El procedimiento señalado en el texto indica que el Poder Ejecutivo Nacional deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y/o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos. Dicho informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral, conformada por seis diputados y seis senadores, con amplias funciones, como pedían los dialoguistas. La bicameral tendrá apoyo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Auditoría General de la Nación (AGN).También se aclara ahora: “Respecto del proceso de privatizaciones, el mismo deberá cumplir con los principios de transparencia, participación, colaboración, máxima publicidad y difusión”.Hay tres firmas que sólo podrían ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica y Arsat. Entre las que se podrían privatizar totalmente: Administración General de Puertos, Aysa, Aerolíneas, Correo Argentino, los yacimientos de Río Turbio, Construcción de Viviendas para la Armada Argentinam entre otras. También aparece la agencia Telam y Radio y Televisión Argentina.
Los dos bloques que asoman como la llave de la ley (la UCR y los federales) mostraron calma tras el último texto, y podría destrabar el tratamiento en particular. Antes, el gobierno había bajado el capítulo fiscal, la movilidad jubilatoria, la reforma política, artículos referidos a la cultura, al medioambiente, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, a la ley de hidrocarburos, entre otros. También se seguía negociando el apartado sobre los biocombustibles.
Por Ariel Basile