El paro del transporte del próximo miércoles 30 gana en volumen. A la adhesión ya conocida del sindicato de estatales ATE, se sumaron ahora los Metrodelegados, los docentes y no docentes de universidades nacionales, los trabajadores de Afip y de Aduanas y la UTEP, que ese día realizará acciones callejeras.
La gran duda está en la actitud que adoptará la Unión Tranviaria Automotor (UTA), sindicato que agrupa a los choferes de colectivos de corta, media y larga distancia, y que en los últimos días recibió fuertes presiones desde el gobierno para que no adhiera a la medida de fuerza.
Si bien el viernes un portal de noticias especializado anunció que la UTA decidió no plegarse, ayer circulaban versiones de que no había aun una resolución definitiva y que todo dependerá del resultado de la audiencia paritaria que el gremio mantendrá mañana con las cámaras empresarias y la Secretaría de Trabajo.
Tiempo intentó comunicarse con Roberto Fernández, titular de la UTA, pero no obtuvo una respuesta.
En la Mesa Nacional de Transporte, el nombre que adoptó la unidad de acción entre la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (Ugatt), hay otra duda vinculada con lo que finalmente resolverá la Unión Ferroviaria (UF), que dirige Sergio Sassia.
Los convocantes al paro escucharon con cierto estupor las declaraciones de Sassia a Radio El Destape cuando especuló con que “puede llegar a ser auspiciosa” la privatización de la línea Belgrano Cargas y relativizó la posibilidad de despidos masivos: “No nos consta”, señaló.
Todo es dinámico
El gobierno juega sus fichas a que el paro del transporte fracase de dos maneras: de un lado, al lograr que el transporte de pasajeros por colectivos funcione. Según las cámaras empresarias, la Secretaría de Transporte les anunció un nuevo aporte mensual de poco más de $ 18.000 millones con el que podrán solventar el aumento salarial que reclama la UTA. De esa forma, el sindicato tendría la excusa para no participar de la medida del 30. Del otro, al no convocar a conciliación obligatoria y esperar que su posición de confrontación -ampliamente difundida por medios de comunicación y redes sociales- gane puntos en una población agobiada y confundida respecto de a quién culpar por sus males.
Desde la Mesa Nacional del Transporte observan que a la actitud del gobierno se le suma el problema de que la CGT no acompaña en forma unánime la medida. Existen divergencias en la conducción de la CGT, cada vez más evidentes, entre un sector que busca convivir con el gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza y otro que advierte que los ataques oficiales terminarán con el sindicalismo tal como se lo conoce ahora.
Las razones del paro del 30 exceden largamente los temas circunscriptos a la vida de los trabajadores activos del transporte y engloban la baja de las jubilaciones, la reducción del presupuesto universitario y el aumento de la pobreza, asuntos que deberían estar en la mira de la propia CGT.
Pero nada es estático. La decisión del gobierno de despedir a más de 3500 trabajadores de la AFIP, anunciada a principios de la semana, provocó movimientos dentro de la CGT. Desde la Secretaría de Trabajo responsabilizaron a la central obrera por el levantamiento de dos reuniones previstas para estos días, una de carácter técnico y otra más institucional, y que “hacen al diálogo” con el gobierno y el sector empresario.
Y el Frente de Gremios Estatales salió de su sopor para mostrarse en “estado de alerta y movilización” y amenazar con una medida de fuerza ante una política que «agrede sistemáticamente la existencia del Estado». Esto después del despido de 20.000 estatales nacionales y el cierre o vaciamiento de decenas de dependencias.
Por: Miguel Carrasco