Catorce años más tarde de la célebre intervención del ex ministro de Obras Públicas del menemismo Roberto Dromi, el presidente de la Nación plantea, a su manera, que «nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”. Entre los puntos más controvertidos de su DNU, que luego ratifica la Ley Ómnibus, se encuentra una lista de 40 empresas públicas – ya sean sociedades del Estado o sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado- declaradas “sujetas a privatización”.
Están las más conocidas como Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, los medios públicos como Télam o la Televisión Pública (YPF logró salir del anexo en la modificación que realizó el gobierno para conseguir dictamen de mayoría en el Congreso). Pero quedan muchas empresas dentro de esa lista que son fundamentales para el desarrollo de sectores estratégicos del país. «En su visión dogmática del funcionamiento de la economía, no distingue si las empresas a privatizar son o no rentables, si proporcionan o no un bien público, si sirven o no al interés nacional, si su eliminación reportaría una mejora de algún tipo para la sociedad o si el mercado absorbería o no esa función», sintetiza el Centro de Estudios de Política Argentina (CEPA).
*Arsat
Bajo el eslogan «estamos conectados», la empresa de soluciones satelitales Arsat cumple un rol fundamental para acortar la brecha digital entre las pequeñas localidades y las grandes ciudades. Pero también ubica al país a la vanguardia del mercado de satélites internacional: Argentina figura entre las pocas naciones a nivel mundial con la capacidad de desarrollar satélites de comunicaciones geoestacionarios (que se mantienen fijos en un punto para facilitar el apuntamiento de antenas para la comunicación). Esta habilidad técnica y científica es compartida solo con China, Estados Unidos, India, Israel, Japón, Rusia, y algunos miembros de la Unión Europea. Además, y gracias a su actividad prematura, consiguió dos posiciones orbitales dentro del espacio que, cuando no se ocupan, son solicitadas por otras naciones, y por eso es importante hacer buen uso de ellas. Los dos satélites en funcionamiento permiten que llegue internet a lugares remotos, incluidas escuelas rurales, zonas despobladas y las bases antárticas.
Aunque más conocida por sus satélites, Arsat es la responsable de un tendido de casi 40 mil kilómetros de fibra óptica que permite que los y las argentinas puedan usar internet, mirar películas online y chatear por WhatsApp en cada rincón del país. “Esta red federal de fibra óptica es una de las mayores obras de integración territorial de la Argentina en el siglo XXI”, explicaba a el experto en tecnología de satélites y telecomunicaciones, Daniel Arias. Los cables de vidrio se encuentran blindados y a dos metros de profundidad en promedio. La red transporta información por todo el país, se construyó con ingeniería propia, cubre todo el país continental y no tiene acreedores. Arias hace un planteo elemental: “A Arsat no se le puede poner un precio. ¿Cuánto vale que el país funcione?”.
En términos de renta, «sus datos financieros son robustos», asegura CEPA, «respecto a la proyección de ingresos, considerando un resultado neto de 600.000 dólares para noviembre de 2023, se espera que los ingresos anualizados alcancen aproximadamente los 7.2 millones de dólares».
Arsat se encuentra entre las compañías a las que las modificaciones que tuvo la ley ómnibus para ser aprobada en el Congreso les puso un límite para su privatización: junto con el Banco Nación, y Nucleoeléctrica, el Estado sólo podrá realizar una “privatización parcial, debiendo mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.
*Nucleoeléctrica
También dentro del esquema de «privatización parcial», Nucleoléctrica argentina es una pieza clave para la soberanía energética del país, en el marco de un mundo que apunta a la utilización de energías limpias dentro de las que se encuentra la nuclear que no genera dióxido de carbono. Opera las tres centrales nucleares que existen en Argentina (Atucha I, Atucha II y Embalse), lo que representa el 7 por ciento del total de la matriz eléctrica del país.
Entre sus desarrollos tecnológicos, Nucleoeléctrica colabora en la obra civil de la construcción del proyecto Carem, un reactor nuclear construido íntegramente en Argentina con una tecnología que solo realizan tres países y podría convertirse en una exportación de gran valor.
«Las centrales nucleares tienen un factor de seguridad y de actividad controlada que acaso son las más reguladas en el mundo. Y por lo tanto, requiere una interacción muy grande con el sector público. Hasta qué punto vos podés lograr un modelo que sea compatible con eso, no sé. Porque requiere mucha inversión en materia de seguridad. Entonces, no sé, un privado que vaya a comprar eso», explicó en una entrevista gráfica Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica reconocido a nivel mundial en el sector de energía atómica.
*BICE
Desde la construcción y finalización de la represa binacional Yacyretá y la central nuclear Atucha II, hasta el apoyo a empresas nacionales como Crocs o la heladería Lucciano’s, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) es el único banco del sistema financiero argentino puramente abocado a préstamos de inversión productiva y comercio exterior a plazos más largos que los de la banca tradicional, convirtiéndose en un apoyo importante para las empresas nacionales.
Uno de los principales valores que tiene el Banco es captar fondos de organismos internacionales y prestarlos para proyectos PyME. Al especializarse en proyectos de inversión, el acompañamiento es más «boutique», y acompaña a cada empresa en el armado de la carpeta para acceder al crédito. Al contar con un fondeo más a largo plazo, también otorga créditos más largos (a siete años) que el que otorgan los bancos tradicionales (entre cuatro y cinco años).
Al ser público (sus accionistas mayoritarios son el Estado Nacional a través del Ministerio de Economía de la Nación con 39,92 por ciento, y el Banco de la Nación Argentina con 38,54 por ciento) el banco es una poderosa herramienta con la que cuenta el Ministerio de Economía para ejercer política industrial, incentivando sectores estratégicos que puedan exportar bienes de alto valor agregado y mayor contenido tecnológico. Desde el punto de vista de la rentabilidad, el BICE no requiere fondos del Estado Nacional.
*AGP
La Administradora General de Puertos (AGP), cuyo único accionista es el Ministerio de Transporte, tiene el rol estratégico de gestionar el puerto de Buenos Aires y, desde 2021, la vía navegable troncal (VNT) del Río Paraná Paraguay, una arteria clave en la ruta mundial de los alimentos y por la que circulan los barcos que transportan el 80 por ciento de la cantidad de mercaderías (sobre todo soja) que entran y salen del país.
El debate por la soberanía hídrica estuvo muy candente desde inicios de 2021. Es que en abril de ese año vencía el contrato con la empresa Hidrovía, que explotaba y controlaba desde hace 25 años la navegación de la ruta. Al igual que con las autopistas, las empresas de servicios públicos, YPF, y muchos etcétera, Carlos Menem y Domingo Cavallo privatizaron la obra permitiendo a las empresas concesionarias cobrar peaje por tonelada transportada a cambio del mantenimiento del dragado y balizado. Desde que AGP tomó el control de la VNT, no solo los ingresos crecieron sustancialmente sino que el Estado realizó obras estratégicas para incorporar puertos provinciales a la vía con un objetivo federal.
*FADEA
La Fábrica Militar de Aviones de Córdoba fue la primera de América Latina, fundada un 10 de octubre de 1927. Es una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria. Tiene capacidad para desarrollar, fabricar y realizar mantenimiento y modernización de aeronaves civiles y militares, así como la producción de aeropartes.
Fadea se establece como un eje central en el desarrollo industrial. En su informe de Gestión 2022 expresa que impulsó la creación del 85 por ciento de las empresas autopartistas y metalmecánicas de Córdoba al mismo tiempo que motorizó la creación de carreras en 4 universidades del país (2 en Córdoba y 2 en Buenos Aires) que forman profesionales en tecnología aeronáutica además de 12 escuelas técnicas aeronáuticas.
*Tandanor
«La industria naval es transversal a todas las industrias. Un buque es como una ciudad flotando y necesita de toda esa arquitectura e ingeniería para funcionar», explicaba Miguel Tudino, entonces presidente del astillero con mayoría estatal Tandanor.
El astillero tiene un rol estratégico en la construcción y reparación de buques como el Almirante Irizar (rompehielos de la campaña antártica) que realiza tareas de exploración oceanográfica y científicas. En 1990, bajo la presidencia de Carlos Menem, el astillero Tandanor fue privatizado, marcando el inicio de una etapa de deterioro y desmantelamiento bajo la administración privada, que terminó con la solicitud de bancarrota apenas nueve años más tarde.
*Correo Argentino
Aplaudida durante la pandemia por ser la operadora logística para la distribución de vacunas gracias a su alcance nacional, Correo Argentino es el prestador oficial del servicio público postal, telegráfico y monetario, nacional e internacional. El Correo es la única empresa del país con llegada a todos los domicilios de la Argentina.
«Es, asimismo, la empresa que tiene la obligación de prestar el Servicio Postal Básico Universal (SPBU) que exige la existencia del correo en harás de llegar a lugares que pueden no ser económicamente rentables, pero sin este servicio quedarían desconectados del resto de las localidades del territorio nacional», destaca CEPA.
*Enarsa
«Por la soberanía energética, ¡Viva Argentina!», escribió el ex presidente de Enarsa Agustín Gerez sobre uno de los caños del Gasoducto Néstor Kirchner (GPNK). Enarsa celebraba la soldadura del último caño que permitiría sacar el gas de Vaca Muerta al resto del país en tiempo récord, lo que permitirá a Argentina alcanzar el superávit comercial energético.
Energía Argentina SA, con 0,5 por ciento del PBI en transferencias del Tesoro, se ocupó de la ejecución de subsidios y los pagos de la obra más ambiciosa que hizo el Estado en los últimos años. Terminada en tiempo récord, esta obra no sólo permite ahorrar divisas por sustitución de importaciones, sino que además provee de gas a un precio accesible a cientos de industrias y hogares de la Argentina (mejorando su competitividad), y permitirá también en el corto plazo exportar a países vecinos, transformando sustancialmente la balanza energética de nuestro país.
*AySa
«Desfinanciar AySa es negarles agua y cloacas a millones de ciudadanos», explica el CEPA. Agua y Saneamientos Argentinos es la empresa concesionaria de servicios públicos de agua potable y tratamiento de desagües cloacales para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
«Para comparar la gestión privada con la gestión estatal de la empresa, podemos por caso comparar las plantas (depuradoras, potabilizadoras) construidas en uno y otro período: durante su gestión en manos privadas (1993-2006), se pusieron en funcionamiento 2 plantas, mientras que, bajo gestión estatal (2006-2023) se pusieron en marcha 8 plantas. Mayor inversión en obras de agua y saneamiento representa mayor cantidad de argentinas y argentinos con derechos garantizados», analiza el CEPA.