Comenzó el Jury de Enjuiciamiento contra Néstor Luis Montezanti
El tribunal que debe juzgarlo políticamente está integrado por los jueces Miguel Caminos, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3; y Otmar Osvaldo Paulucci, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N° 1; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elías de Pérez (UCR); los diputados Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.
Las audiencias comenzaron temprano en la mañana, en el tercer piso del edificio ubicado sobre la calle Libertad al 700, donde se encuentra el Jurado de Enjuiciamiento, previa lectura de la acusación. Luego, durante toda la semana, se escucharán los 35 testigos citados por el jurado; será la antesala de los alegatos, para los que aún no hay fecha de inicio. Desde el tribunal, informaron que la sentencia recién se conocerá el año que viene debido a los tiempos y a la feria judicial.
Durante el juicio, el rol acusador lo tendrá el Consejo de la Magistratura y sus representantes serán el abogado Miguel Piedecasas y el diputado nacional Héctor Recalde. Por su parte, la defensa del suspendido magistrado estará en manos de Ignacio Irigaray, quien fuera abogado del fiscal José María Campagnoli durante el juicio político inconcluso que se llevó adelante en su contra.
La acusación contra Montezanti apunta a comprobar un “mal desempeño en sus funciones” por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”. Además, se le endilga “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.
Montezanti también está siendo investigado por la justicia federal por delitos de lesa humanidad y está señalado como ex integrante de la rama bahiense de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA). Uno de los casos que la Justicia tiene en sus manos es el asesinato, en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS), del dirigente estudiantil “Watu” Cileruello, ocurrido en abril de 1975.
Semanas pasadas, el juez que avanzó en esta causa, Alejo Ramos Padilla, anunció que el próximo 31 de diciembre dejará el cargo y explicó que su decisión se debió a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Subrogancias por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le “quita” legitimidad como funcionario.