El jueves, el Decreto Delegado 1020/24 marcó el fin del Ente Nacional de Obras de Saneamiento (Enohsa), un organismo que durante años lideró proyectos clave para el acceso al agua potable y al saneamiento en Argentina.
La decisión, anunciada por el ministro de Economía Luis Caputo y respaldada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, ha desatado polémica. Mientras desde el Gobierno se celebra como una medida de “eficiencia”, voces críticas denuncian un retroceso en materia hídrica.
Desde su creación, Enohsa desempeñó un rol esencial en la expansión de servicios de agua potable y cloacas en todo el país. Según cifras oficiales, benefició a 2,5 millones de personas con acceso al agua potable y a 3,1 millones con cloacas, alcanzando al 85,8% y al 63,2% de la población, respectivamente. Estas obras mejoraron la calidad de vida de miles de familias y fomentaron el desarrollo económico.
Sin embargo, el organismo no inició nuevos proyectos este año y dejó paralizadas 654 obras que había heredado de la gestión anterior. Muchas de estas han sido transferidas a provincias y municipios, lo que genera incertidumbre sobre su culminación debido a los limitados presupuestos locales.
El desmantelamiento del Enohsa también implicó una drástica reducción de personal, pasando de 358 trabajadores a solo 133. Según Sturzenegger, los salarios representaban solo el 4% del presupuesto del organismo.
“La disolución del Enohsa es un nuevo ataque contra el Estado y sus funciones. Dejan a millones de argentinos sin acceso a derechos básicos como el agua potable”, expresó el exministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien lideró más de 1240 obras durante su gestión, en contraste con las 28 heredadas de Mauricio Macri en 2019.
Para Katopodis, la decisión no es solo un problema administrativo, sino una señal del modelo de país que propone la actual gestión: “Es un país para pocos, donde la salud y el bienestar de las mayorías no tienen lugar”. También alertó sobre las consecuencias a largo plazo en términos de salud pública y desarrollo social.
En paralelo, Caputo enfrentó críticas por su resolución para que las empresas de energía eliminen tasas municipales de sus facturas. Pese a las imputaciones a 95 distribuidoras por un total de 244 expedientes, muchos municipios consiguieron fallos judiciales a su favor, lo que obligó a reconsiderar algunos casos.
Desde el oficialismo se defendió la medida argumentando que la obra pública se había convertido en “un gran pasamanos donde el que reparte se queda con la mejor parte”. Para Caputo, la descentralización de las obras apunta a eliminar intermediarios y a optimizar recursos.
El ministro de economía explicó que “en la Subsecretaría de Servicios Hídricos había 184 obras, mientras que en el Enohsa había casi 1500”. Según él, centralizar los proyectos en ese organismo dificultaba la auditoría y fomentaba irregularidades: «Se creó para una o dos obras, pero luego lo expandieron como una caja política«, afirmó.
El comunicado oficial del Ministerio de Economía defendió la decisión argumentando que “permite consolidar una estructura única para la planificación y el control de las obras hídricas”, lo que buscaría mayor transparencia, coordinación y optimización de recursos