Senado mantiene impeachment a Dilma
El Senado recibió un oficio en el que Maranhao, del derechista Partido Progresista (PP), solicitó que fueran devueltos a la Cámara Baja los autos del proceso contra Rousseff.
El juicio político contra la mandataria fue aprobado por la Cámara Baja el 17 de abril con los votos de 367 diputados sobre un total de 513.
Maranhao anunció este lunes su decisión de anular esa votación y convocar a una nueva sesión por entender que «ocurrieron vicios» en el proceso, que fue conducido por el presidente ahora cesado de Diputados, Eduardo Cunha.
En opinión de Maranhao, quien junto con la anulación determinó una nueva votación del pedido de «impeachement» de Rousseff, los «vicios» anulan el «pleno derecho» de la sesión que hizo avanzar la acción contra Rousseff al Senado.
Entre otros, el legislador cuestionó varios aspectos formales de la votación en Diputados, como por ejemplo que los parlamentarios hubiesen anunciado la posición antes de la votación y que la defensa de Rousseff debería haber podido intervenir durante la votación.
No obstante, Calheiros consideró que no procede la decisión de Maranhao y mantuvo la votación en el plenario del Senado, prevista para el miércoles.
En esa instancia se necesitan un mínimo de 41 votos, sobre un total de 81 senadores, para que la Cámara Alta decida la apertura del juicio político contra la mandataria.
Si eso ocurre, Rousseff será separada del cargo por un plazo máximo de 180 días, durante los cuales asumirá su lugar el vicepresidente Michel Temer.
Según sondeos que realizan medios locales, ya hay al menos 50 senadores dispuestos a votar a favor del enjuiciamiento de Rousseff, el cual ya fue avalado por una comisión especial de la Cámara Alta, que la semana pasada apoyó la acción con 15 votos a favor y cinco en contra.
La decisión de Maranhao, cuyas consecuencias jurídicas todavía no están claras, fue adoptada en momentos en que el Senado se apresta para una votación que puede separar a Rousseff del poder durante al menos seis meses y se apoya en supuestas irregularidades observadas en el trámite seguido en la Cámara baja.
Maranhao, quien asumió la presidencia de la Cámara de Diputados la semana pasada, en lugar de Eduardo Cunha, quien fue suspendido del cargo por la Corte Suprema, aceptó una demanda presentada por la Abogacía General del Estado.
Ese organismo, que defiende a Rousseff en el proceso, denunció «vicios que declaran nula de pleno derecho» la sesión del pasado 17 de abril en la que 367 de los 513 diputados aceptaron las denuncias contra la mandataria y dieron lugar al trámite.
Maranhao, en una nota divulgada hoy, explicó que uno de esos vicios consistió en que los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados orientaron el voto de sus diputados, lo que no podría haber ocurrido en una decisión de esa naturaleza.
«No podrían los partidos políticos orientar una cuestión para que sus parlamentarios votaran de un modo u otro, toda vez que debían hacerlo de acuerdo a sus convicciones personales y libremente», explicó Maranhao.
El Gobierno y la propia Abogacía General del Estado han alegado que el proceso para la posible destitución de Rousseff comenzó por una supuesta «venganza» de Cunha, un declarado adversario de la mandataria implicado en las corruptelas en la estatal Petrobras. Por su supuesta responsabilidad en ese escándalo, la Corte Suprema suspendió la semana pasada el mandato de Cunha y su lugar fue asumido por Maranhao.
La decisión del presidente interino de la Cámara baja, la primera que adopta desde que reemplazó a Cunha el pasado viernes, ha dejado en el limbo la votación que debe celebrar el Senado esta semana para decidir si se abre un juicio con miras a la destitución de Rousseff.
Si el pleno del Senado, por mayoría simple entre sus 81 miembros, se inclinara por la apertura del proceso, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que pudiera durar el juicio y durante ese período sería reemplazada por el vicepresidente Michel Temer.
El vicepresidente, también enemistado con Rousseff, completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de que el Senado destituyera a la mandataria, lo cual dependerá de las consecuencias que pueda tener la decisión anunciada hoy por Maranhao.
Fuente: ámbito.com