Desde la Asociación de Empleados del Estado (ATE) advirtieron que la medida implica 400 despidos. Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y Delegada en la Secretaría de Justicia, comentó el viernes pasado que se encuentran «en situación de alerta por los inminentes despidos en los CAJ que están distribuidos en todo el país por una resolución de la que nos notificamos hoy».
Según dijo, el objetivo de la normativa es avanzar en un proceso «de reorganización y vaciamiento, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables, pero también para toda la sociedad«.
La delegada de ATE señaló que en el área registran un total de 270 despidos desde el mes de diciembre. «Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más«, añadió.
Desde ATE explicaron que los CAJ están integrados por equipos interdisciplinarios de abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, mediadores comunitarios y personales administrativo, que se encargan de realizar un abordaje Integrales de las problemáticas jurídico-psicosociales para garantizar una escucha transversal e interdisciplinaria. Habitualmente, en cada caso que asisten hay uno o más derechos insatisfechos.
Actualmente, la cartera de Cuneo Libarona cuenta con 105 CAJ en todo el país. Están ubicados en todas las provincias, principalmente en barrios vulnerables, de alta densidad poblacional dado que tienen por objetivo garantizar el acceso al derecho. Sin embargo, una vez consumado el cierre de las 81 dependencias, quedarán apenas 24 a nivel nacional, es decir, una proporción de uno por provincia.