Las provincias de Río Negro y Neuquén reclamaron al Gobierno nacional el traspaso del 51 por ciento del paquete accionario de las empresas hidroeléctricas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en la zona del Comahue sobre las cuencas de los ríos Limay y Nuequén, y que Javier Milei quiere privatizar en un plazo de 180 días (que ya está corriendo) con la venta del 100 por ciento de los activos de las cuatro firmas.
Los estados patagónicos plantean que la reforma constitucional de 1994 estable que los recursos naturales pertenecen a las provincias y que esto pone fin a las concesiones de las represas otorgadas en 1993, que ya están vencidas. Si la Casa Rosada no responde, los gobernadores de ambas provincias impulsarían un proyecto de ley, que tendría un amplio aval en el Congreso, en busca de sostener el control mayoritario de las empresas sobre su recurso hídrico común y frenaría el proceso privatizador. Las cuatro represas patagónicas (construidas con los recursos del Estado nacional) aportan una tercera parte del 35 por ciento que representa la producción de energía eléctrica que generan más de 70 hidroeléctricas de distintos tamaños de todo el sistema interconectado del país.
El planteo ante el gobierno nacional fue formalizado el viernes pasado por la senadora nacional rionegrina Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro y alineada con el gobernador Alberto Weretilneck y cuyo reclamo también representa la postura del mandatario neuquino Rolando Figueroa. Allí propone modificar el artículo primero del decreto 718 del 9 de agosto de 2024 firmado por Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que establece la privatización del total del paquete accionario de las cuatro represas “dentro de 180 días corridos” de su entrada en vigencia.
Silva propone que Nación solo pueda disponer de venta del 49 por ciento del capital accionario de las cuatro hidroeléctricas, a través –como dispone el decreto presidencial—“de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en coordinación con la Secretaría de Energía, ambas dependientes del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional”. Mientras que “el 51 por ciento restante del capital accionario será traspasado a las Provincias de Río Negro y Neuquén conforme la ley que lo autorice”.
“Weretilneck tiene una relación muy estrecha con el gobernador de Neuquén (Figueroa) y lo que hemos conversado es que lo que hay que hacer, a nuestro criterio, es una mesa de negociación conformada con las dos provincias y a la Nación. La Nación en su momento, hace más de 30 años hizo la inversión que devino en las represas pero los recursos naturales con los que se produce la energía eléctrica son recursos de nuestros territorios”, sostuvo la senadora Silva.
Las provincias sostienen su reclamo en el derecho a la propiedad de los recursos naturales que estableció la reforma Constitucional del ’94. “Muchos de los puntos de la convención del ’94 fueron negociados minuciosamente por los dos grandes partidos políticos, la UCR y el PJ, pero hubo otros que no se negociaron y dejaron en libertad a los convencionales para que los trabajaran. Uno de ellos fue el relacionado con el ambiente y los recursos y se estableció que los recursos naturales son propiedad de las provincias”, argumentó la senadora rionegrina ante este diario y agregó: “Lo que pasa es que cuando las represas se dieron en concesión fue en 1993”. “Es la primera vez que esto va a ocurrir”, sentenció.
Concesionarios vencidos
Hoy las cuatro represas patagónicas que suman una capacidad instalada de generación eléctrica superior a los 4.000 MW están en manos de concesionarios privados –tras distintos pases de manos desde el ’93— y cuyas concesiones están vencidas.
Tres de ellas están sobre la cuenca del Río Limay. Alicurá (aporta el 11 por ciento de la energía hidroeléctrica del país) es operada por la empresa estadunidense AES, cuya concesión venció en 2022. La empresa italiana Enel opera El Chocón –que incluye el regulador Arroyito— (15 por ciento) y su concesión también expiró en 2022. Piedra del Águila (18 por ciento) es operada por la compañía argentina Central Puerto, con la concesión vencida en 2023.
La cuarta, Cerros Colorados, ubicada sobre el Río Neuquén antes de su confluencia con el Limay, está en las manos de la empresa argentina Aconcagua, que opera en la generación de energía (500 MW) y en la regulación hídrica de toda la región agrícola, cuya concesión venció en 2021.
Disputa
Todas ellas están bajo la órbita de las compañías estatales Enarsa (Energía Argentina NA) y NASA (Nucleoelétrica Argentina SA), que son parte del paquete de las empresas a privatizar incluidas en la Ley Bases del Gobierno libertario y aprobada por el Congreso. Una ley que, aún con diferencias, respaldaron los legisladores que responden a los gobernadores de Río Negro y Neuquén.
— La Ley Bases incluyó la privatización de Enarsa ¿no tuvieron en cuenta que esto incluía a las represas? —preguntó PáginaI12 a la senadora.
–En ese momento sí nos dimos cuenta de eso y hablamos sobre el tema. Hubo conversaciones y negociaciones que llegaron a un punto. Ahora es el momento de avanzar un poco más. Dentro de un contexto existente, donde no pareciera que el Gobierno Nacional es muy negociador, muy sui géneris con lo que se propone y el federalismo no le produce ninguna emoción ni pareciera que tuviera muchos rasgos federales— respondió Silva.
— Si no hay respuesta del Gobierno ¿se podría transformar en un proyecto de ley?
— Si, si. La verdad es que hay diferencias en cómo vemos algunas cuestiones pero somos varios legisladores los que estamos interesados en que si no hay respuesta esto se convierta en un proyecto de ley. Creo que en esto no habrá distinción de fuerzas políticas, por ahí de fundamentos: un partido provincial como el que yo represento pone el acento en el federalismo y los grandes partidos nacionales lo pondrán en otros temas, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que las dos provincias deben tener participación en el destino de estas cuatro represas.
— El planteo es que las provincias mantengan el control mayoritario del paquete accionario. ¿Cuál es la intención: privatizar o mantenerlo bajo el control de los estados provinciales?
— Hay mucho de lo que se puede hacer y analizar. Lo que las provincias quieren es tener injerencia en la disposición que se haga en el uso de estos recursos. Sabemos que la energía es hoy un tema candente en el mundo y su producción a través del uso del agua, el gas o el viento.
— ¿La idea sería no privatizarlas?
— La idea es que den posibilidades de conversar. Pero las dos provincias en general no tienen propuestas privatizadoras. Por el contrario, como provincias patagónicas, el Estado tiene alta injerencia y los patagónicos creemos mucho en la presencia del Estado porque lo vemos cotidianamente, está en todas nuestras actividades, entonces sabemos lo que significa.