La clase media bonaerense paga casi lo mismo de luz que la alta

El último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), sobre el comienzo de enero 2026 dejó en evidencia una de las paradojas más críticas del actual esquema tarifario de servicios públicos en el Gran Buenos Aires (GBA). Si bien oficialmente se mantiene la segmentación de tarifas según niveles de ingreso, en los hechos la brecha se desdibujó. Hoy, un hogar de ingresos medios paga prácticamente lo mismo por la luz que uno de ingresos altos, según cifras ajustadas por inflación.

El estudio, que analiza la evolución real de las tarifas de electricidad desde el inicio de la segmentación y hasta diciembre de 2025, se basa en consumos promedio de 350 kwh mensuales bajo la prestación de EDENOR o EDESUR. Allí se observa que las boletas de luz para los hogares de clase media (N3) alcanzaron los 50.697 pesos, apenas 592 pesos por debajo del monto que abonan los sectores de altos ingresos (N1), cuya tarifa llega a 51.289 pesos. En tanto, los hogares de bajos ingresos (N2) abonaron en diciembre pasado un promedio de 25.044 pesos.

Aumenta la luz y baja el consumo

Este panorama se da en un contexto de retracción del consumo residencial de energía eléctrica en el GBA. En noviembre de 2025, la demanda cayó un 5 por ciento en comparación con el mismo mes de 2023, y en el acumulado entre enero y noviembre la caída fue del 2 por ciento. Es decir, mientras las tarifas escalan, el consumo disminuye, reflejando el impacto directo del ajuste sobre los hábitos energéticos de la población.

Desde el IAG explican que “la actualización tarifaria de enero, con su alza del 2,5 por ciento, no es un hecho aislado, sino la consolidación de una asimetría distributiva que ha castigado desproporcionadamente a la clase media”. El diagnóstico pone el foco en una ruptura del principio de equidad: la progresividad del sistema se desdibuja cuando sectores con ingresos dispares terminan afrontando tarifas similares.

La “planicie tarifaria” resultante expone a una clase media que históricamente fue sostén del consumo interno y que hoy es forzada a redirigir una porción cada vez mayor de sus ingresos a pagar servicios básicos. Esta situación transforma a las familias trabajadoras en “pagadoras de servicios”, limitando su capacidad de dinamizar la economía a través del gasto en otros rubros como alimentación, salud, ocio o educación.

Los problemas detrás de los 592 de diferencia

El informe alerta sobre las consecuencias de esta virtual equiparación entre hogares medios y altos: “Cuando un hogar que gana apenas lo suficiente para no ser pobre paga técnicamente lo mismo que un hogar de ingresos altos, se rompe el contrato social de progresividad”, plantea el documento del IAG.

Este fenómeno no solo genera una sensación de injusticia fiscal en los sectores medios, que perciben que cargan con el ajuste mientras otros segmentos quedan relativamente indemnes, sino que también intensifica la presión sobre su calidad de vida. La brecha de ingresos se mantiene, pero los costos fijos se emparejan.

Otra de las consecuencias del aumento del 275,3 por ciento para la clase media es el fenómeno del “crowding-out”: cuando los ingresos se destinan prioritariamente al pago de servicios, se reduce el consumo en otras áreas. Es el efecto de la “mantra corta”: si se cubre una necesidad, otra queda descubierta.

En un escenario económico donde el 48 por ciento de los hogares, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), tuvo que salir a buscar nuevas fuentes de ingreso en los últimos dos años, esta lógica de supervivencia se vuelve insostenible en el mediano plazo.

Mirando a 2026: se viene una nueva reestructuración

El informe del IAG también advierte sobre los riesgos que implica el nuevo esquema de subsidios previsto para este año. El gobierno nacional confirmó que dejará de regir la segmentación por ingresos (N1, N2 y N3) y la reemplazará por un sistema binario que distingue solo entre usuarios con y sin subsidio.

Esta reestructuración plantea varios desafíos. Por un lado, limita severamente el acceso a la tarifa social, ya que se medirá sobre el ingreso total del grupo familiar y no por persona. Además, reduce los topes de consumo subsidiado, lo que implica que una familia que supere esos límites deberá pagar tarifa plena, incluso si recibe ayuda estatal.

En el caso del GBA, donde el consumo residencial promedio se acerca a los 350 kwh mensuales, muchas familias podrían verse expulsadas del rango subsidiado con apenas una heladera vieja o el uso de aire acondicionado en verano.

El nuevo sistema también anticipa un escenario de creciente morosidad, especialmente entre los hogares que ya sufrieron un alza del 113 por ciento y que podrían perder los subsidios restantes. El riesgo no es solo financiero: el acceso informal o ilegal a la electricidad, como método de supervivencia ante la imposibilidad de pagar, pone en peligro la calidad del servicio y la seguridad de las viviendas.

Este fenómeno, conocido como pobreza energética, se vuelve estructural en un contexto donde un servicio esencial como la electricidad se transforma en un bien de difícil acceso para una porción significativa de la población.

La clase media en una “trampa de ingresos”

Finalmente, el informe del IAG plantea que la clase media queda atrapada en una “trampa de ingresos”: demasiado “rica” en términos formales como para acceder a subsidios, pero demasiado “pobre” en la práctica como para sostener las tarifas sin resignar su bienestar. Es una nueva categoría de vulnerabilidad social, donde la caída no se produce por la pérdida del trabajo, sino por el peso de los costos fijos de una vida cada vez más cara.

Mientras se profundiza esta lógica, los datos muestran una tendencia clara: la desigualdad tarifaria no se corrige, sino que se profundiza. Y el GBA, como territorio más densamente poblado del país, se convierte en el laboratorio de este nuevo modelo de segmentación sin segmentación.