Si bien el gobierno de Javier Milei celebró esta semana la desaceleración de la inflación, agosto será otro mes con aumentos en Argentina. En junio, el Ministerio de Economía estableció aumentos del precio de la energía del 400% al 1800% para todos los usuarios. Esa es la causa de las facturas tan abultadas que están llegando estos días a todas las familias.
Hace años que está instalada la idea de que en la Argentina se paga muy poco por los servicios, pero, ¿cuál es el costo real de la electricidad? ¿Qué esconden los aumentos de tarifas que quiere llevar adelante el gobierno? Cuando fija un precio, ¿el Estado tiene capacidad de controlar o acepta ciegamente? ¿A quién beneficia? ¿Quiénes son los verdaderos verdugos?
“La tarifa justa es la que podemos pagar los argentinos y no la que sostiene las ganancias extraordinarias de un grupo de empresarios que son siempre los mismos”, advirtió en diálogo con Tiempo Agustina Sánchez Beck, directora de Energía y Minería del OCIPEx. Y es que entre 2016 y 2019, gobierno de Mauricio Macri, se firmaron contratos de generación de energía en dólares con alta rentabilidad. En este punto, Sánchez Beck sostuvo que esos contratos que son “sucios” son la causa de los tarifazos. “Algunos son con empresas argentinas como Central Puerto de la familia Caputo, la otra es Pampa Energía de Marcelo Midlin. Grandes empresas del sector energético. Pero también se crearon estructuras locales que tienen terminales en off shore y fondos de inversión en otros países y que firmaron contratos”, indicó.
“Cuando miramos nuestra factura estamos pagando tres componentes: uno es la energía que consumimos, dos, la empresa que nos trae electricidad a nuestra casa y tres los impuestos”, explicó, al tiempo que agregó: “El componente que tiene mayor peso en la tarifa es el de la energía, esto quiere decir que le pagamos a empresas que generan la electricidad y que están ocultas”.
El segmento de generación de energía está desregulado desde el año 1992 cuando el presidente Carlos Menem privatizó el sector. “Hoy el 70% de la electricidad que Argentina tiene contratada y consume es producto de contratos que se firmaron entre 2016 y 2019. Estos contratos están en dólares», indicó la especialista.
En esa línea comentó que “las tasas de rentabilidad de los contratos que se firmaron durante el macrismo son del 85% y 95%, casi una ganancia 100% en dólares. La causa de los tarifazos está en que se devaluaron los contratos cuando el ministro de Economía Luis Caputo decidió hacer una devaluación de un 118% y las tarifas fueron del 117 y del 400% porque se necesita cada vez más pesos para pagar estos contratos en dólares en febrero”. En junio sumaron a todos los usuarios, incluso los ingresos medios y los bajos a estos tarifazos que llegan al 1800 por ciento.
Impacto en las facturas de luz
Según un informe del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx), técnicamente el costo de generación se conoce como costo monómico para que no sepas de que se trata. Hasta ahora la intervención del Estado hacía que los usuarios no paguen los costos totales de generación, sino que se pague una porción.
La diferencia entre el valor monómico y el estacional es de aproximadamente 40%, la diferencia, la cubre el Tesoro Nacional mediante transferencia a un fondo.
En enero, Milei eliminó por DNU los subsidios a la electricidad, es decir el dinero del Tesoro que se destina para cubrir los costos irrisorios que declaran las generadoras para que no impacten en los bolsillos de los argentinos. Adicionalmente recortó las transferencias a CAMMESA en un 70% entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024.
Al suceder esto, el costo de contratos en dólares, de largo plazo y con alta rentabilidad firmados durante el macrismo queda directamente en las familias y pymes que deben cubrir los ingresos de las empresas generadoras, principalmente de Pampa Energía y Central Puerto que entre 2023 y 2024 incrementaron sus ganancias entre un 731% y un 5700 por ciento.
En el Congreso, el senador Nacional por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli (Unión por la Patria), se encuentra trabajando en este tema. Recientemente denunció el problema de los contratos y su alta rentabilidad: explicó que el problema no es que los usuarios pagan poco, sino que están pagando diez veces más por la alta rentabilidad de los contratos en dólares. «Cristina Fernández de Kirchner fue la primera en denunciar este grave problema en Quilmes y fue quien lo trajo a la discusión» indicó.
El pasado abril, la expresidenta apuntó a la gestión de Macri a quien acusó de crear “project finance” financiamiento de proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables. “Estamos pagando una energía mucho más cara de lo que se debía pagar porque, además de darle prioridad de despacho, le dieron prioridad de pago al contrato renovable, el de las eólicas pese a que es la energía más cara”, advirtió. En ese punto explicó: “¿Qué significa prioridad de pago? Que aunque no se incorpore a la línea porque está congestionada, se la tiene que pagar igual. Prioridad de pago significa que si CAMESSA no tiene para pagarle a las eólicas y a los proyectos que presentaron, los paga el FODER, que es Fondo de desarrollo de energías renovables. Y si el FODER no tiene recursos, el Estado nacional está obligado a comprarle el proyecto y si el Estado nacional no tiene plata se lo da el Banco Mundial. Porque todos esos contratos fueron firmados con jurisdicción CIADI, ni siquiera se pueden discutir en la justicia argentina. Hay que ir a discutirlos al CIADI y nos endeudamos».
Por: Verónica Benaim