Juan Pablo Fernández: “Con el delito violento hay que ser inflexibles”

“Las estadísticas no muestran un aumento significativo del delito. Lo que si es cierto es que desde hace un tiempo estamos en una meseta alta, comentó Fernández en el programa “El Segundo Bondi, emitido por Radio Nacional.

El abogado remarcó: “En nuestro departamento judicial procesamos aproximadamente en el último año 23 mil denuncias por distintos delitos. Muchos contra la propiedad y otros que afectan a otros bienes jurídicos. Pero es una cantidad importante de delitos”, sentenció.

“Los dos delitos que más se cometen en nuestro departamento judicial son esos contra la propiedad, como los hurtos, en número mayor, pero también las lesiones leves. Por supuesto que cuando nos referimos a materia de seguridad,  a esto que alarma a la población, en su mayoría se refieren a delitos contra la propiedad y fundamentalmente los delitos violentos. Los robos violentos, los robos con armas, los robos en los cuales se golpean a las personas. Muchas veces a personas mayores de edad, desvalidas”, reconoció el letrado.

En este sentido, señaló que el sistema judicial debe ser inflexible cuando se producen hechos signados por la violencia, “Las directivas de la fiscalía general, que mando, es que con el delito violento hay que ser inflexibles. No consentir ningún mecanismo alternativo, que no sea el juicio, y solicitar la pena, indicó y agregó, “Porque la pena acá cumple un fin. Y si queremos prevenir la futura comisión de un delitos con violencia contra las personas, tenemos que ser inflexibles, llevar a juicio estos casos y pedir la sanción correspondiente, la que establece el código penal, que no es ni más ni menos que el cumplimiento de la ley”.

Entran por una puerta y salen por la otra

En relación a la sensación que tiene la comunidad de que muchos delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, para volver a delinquir, el jefe de fiscales destacó el éxito obtenido con la ley de flagrancia y explicó que: “En la mayoría de estos delitos, cuando la policía los aprehende en el momento de cometerlos o inmediatamente después de cometidos, se aplica el procedimiento de flagrancia, que está contemplado en el Código Procesal y desde hace tiempo venimos operando en esta materia. El proceso no tarda, por el contrario, es rápido. Dura 20 días prorrogable por otros 20. Y hemos tenido casos que en una semana o 10 días hemos fijado condena”.

“Lo que sí es cierto, reconoció, que en muchos de estos casos los delitos son no detenibles porque la pena en expectativa no supera un medio de tres años de prisión. La ley impone que en esos casos, esas personas sean puestas inmediatamente en libertad hasta que se concluya el trámite del proceso”, acentuó.

La ley parece hecha para beneficiar a los delincuentes

Es otra de las quejas que se escuchan permanentemente en los medios de comunicación. Para Fernández: “En parte es así. La tutela de la propiedad y de la protección de las personas está en el Código Penal, pero después están los mecanismos por los cuales se aplican esas leyes, que es el Código Procesal, que establece determinadas garantías a favor de las personas, y entre ellas es el principio de inocencia y la posibilidad de transitar el proceso penal, hasta tanto se determine su culpabilidad en libertad. Sobre todo cuando se trata de determinados delitos cuya pena en expectativa no supera un mínimo determinado”, subrayó.

El fiscal hizo una distinción entre lo que está tipificado como delito en el Código Penal y los atributos que ofrece el Código Procesal al momento de establecer una condena. De esta forma explicó que: “Por un lado el Código Penal que sanciona estas conductas con una pena, pero por otro lado hasta que esa pena se aplica, esa persona es reputada inocente y por lo tanto, tiene derecho, y así lo establece la ley procesal, “a transitar el proceso en libertad”.

Igualmente, consideró “también existen otras alternativas que le permiten a la persona evitar la sanción, como la suspensión del juicio a prueba, la mediación penal o la condena de ejecución condicional, donde se aplica una pena pero se suspende su ejecución a prueba de unas reglas de conducta que se le fijan”, declaró.

Los jueces

Con respecto a la consideración que tienen algunos magistrados para imponer penas más o menos severas, Fernández dijo que: “Para la aplicación de las penas y libertades, los jueces tienen que analizar los casos puntuales, porque dentro de las leyes existen interpretaciones. Y en algunos casos, están analizadas bajo un prisma ideológico determinado en función del cual, muchas veces, se toman decisiones considerando la pena como algo malo en sí mismo”.

“Acá es donde entramos en conflicto de interpretación”, exteriorizó, y continuó: “Si bien es cierto que la ley en muchos casos manda determinadas decisiones, en otros esas decisiones podrían ser discutibles. Y en función de determinados conceptos, más propios del que interpreta que de la ley, se toman determinadas decisiones que en algún sentido podrían llegar a ser discutibles”.

“Y esto también hay que decirlo”, enfatizó. “En líneas generales, reconoció, acá en Bahía Blanca tenemos una muy buena calidad en materia de magistrados, jueces y fiscales. Pero en algunos casos excepcionales algunas decisiones son discutibles. Por eso digo que siempre hay que analizar el caso, este argumento es cierto, sobre todo en delitos menores como hurto, resistencia a la autoridad, tentativa de robo”.

“En otros casos donde los hechos son más gravosos, tentativa de robo con armas, ahí es más discutible que esa persona deba recuperar la libertad rápidamente. En estos casos es donde tenemos algunas diferencias con algunos magistrados que interpretan el sistema penal de una forma determinada que no necesariamente tenemos por qué compartir porque la ley no dice eso”, se quejó.

Inversión en tecnología

Fernández hizo un análisis de la importancia de la incorporación de la tecnología para combatir el delito, pero igualmente lanzó una fuerte crítica por la falta de inversión que desde hace años está imposibilitando un mejor desarrollo de la investigación para alcanzar un estado óptimo en la materia.

Policía bonaerense, Guardia Urbana, Comando de Prevención Comunitaria, cámaras, y la próxima formación de la Policía Local, son herramientas que la sociedad tiene para la prevención del delito. El fiscal subrayó la importancia de algunas de ellas y el efecto obtenido.

“Con las cámaras de seguridad el resultado es contundente”, disparo y prosiguió: “Frente a un delito que se está consumando y se lo está grabando en un registro de video, queda prácticamente esclarecido el hecho. Se ve la mecánica, cómo ocurrió”, describió, y destacó la utilización de la tecnología en distintas partes del mundo, aunque lamentó que: “Acá no se ha invertido más en esta materia. Si bien es cierto que se ha mejorado mucho del punto de vista de la seguridad, del mantenimiento del orden en la vía pública a través de incorporar tecnología, como las cámaras, nos falta una importante inversión, sobre todo en el área de policía científica”, planteó.

Inmediatamente hizo una recorrida por los temas en los que, según entiende, hay que invertir de manera urgente en la ciudad: “En Bahía tenemos una morgue en una situación calamitosa”, aseguró. “Las heladeras no funcionan, las formas en las que se realizan las autopsias son absolutamente deficientes, incluso los ambientes donde se producen estas experticias respecto de un cadáver no tiene ni la ventilación ni los cuidados que debe tener, incluso con riesgo biológico para el profesional médico que es el que realiza las autopsias”, detalló el abogado.

Además, indicó que: “En Bahía tenemos una gran desinversión en esta materia que no es de ahora, lleva décadas así. Se invirtió mucho en lo que son registros audiovisuales, en el control por parte de la policía en la vía pública, pero necesitamos una fuerte inversión en esta materia, que tampoco es una inversión tan grande. Hay que montar un buen laboratorio en Bahía Blanca, con buenos profesionales, con aparatología, con rayos X, con un poco de tecnología. Y no estoy pidiendo una inversión millonaria como para comprar un comparador balístico, que sería muy útil, o un secuenciador de ADN que sería necesario. Pero no es ese el problema, porque de última, si se trata de hacer un análisis comparativo de ADN o de hacer un comparativo de un proyectil, lo podemos hacer en otro departamento judicial. Pero lo que no podemos estar haciendo en otro departamento judicial es una autopsia. Hay un estándar mínimo en materia de inversión que debe darse y en ese sentido Bahía Blanca está en un serio déficit”, concluyo.