había favorecido a competidores en licitaciones. En una reunión interna de la cámara le bajaron el copete. “¿Cómo vas a decir una cosa así, que además no es cierta?”, le espetaron sus colegas, a lo que Chediak se excusó: “Me abataté, me abataté”.
En parte, la situación es cierta. Si se escucha la entrevista completa se observa cierta presión del periodista con cuestionamientos muy inducidos, pero lo dicho, dicho está. Y, justamente, fueron esas declaraciones las que obligaron al titular de la entidad a declarar ante el fiscal Federico Delgado, que investiga el caso López. Luego del hecho, los flamantes asesores periodísticos de la Camarco dieron la palabra final. “Lo mejor es no hablar en los medios”, recomendaron. Es que Chediak se vio obligado a negar ante la Justicia lo que había dicho en los medios de comunicación.
Lógicamente, al Gobierno también lo apuran los tiempos. En la causa que se abrió en la Justicia por las declaraciones juradas de Macri, se investigan los préstamos a terceros, entre ellos el de Caputo, titular de dos constructoras (Caputo Construcciones y SES). “Nicky”, que trabajaba mayormente en el ámbito porteño, ha sido beneficiado con varios contratos de mejoras edilicias en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el mayor problema lo representa Iecsa, la firma del primo Ángelo, que sí contrató con el Estado nacional en volúmenes importantes. En este escenario, la idea del Gobierno es resetear el sistema heredado del kirchnerismo y, si en ese proceso alguien de los propios queda en el camino, será parte del cambio propuesto en campaña.
Fuente: LetraP