La «motosierra» del presidente Javier Milei no esperó a que la Ley Ómnibus naufragara en el Congreso para recortar fondos provinciales. En enero, las transferencias discrecionales fueron prácticamente nulas: solo se envió el 0,5% en comparación al mismo mes del año pasado. La mitad de las jurisdicciones no vieron un solo peso durante el primer mes del 2024, una decisión que afectó principalmente a provincias del peronismo, pero también de Juntos por el Cambio (JxC). Desde el Gobierno celebraron la medida y aseguraron que las partidas no automáticas eran utilizadas para «hacer política».
Un informe del Instituto IERAL de la Fundación Mediterránea afirmó que el Gobierno recortó en términos reales un 99,5% en transferencias no automáticas. Una conclusión similar llegó Politikón, que estimó la caída en un 63% real en términos devengados. Sin embargo, remarcaron que las transferencias no automáticas efectivamente pagadas durante enero exhiben; en términos reales, un descenso del 97,7% interanual. Esta iniciativa se suma al recorte del 13,9% en la coparticipación en enero, consecuencia de la caída en la recaudación.
La consultora calculó que de las 24 jurisdicciones, 12 no recibieron ningún tipo de partidas no automáticas. Se tratan de Catamarca, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. A eso se le suman gobernaciones en donde el envío de dinero fue simbólico, como fue el caso de Chaco, San Juan y Tucumán. Entre las tres, apenas sumaron 3,2 millones de pesos. La menos perjudicada fue Corrientes, que recibió $ 1.003,6 millones, una baja real del 32,1%.
La mayor parte de los fondos que van a las provincias y administra el Tesoro Nacional por fuera de la coparticipación se vinculan con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, la asistencia financiera a provincias y municipios (ATN) y las transferencias a cajas previsionales provinciales.
Agrupado las transferencias devengadas, las correspondientes a la Secretaría de Educación tienen nivel de participación con el 91,8% de total; le siguen las del Ministerio de Infraestructura (5,5%), del Interior (2%), de Salud (0,5%) y Obligaciones a cargo del Tesoro (0,2%). Sin embargo, esa distribución cambia si se calcula las transferencias efectivamente pagadas. Las del Ministerio del Interior explican el 81,7% del total, seguida luego por las transferencias del Ministerio de Salud (17,3%) y de la Secretaría de Educación (1%).
Desde Politikón advirtieron que «si bien históricamente hubo brechas entre las instancias Devengadas y Pagadas, en enero se observa un nivel no visto en los últimos años». Más precisamente, explicaron que el Gobierno pagó solo el 2,4% del crédito devengado. «Este casi nulo nivel de pago responde mayormente, en el contexto actual, a un factor político, dada las negociaciones abiertas respecto a la Ley Ómnibus y la tensión del gobierno nacional con los gobernadores«, destacaron.
Este miércoles, el ministerio de Economía, Luis Caputo, en declaraciones televisivas defendió la decisión de cortas los fondos discrecionales. «Estamos haciendo la misma política para todos. La plata que le corresponde a cada uno está yendo. Las discrecionales son justamente la plata que usaba la Nación para darles a las provincias para hacer política».
En este sentido, no evitó confrontar con los gobernadores y su negativa a aprobar la Ley Ómnibus. «Yo creo que uno de los problemas de la negociación es que las provincias hicieron una mala evaluación de su poder de negociación. Creyeron que tenían mucho más poder de negociación del que tenían», disparó.
Con un tono similar, el vocero presidencial, Manuel Adorni afirmó que “se termina la plata para recitales de dudoso financiamiento, para organizaciones sociales y para el empleo militante». Según el funcionario, la disminución de transferencias alcanzó el 98%. Y agregó en declaraciones de este jueves: «Si todos estamos haciendo un esfuerzo, entendemos que el esfuerzo también lo tienen que hacer los gobernadores”.
Para IERAL, esta decisión del Ejecutivo le generaría un ahorro equivalente al 1,1% del PBI, unos $2 billones, en línea con la meta del Gobierno de una consolidación fiscal del 5% del Producto. Sin embargo, se aclaró que esta escasez de recursos provenientes de la administración central obligaría a las provincias a subir tarifas o solventar subsidios con recursos propios.
La «motosierra» del presidente Javier Milei no esperó a que la Ley Ómnibus naufragara en el Congreso para recortar fondos provinciales. En enero, las transferencias discrecionales fueron prácticamente nulas: solo se envió el 0,5% en comparación al mismo mes del año pasado. La mitad de las jurisdicciones no vieron un solo peso durante el primer mes del 2024, una decisión que afectó principalmente a provincias del peronismo, pero también de Juntos por el Cambio (JxC). Desde el Gobierno celebraron la medida y aseguraron que las partidas no automáticas eran utilizadas para «hacer política».
Un informe del Instituto IERAL de la Fundación Mediterránea afirmó que el Gobierno recortó en términos reales un 99,5% en transferencias no automáticas. Una conclusión similar llegó Politikón, que estimó la caída en un 63% real en términos devengados. Sin embargo, remarcaron que las transferencias no automáticas efectivamente pagadas durante enero exhiben; en términos reales, un descenso del 97,7% interanual. Esta iniciativa se suma al recorte del 13,9% en la coparticipación en enero, consecuencia de la caída en la recaudación.
La consultora calculó que de las 24 jurisdicciones, 12 no recibieron ningún tipo de partidas no automáticas. Se tratan de Catamarca, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. A eso se le suman gobernaciones en donde el envío de dinero fue simbólico, como fue el caso de Chaco, San Juan y Tucumán. Entre las tres, apenas sumaron 3,2 millones de pesos. La menos perjudicada fue Corrientes, que recibió $ 1.003,6 millones, una baja real del 32,1%.
La mayor parte de los fondos que van a las provincias y administra el Tesoro Nacional por fuera de la coparticipación se vinculan con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, la asistencia financiera a provincias y municipios (ATN) y las transferencias a cajas previsionales provinciales.
Agrupado las transferencias devengadas, las correspondientes a la Secretaría de Educación tienen nivel de participación con el 91,8% de total; le siguen las del Ministerio de Infraestructura (5,5%), del Interior (2%), de Salud (0,5%) y Obligaciones a cargo del Tesoro (0,2%). Sin embargo, esa distribución cambia si se calcula las transferencias efectivamente pagadas. Las del Ministerio del Interior explican el 81,7% del total, seguida luego por las transferencias del Ministerio de Salud (17,3%) y de la Secretaría de Educación (1%).
Desde Politikón advirtieron que «si bien históricamente hubo brechas entre las instancias Devengadas y Pagadas, en enero se observa un nivel no visto en los últimos años». Más precisamente, explicaron que el Gobierno pagó solo el 2,4% del crédito devengado. «Este casi nulo nivel de pago responde mayormente, en el contexto actual, a un factor político, dada las negociaciones abiertas respecto a la Ley Ómnibus y la tensión del gobierno nacional con los gobernadores«, destacaron.
Este miércoles, el ministerio de Economía, Luis Caputo, en declaraciones televisivas defendió la decisión de cortas los fondos discrecionales. «Estamos haciendo la misma política para todos. La plata que le corresponde a cada uno está yendo. Las discrecionales son justamente la plata que usaba la Nación para darles a las provincias para hacer política».
En este sentido, no evitó confrontar con los gobernadores y su negativa a aprobar la Ley Ómnibus. «Yo creo que uno de los problemas de la negociación es que las provincias hicieron una mala evaluación de su poder de negociación. Creyeron que tenían mucho más poder de negociación del que tenían», disparó.
Con un tono similar, el vocero presidencial, Manuel Adorni afirmó que “se termina la plata para recitales de dudoso financiamiento, para organizaciones sociales y para el empleo militante». Según el funcionario, la disminución de transferencias alcanzó el 98%. Y agregó en declaraciones de este jueves: «Si todos estamos haciendo un esfuerzo, entendemos que el esfuerzo también lo tienen que hacer los gobernadores”.
Para IERAL, esta decisión del Ejecutivo le generaría un ahorro equivalente al 1,1% del PBI, unos $2 billones, en línea con la meta del Gobierno de una consolidación fiscal del 5% del Producto. Sin embargo, se aclaró que esta escasez de recursos provenientes de la administración central obligaría a las provincias a subir tarifas o solventar subsidios con recursos propios.