La fiscalía de Nisman, una de las más fortalecidas en los últimos años
UFIAMIA fue creada en 2004 por orden del entonces presidente Néstor Kirchner luego del fracaso del juicio por la llamada “conexión local” del atentado terrorista contra la mutual judía.
Al frente de la Unidad se designó al Alberto Nisman y se lo dotó de importantes recursos tanto económicos como de infraestructura y personal.
Según declaraciones periodísticas del propio Nisman, la investigación era tomada como una “política de Estado” y a nivel político “el respaldo fue completo”, lo que puede observarse en algunas cifras claves de la UFIAMIA.
Un repaso por la asignación destinada por el Presupuesto Nacional para la unidad de Nisman da sustento a esta perspectiva: entre 2006 y 2015 el presupuesto de la fiscalía se multiplicó casi 8 veces, pasando de $ 4.115.846 a los $31.636.473 que se proyectaron para este año.
También desde la perspectiva de la asignación de personal destinado, la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA esta dependencia presenta una importante fortaleza respecto a otras del Ministerio Público Fiscal.
Nisman estaba al frente de un equipo de 46 integrantes, cinco de los cuales eran secretarios letrados, una jerarquía muy elevada dentro de la estructura judicial.
Este dato no es menor ya que, por ejemplo, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) cuenta con 20 integrantes y un solo secretario letrado.
Otro ejemplo es la unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, integrada por 15 empleados, o la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en la Ciudad de Buenos Aires que tiene 20 profesionales.
Cabe destacar que solamente la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) es comparable en su estructura a la UFIAMIA, ya que incorporó diversas áreas ya existentes en el Ministerio Público Fiscal como la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO); la Unidad Fiscal de Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UFILAVDINTER); y la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP).
Con todos estos datos a la vista, resulta al menos extraño que el mismo gobierno que ha fortalecido de tal manera la Unidad Fiscal que investiga el atentado a la mutual judía en 1994, al mismo tiempo organice un sofisticado plan de sabotaje de la causa y encubrimiento de los acusados encabezado ni más ni menos que por la propia Presidenta de la Nación.
Fuente: Télam