Con el propósito de sumar voluntades al bloque que en el Congreso finalmente ratificó el veto a la ley de financiamiento universitario, el gobierno nacional trató de exhibir algunas mejoras salariales que supuestamente servirían para paliar la situación de los docentes y no docentes universitarios.
Para lograr el tercio necesario para blindar el veto, fueron clave los votos de cuatro diputados radicales y los de los legisladores peronistas que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo de Tucumán y Raúl Jalil de Catamarca. También aportaron lo suyo los legisladores que responden al gobernador de Santa Cruz, el petrolero Claudio Vidal.
Así el ejecutivo anunció que, a pesar del rechazo de los gremios, en octubre otorgaría un incremento adicional del 5,8% al 1% que ya había pautado con anterioridad y que tampoco había logrado el beneplácito de los gremios. Pero además, a través del ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación, dio a conocer un comunicado en el cual “informa que se procederá a la actualización de la garantía salarial docente del sistema universitario con retroactividad a abril 2024”.
De esa manera, dicen “asegurar un salario de bolsillo mínimo para cada cargo docente”. El comunicado ratificó que ”si un docente tiene dos cargos, percibirá el salario mínimo por cada uno de ellos”.
La comunicación se produjo horas después de que el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y el asesor presidencial Santiago Caputo se reunieran con el presidente del PRO Mauricio Macri que garantizó el apoyo casi granítico de su fuerza política. El ex presidente necesitó exhibir alguna prenda de negociación. Poco le importó, claro, que ésta hubiera resultado abstracta en los hechos.
Es que, según denunciaron los dirigentes de las distintas federaciones, la supuesta mejora de la garantía salarial ya había sido publicada en Boletín Oficial hace ya casi dos meses sin que se hubiera cumplido y plasmado en los recibos de haberes. Es que efectivamente la resolución 689/24 del ministerio de Capital Humano vio la luz el día 22 de agosto y establece una mejora de la garantía salarial docentes en general que impacta en los haberes de los cargos más bajos de la docencia universitaria. Sin embargo, y a pesar de que la misma estableció una retroactividad para el mes de abril, nunca se verificó en la liquidación de los sueldos de los trabajadores.
Por su lado, el secretario general de la CONADU, Carlos De Feo, en diálogo con Tiempo Argentino señaló que “hace como dos meses que lo habían publicado como resolución de capital humano pero nunca se pagó. Ahora decidieron, mientras bucan votos debajo de la tierra para sostener el veto, decidieron ponerla en funcionamiento. Igual la garantía salarial son $410 para el semi exclusivo y $820 mil para el exclusivo., Sigue debajo de la línea de pobreza. No cambia mucho, son dos mangos que suman $10 mil o $15 mil más según la antigüedad”.
Si hubiera sido ese gesto oficial el que permitió capturar los votos necesarios para respaldar el veto presidencial, hay que decirlo, los diputados colaboracionistas cayeron en otra gran mentira del gobierno nacional que se suma, por ejemplo, a la del subsecretario de políticas universitarias Alejandro Álvarez que, habiendo declarado públicamente su pedido de licencia para sus cargos de docente del CBC, finalmente y por pedido del legislador del FIT-PO, sigue percibiendo sus magros haberes como docente universitario por encima de los de su cargo como funcionario.