¿Cuál es el conflicto entre las provincias petroleras y el Gobierno?

El jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Jorge Capitanich, ratificó este lunes frente a la resistencia de las provincias agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) la necesidad de avanzar en la sanción de la nueva Ley de Hidrocarburos.

«Entendemos que las propuestas del Poder Ejecutivo son absolutamente compatibles con la estrategia de autoabastecimiento estratégico y las consideraciones particulares de las provincias pueden ser sujeto de análisis», aseguró el ministro coordinador en su habitual contacto con los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Sin embargo el gobernador de la provincia de Chubut, presidente de la OFEPHI y uno de los principales detractores del proyecto de ley que impulsa el gobierno nacional, Martín Buzzi,advirtió este lunes que «siempre estamos abiertos al diálogo pero comenzaremos la semana número 12 (de conversaciones) desde que nos entregaron el primer borrador y hace 12 lunes que no se corren un centímetro y que cada vez que se quieren mover es en contra nuestro». En ese sentido, aseguró que no se está «decidiendo sólo sobre si van dos o tres puntos» de regalías para las provincias, sino sobre «quién decide» en torno de las áreas energéticas. «Y yo, no voy a dejar de decidir», afirmó.

El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos del gobierno  es resistido por las provincias productoras de gas y petróleo porque propone, entre otras cosas, que lasempresas paguen menos impuestos, sellos y regalías para crudos pesados y no convencionales que cobran en la actualidad los Estados provinciales en tanto titulares de esos recursos. De esta manera se busca incentivar las inversiones que permitan incrementar las exploraciones y la explotación de modo de bajar el peso sobre el erario público que significan las importaciones de energía y acercarse al autoabastecimiento energético.

El proyecto de ley del Ejecutivo nacional sugiere además extender el plazo de las concesiones que vencen en 2017 hasta 2062 sin que se vuelva a pagar a las provincias por esta prórroga y eliminar el carrier, el acarreo, que pagan las empresas petroleras a las provincias. También otorgaría beneficios de importación sin pagar aranceles y le dejaría solo a las empresas más grandes cierta disponibilidad de crudo para que exporten.

Según lo dispuesto por el gobierno nacional, en la Argentina el barril de crudo se paga 77 dólares cuando a nivel mundial roza los 100 dólares. El proyecto de ley apunta a bajar las regalías y el impuesto a los ingresos brutos que reciben las provincias de modo de garantizar a las empresas una utilidad extra de 2,30 dólares por regalías y 0,30 dólar por ingresos brutos de modo de mejorar sus ingresos por barril en 3 dólares sin necesidad de tocar el precio.

En su informe ante el Senado de la Nación la semana pasada, Capitanich advirtió que «el acuerdo que se busca entre Nación y las provincias es con el objeto de maximizar las inversiones y así incrementar las reservas de petróleo y gas». Pero aseguró que eso sólo será posible si se unifica la política tributaria, si se tiene en cuenta la cuestión ambiental y si existen reglas claras en relación a los plazos de concesiones y renovación.

«Lo que propone el gobierno nacional es claro: nadie se salva solo, o lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie» sentenció el ministro coordinador este lunes.

A su vez el jefe del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Angel Pichetto,aseguró días atrás en el marco de la controversia que el anteproyecto «buscará la mejor inversión para la Nación y las provincias preservando sus condición de propietarias de los recursos. Será un marco que preservará a las provincias como dueñas del gas y el petróleo. Licitarán y adjudicarán las explotaciones y lo tendrán que hacer al mejor inversor, que provea a la Argentina y a ellas la mejora capacidad de inversión y recursos para poder extraer hidrocarburos». Y advirtió que esta «será la discusión central en el Congreso en lo que resta del año».

Pichetto consideró además que la nueva ley traerá más transparencia al eliminar «las adjudicaciones en la oscuridad y en negociaciones directas con las empresas reemplazándolas por licitaciones públicas» y destacó que «es trascendente también quese establecerán pautas de inversión ineludibles. Las empresas tienen que invertir, eso es mucho más importante que otros beneficios. Si no invierten, no sacan gas ni petróleo, el país debe seguir importando y las provincias no cobran regalías ni tienen trabajo para sus ciudadanos».

Por su parte, el gobernador de Chubut advirtió este lunes que «es una posibilidad» que Neuquén abandone el directorio de YPF. «No es algo que se decidió ya, pero el gobernador (Jorge Sapag) lo está evaluando como una posibilidad», admitió.

Fuente: Minutouno

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *