Intercargo, la empresa estatal encargada de la asistencia en tierra en 19 aeropuertos del país, se encuentra en el ojo de la tormenta debido a la reciente ola de despidos ejecutada por el Gobierno, que justificó la decisión tras una medida de fuerza que paralizó parte de la actividad aeronáutica.
La protesta, que involucró a los trabajadores en reclamo de mejoras salariales y en rechazo al intento de privatización de la empresa, desató una fuerte respuesta oficial.
¿Qué hace Intercargo?
Intercargo es la empresa estatal responsable de una amplia variedad de servicios en tierra en los aeropuertos del país. Su función principal es asegurar que el funcionamiento de los vuelos se dé de manera eficiente desde el momento en que el avión aterriza hasta que se vuelve a despegar. Entre las tareas esenciales que realiza la compañía se encuentran la asistencia en el embarque y desembarque de pasajeros, el manejo de equipaje, el remolque de aeronaves y los servicios de limpieza y deshielo, especialmente en temporada de invierno.
En total, la empresa opera en 19 aeropuertos, incluidos los de mayor tráfico, como los de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán. Con miles de empleados distribuidos en todo el país, Intercargo es un pilar en la conectividad aérea del país, tanto para pasajeros como para carga, y juega un papel central en la cadena logística del transporte aéreo internacional.
El conflicto con el Gobierno
El pasado miércoles, un grupo de trabajadores de Intercargo organizó un paro en respuesta a condiciones laborales que consideran insostenibles, con salarios atrasados y condiciones de trabajo que no cumplen con las expectativas mínimas en un contexto de alta inflación. La protesta también estuvo motivada por la preocupación de los empleados ante el posible proceso de privatización de la empresa, lo que genera incertidumbre sobre sus futuros laborales y las condiciones en las que deberán trabajar si la gestión pasa a manos privadas.
Esta medida de fuerza, que afectó varias operaciones de vuelos, motivó una reacción del Gobierno, que despidió a 15 empleados de la empresa. El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó los despidos señalando que la protesta había generado «graves perjuicios» a los pasajeros, a quienes acusó de haber sido «tomados como rehenes» por los piquetes que interrumpieron el acceso a los aeropuertos.
Además, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intervino públicamente en el conflicto, asegurando que Intercargo debería «dejar de existir» debido a los continuos conflictos laborales y acusó a los trabajadores de formar parte de «mafias» dentro de la empresa. La ministra también prometió garantizar que los aeropuertos continuaran operando con normalidad, utilizando un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad.
La respuesta de los trabajadores
Frente a estos ataques, los trabajadores de Intercargo insisten en que su protesta es completamente legítima. La falta de un aumento salarial acorde a la inflación y la constante amenaza de privatización son los motores de su malestar. Los sindicatos denuncian que, a pesar de su rol clave en el funcionamiento de los aeropuertos, los empleados de la empresa son sometidos a condiciones laborales precarias, con sueldos bajos que no fueron ajustados en los últimos meses.
El despido de los trabajadores no solo se ve como una represalia, sino como un ataque al derecho constitucional de huelga. Los empleados de Intercargo argumentan que la única manera de visibilizar sus reclamos y asegurar mejores condiciones laborales es a través de medidas de fuerza, que en este caso afectaron temporalmente la operativa en algunos aeropuertos del país.
Privatización: El temor latente
Otro aspecto que agrava el conflicto es la preocupación generalizada entre los trabajadores sobre la posibilidad de que Intercargo sea privatizada. Desde hace tiempo, se especula con la venta de la empresa a grupos privados como parte de una serie de reformas estructurales impulsadas por el Gobierno. Los empleados temen que esta privatización lleve a una precarización aún mayor de sus condiciones laborales, con recortes salariales y la posible pérdida de puestos de trabajo.
La privatización de empresas estratégicas como Intercargo podría, además, resultar en un aumento de las tarifas de los servicios prestados en los aeropuertos, afectando tanto a pasajeros como a empresas de transporte aéreo. Los sindicatos sostienen que el intento de privatización no solo responde a intereses económicos, sino a una visión de desregulación que no tiene en cuenta el bienestar de los trabajadores ni de los usuarios.