La provincia de Buenos Aires se prepara para una nueva batalla que se avecina ante una posible sanción de la ley ómnibus enviada por el presidente Javier Milei. “Hay que esperar”, es una frase que se repite en la Asesoría General de Gobierno (AGG) de la Provincia, donde Santiago Pérez Teruel está al frente. La cautela es porque aún no hay ley vigente, no está promulgada y menos aún reglamentación. Aunque por las posibles consecuencias de la mega norma libertaria, en el gobierno de Axel Kicillof consideran que “no hay que descartar acciones judiciales”.
Los ejes que analiza la provincia son dos: las “infundadas” facultades delegadas que exige Milei y que suponen un “riesgo” para la institucionalidad, y la posibilidad de que se privaticen empresas como Ferrocarriles Argentinos S.E. o Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) que proveen de agua y cloacas al conurbano.
En la Asesoría de Gobierno están en sintonía con el análisis del propio gobernador sobre los resultados de las políticas del actual Gobierno Nacional. Sea cual sea el paquete de medidas que se sancione en el Congreso, para Pérez Teruel las consecuencias sólo serán negativas para los bonaerenses. Desde ese lugar, estiman que podrá tomar cartas en el asunto y hacer, en este caso, una presentación ante la Corte Suprema que podría incluir la revisión de una norma que viene repitiendo una acusación en muchas voces opositoras: su inconstitucionalidad.
En la Provincia el asesor general es el jefe de los abogados del Estado. Es el equivalente del cargo nacional de procurador general del Tesoro. Con base académica en la Universidad Nacional de José C. Paz, Pérez Teruel integró el equipo jurídico de Kicillof cuando el actual gobernador era ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner.
Aún no hay mayores definiciones de cómo se instrumentaría o cómo se materializaría esta presentación en la Justicia. Si bien la Asesoría no es la entidad que tiene entre sus facultades hacer la presentación ante el Poder Judicial, Pérez Teruel es una persona de la íntima confianza de Kicillof y que tiene, como bien su nombre lo indica, la función de asesor en materia de procedimientos legales y administrativos que le competen o afecten a la provincia.
Como complemento de toda esta ecuación, el mismo funcionario remarca las dificultades que atraviesa la provincia para contener los problemas que le genera la política macroeconómica encabezada por Milei y que podrían ser un motivo para actuar.
La inconstitucionalidad
Desde distintos sectores, pero primordialmente desde Unión por la Patria, hubo numerosas acusaciones de inconstitucionalidad sobre la Ley de Bases y el DNU que viene incluido en ella. Algunas de estas cuestiones se fueron subsanando propiamente en la Justicia, como el capítulo de reforma laboral que debió ser retirado de la norma original, o como el reciente fallo sobre los artículos que habilitan las sociedades anónimas en los clubes de fútbol.
La Provincia no está exenta a esta mirada. La preocupación que prima en la Asesoría de Gobierno es que, de aprobarse la delegación de facultades tal como está planteado en el último texto que se conoce de la ley, Milei pueda borrar con el codo una buena parte de lo que se decida en el Congreso.
En el organismo que preside Pérez Teruel sostienen que el volumen de esas delegaciones no se condice la mecánica para el dictado de normas federales que tiene nuestro tu país. Es decir, excede las facultades propias de un presidente, lo que pone en riesgo el federalismo mismo que prima en el primer artículo de la Constitución Nacional.
Ya el propio Kicillof levantó la mano a fines de diciembre cuando directamente trató de “inconstitucional” al DNU firmado por Milei. Durante este miércoles, legisladores del peronismo y de la izquierda definieron de la misma manera a la ley ómnibus, a lo que sumaron una serie de acusaciones por el turbio tratamiento que tuvo en comisiones y las dudas respecto a cómo se redactó el dictamen de mayoría. Incluso, el propio radicalismo planteó una cuestión de privilegio sobre el tema contra el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.
¿Y las empresas del Estado?
Según la última versión de la norma y que se encuentra debatida a punto de ebullición, solamente YPF, el Banco Nación, Nucleoeléctrica SA y ARSAT son las empresas que quedan fuera de una privatización absoluta. Otras 36 pasarían a manos de firmas privadas, en un proceso similar a lo sucedido en los años 90.
Una de ellas es AYSA, que atiende las necesidades de los más de 7 millones de habitantes del conurbano que tienen acceso a cloacas. “Es una cuestión de soberanía”, agregan desde el órgano de consulta que tiene el gobernador. Desde la empresa que hasta diciembre de 2023 comandó Malena Galmarini, se provee de agua potable al Gran Buenos Aires y la venta de sus activos es un acto donde la provincia tiene depositados sus ojos.
Lo mismo con los ferrocarriles. También anclados en el territorio bonaerense que rodea a la Capital Federal, hoy viven un proceso de constantes aumentos en el valor del boleto. Durante la campaña, el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, repitió en varias ocasiones lo que significaba quitar los subsidios del Estado para viajar en tren. Lo mismo dijo el entonces candidato a presidente Sergio Massa, y hoy el Gobierno Nacional no duda en ir dejando cada vez más libre hacia las voluntades de las empresas de transporte cuál debe ser el precio del boleto.
Lo que hoy se evalúa es que, de caer en manos privadas, habría mayores dificultades para acceder al pago de los boletos de trenes que hoy desde el Ejecutivo Nacional se propuso una suba a 130 pesos a partir del mes de febrero. Hasta el momento, es un incremento que quedó trabado por la Justicia.
Otro caso emblemático para la provincia es Nucleoeléctrica, la empresa que opera Atucha I y II, las centrales nucleares que proveen el 30 por ciento de la energía eléctrica que consumen los bonaerenses. Si bien quedó afuera de la privatización total, los riesgos de perder una parte del manejo de un insumo que pocos países en el mundo han desarrollado, toma peso en la discusión.
En una nota publicada recientemente por Buenos Aires/12, el secretario gremial de la regional del Paraná del sindicato de Luz y Fuerza, Matías Velo, marcó su perspectiva por querer deshacerse de una pérdida que sólo da beneficios: “Se la quieren regalar a los amigos del poder” y enumera a “Combustibles Nucleares Argentinos, Pérez Companc y los qataríes, a través de Macri”, como principales interesados.