El proyecto de Presupuesto 2025, así como el discurso que brindó el presidente Javier Milei, está en total sintonía con la continuidad del ajuste “más grande de la historia universal”.
En su alocución en el recinto de la Cámara de Diputados, Milei sostuvo que “el déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar”. Está claro: ahorrar para pagar los intereses de la deuda.
Cabe subrayar que el Presupuesto no es una herramienta estática. Los ingresos y los gastos no deben pensarse por separado. Por caso, la obra pública genera empleo y ello incrementa la recaudación.
Sobre el rol del Estado, el Presidente fue muy claro: “Por eso es hora de volver a las bases y barajar y dar de nuevo algunas definiciones. Lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Punto. Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales”.
En este marco sobresale el doble discurso presidencial, ya que en algunos casos sí pareciera estar justificada la intervención estatal para prioridades como la salud, la educación, la ciencia y la tecnología, o la seguridad social. Sólo que ahora serían responsabilidades de las provincias, a las que por cierto se les pide un ajuste enorme, más allá del que ya sufrieron obligatoriamente a partir de los recortes realizados durante este año por el Gobierno nacional. En particular, producto de la reducción significativa de las transferencias y de la licuación por inflación de los recursos coparticipables. Se barajan a su vez números sin ningún sustento: un ajuste de 60.000 millones de dólares a las provincias, comunicado por el Presidente, luego rebajado a 20.000 millones de dólares por sus funcionarios.
Se propone un esquema en que si los ingresos son mayores a los estimados, el gasto discrecional “se mantendrá congelado”. Y si la economía “no crece y los ingresos son menores a los estimados” se reducirían todo tipo de gastos, hasta que se alcance el déficit cero. “Por lo tanto, esta vez será el sector público y no el privado el que absorberá los efectos de las perturbaciones que sufra la economía”. No está de más pensar en las implicancias de una regla como ésta, de ocurrir un evento inesperado como una pandemia, para dar un ejemplo extremo.
El equilibrio fiscal no se abandona, pase lo que pase, una lógica que no se aplica en prácticamente ninguna parte del mundo.
Por lo demás, ¿acaso la reducción de los gastos no afecta principalmente al sector privado, sea por menos obras, menor prestación de servicios, menores transferencias a las provincias (que también impactan en el sector privado)?
En cuanto a los números macroeconómicos, el proyecto de Presupuesto parte de los agudos recortes de este año y se mantienen los niveles para 2025, tanto en materia de ingresos como de gastos.
Para 2024 se prevé finalizar con una inflación del 104,4 por ciento, lo cual significa que en los 4 meses que restan debería haber una inflación promedio del 1,2 por ciento en cada uno de los meses. Para 2025 la inflación prevista es del 18,3 por ciento, un promedio mensual del 1,4 por ciento, relativamente baja teniendo en cuenta que a la vez se espera un aumento del PBI del 5 por ciento. Sucede que el mecanismo de la puja distributiva como generador de la inflación sigue existiendo: si comienza a mejorar el consumo privado, los grandes grupos económicos aumentarán sus precios, para incrementar sus ganancias.
Cabe preguntar también, ¿cómo se lograrán esos niveles de inflación si se va a continuar con la reducción de los subsidios a las empresas de servicios públicos, que necesariamente generará más aumentos de tarifas?
Por su parte, en 2024 se prevé que, ante una caída del PIB real del 3,8 por ciento, el consumo privado caiga casi el doble (6,3 por ciento). Y en los 3 años venideros, el consumo privado crecerá menos que el PBI, lo que indica que el mercado interno no es ni va a ser prioritario para la actual gestión, al igual que ocurre con partidas sensibles del gasto, como la salud o la educación. Los argentinos y las argentinas, cada vez más expuestos a la “destrucción” del Estado, no sólo por vía de la mayor desregulación que se está planeando, sino también porque este Presupuesto ratifica el “ajuste infinito” que genera este modelo.