El Ministro de Economía Luis Caputo brindó una conferencia de prensa en la que anunció que se retira el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus que afecta entre otros temas a las jubilaciones y con el objetivo de que se logre la aprobación de la mencionada norma en el Congreso de la Nación.
El Proyecto de Ley ideado por Javier Milei proponía el fin de la fórmula de movilidad jubilatoria que se había aprobado durante el Gobierno de Cristina Kirchner en 2008, había sido modificada durante el mandato de Mauricio Macri en 2017 y se había vuelto a rever durante el período de Alberto Fernández, que en 2020 dejó sin efecto los cambios introducidos por Macri y un año más tarde aprobó un nuevo cálculo.
El capítulo III del extenso texto presentado por Milei se refiere a la Movilidad de las prestaciones y proponía “suspender la aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias”. Mediante esta medida el presidente buscaba derogar la última ecuación introducida en el Gobierno de Alberto Fernández que establece actualizaciones en forma automática cada tres meses y según la evolución de los sueldos y la recaudaciones que genere el Anses.
Lo que proponía este apartado de la Ley Ómnibus era que el Poder Ejecutivo tuviera la facultad de realizar los aumentos de manera discrecional y por Decreto “atendiendo principalmente a los beneficiarios de más bajos ingresos”.
La mencionada norma también estipulaba que el Congreso le otorgara facultades extraordinarias al presidente para “establecer una forma automática de ajuste” a la prestación básica universal, la prestación compensatoria, el retiro por invalidez, la pensión por fallecimiento, la prestación adicional por permanencia y la prestación por edad avanzada.
En contrapartida, el apartado jubilatorio de la Ley Ómnibus no mencionaba cuáles serían los criterios para fijar la suba de jubilaciones, ni tampoco cada cuánto tiempo se realizarían los incrementos. Solamente hizo hincapié en que mejoraría las jubilaciones más bajas: actualmente en la Argentina hay unos seis millones de jubilados y el 40% de ellos cobra el mínimo, que en diciembre de 2023 fue $105.713 brutos.