No hay semana en la que un móvil de TV no muestre a un jubilado o jubilada que lamenta no poder seguir comprando sus remedios. Los testimonios llegan también desde las farmacias: la gente pregunta precios y elige lo que puede pagar, no lleva todos los medicamentos que necesita. Son sólo algunas de las postales del impacto que tuvieron en el primer semestre del gobierno de Javier Milei las medidas que inciden sobre el sistema sanitario. Menos remedios, menos tratamientos y más angustia.
“Salud en agonía” se titula el informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que releva esas medidas y sus efectos, generando “un escenario crítico en materia de salud, que puede compararse al de los años 2001 y 2002”, en plena crisis social.
Desde la desregulación de las cuotas de las prepagas hasta la no cobertura de medicamentos del PAMI, un combo de medidas que en la primera mitad de este 2004 condujo a abandonos de tratamientos y, en algunos casos, a muertes.
Los problemas para sostener una cobertura, la dificultad para el acceso a medicamentos y el estrés que genera la incertidumbre sobre cómo se continuará con los cuidados ante una enfermedad que sigue se resumen en uno de los testimonios citados por el CELS, a partir de entrevistas a quienes acudieron a su clínica jurídica: “Vuelvo a preocuparme porque me quedo sin tratamiento y me puedo morir pasado mañana. Además, el Ministerio está abandonando a todo el mundo. Me parece todo muy grave, muy peligroso. Y de pronto tengo miedos que no tuve ni siquiera en el año 1992, ¿me entendés? Es una preocupación que no tuve ni siquiera cuando no existían los tratamientos para VIH”.
Lo que la Dadse dejó a la deriva en el área de salud
Días atrás se supo que el hasta esta semana ministro de Salud de Milei, Mario Russo no se había presentado a la audiencia convocada por la Justicia para dar explicaciones por el funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). La interrupción en la entrega de medicamentos para pacientes vulnerables con enfermedades crónicas y graves, muchas de ellas oncológicas, fue una de las situaciones señaladas por el CELS para dar cuenta de una “salud en agonía”.
Fue el parate de esa dependencia –primero manejada por Sandra Pettovello, de Capital Humano, y luego por Salud- la que generó que pacientes con cáncer y enfermedades crónicas vieran interrumpidos sus tratamientos desde diciembre y durante los primeros meses de este año. El informe registra al menos seis fallecimientos por esa situación.
El documento cita otro estudio, de Soberanía Sanitaria, que advierte que algunas provincias no cuentan con un Banco de Drogas propio que les garantice la cobertura de medicamentos de alto precio, por lo que dependen por completo de la DADSE. “En el caso de la Provincia de Buenos Aires hay 40 medicamentos que se encuentran fuera del vademecum provincial para 35 diferentes tipos de cáncer que antes eran derivados a la DADSE, lo que genera que aproximadamente 1.463 personas con cáncer residentes en esa provincia estén actualmente con dificultades en el acceso a sus tratamientos”, alertaron.
La eliminación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), que implicó la pérdida de la elaboración nacional de medicamentos (muchos de ellos no rentables para el mercado), también es señalada entre las medidas de mayor impacto sobre el sistema sanitario: “Ante emergencias sanitarias, sin la ANLAP el país queda desprotegido, pues ya no hay organismo que coordine y produzca insumos médicos esenciales”.
No alcanza para los remedios
Según el INDEC, en el primer trimestre de 2024 la industria farmacéutica facturó 1.381.990 millones de pesos: un incremento de 361% en relación con el mismo trimestre de 2023 y muy por encima de la inflación, que para el primer trimestre fue de 51,6% y acumuló un 287,9% interanual.
El alza en la facturación de la industria se dio en paralelo con una baja en los medicamentos vendidos en farmacia con receta: en el primer trimestre cayeron en un 8,5% interanual. Según datos del Centro de Profesionales Farmacéuticos (CEPROFAR), al comparar enero de 2024 con enero de 2023 la caída de las ventas de medicamentos recetados fue del 16 %. En números reales: unas 6.874.000 unidades menos vendidas. En tanto, según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en el primer cuatrimestre de 2024 se vendieron 221 millones de unidades aproximadamente, cerca de 22,8 millones de unidades menos que en igual período de 2023.
La disposición 3.228 de abril de este año agravó el panorama al disponer la revisión de la condición de venta libre sobre 22 medicamentos. “Ampliar el listado de medicamentos de venta libre permite un consumo sin intervención de actores claves en los procesos de cuidado de la salud, existiendo riesgos sobre un uso inadecuado o excesivo”, advierte el informe.
A esto se suma la resolución emitida en agosto que modificó las condiciones para que las personas afiliadas a PAMI puedan acceder a la cobertura del 100% en medicamentos. Al poco tiempo se anunció la restricción en el acceso a remedios para los beneficiarios del PAMI: 44 medicamentos (entre ellos, antibióticos, antivirales, corticoides, antidepresivos y otros clave para el tratamiento contra el dolor como la morfina) pasarán a tener una cobertura entre el 40 y 80%. Se agregan a una lista de 11 remedios recortados en junio para la cobertura total.
“De esta manera, la canasta pasó de tener 3.000 medicamentos a 2.000, un tercio menos. Según el Centro de Economía Política (CEPA), entre noviembre de 2023 y julio de 2024 los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente remarcaron sus precios en un 188%, superando la inflación de 164,6% de ese período”.
El descontrol de las prepagas
Desde que asumió Milei, una de las primeras medidas que generó fuerte conmoción por su impacto inmediato fue la desregulación de los precios de la medicina prepaga. “Solamente en los tres primeros meses de 2024 las cuotas de prepagas subieron en un promedio de al menos 118%1, más del doble de la inflación acumulada de ese periodo (51,6%)”, reseña el CELS.
Las prepagas sin control subieron a tal punto que el propio Gobierno anti-intervención tuvo que intervenir y a principios de mayo ordenó que, para los siguientes cinco meses, los precios de los planes podrían incrementarse como máximo en la misma proporción que el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ese mes se cumple el plazo dado por el Ejecutivo. Cómo seguirá el tema está por verse.
En el camino, de los 2 millones de afiliados voluntarios a prepagas, aproximadamente un 10% de titulares dieron de baja su cobertura, lo que en números reales representa a cerca de 200.000 titulares.
Además, “los aumentos en las prepagas incrementaron el pasaje de afiliados hacia el sistema de obras sociales y al sistema público de salud. Esto ocurre mientras que el sector público ya no tiene capacidad para atender más población de la que está atendiendo y que representa un 33% de la población”.
El empeoramiento de la salud de la población se refleja también en un informe de junio de Unicef, citado por el CELS. Muestra que en el país un 23% de los hogares dejaron de comprar medicamentos, un 32% redujo los controles médicos y odontológicos, el 9% de los hogares debió dar de baja la prepaga o cambiar a los niños y niñas de escuela por no poder pagar la cuota. En el 52% de los hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero. Un porcentaje casi idéntico al de la pobreza que se confirmó en las últimas horas.