Lo escucharon representantes de cámaras agrarias, industriales y de servicios y el eje de la conversación fue el proyecto de Ley Bases y el DNU 70/2024.
Estuvieron presentes los titulares de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y la Bioeconomía, Juan Pazo; de Trabajo, Omar Yasin, y de la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía, Federico Sturzenegger, como así también el asesor Shunko Rojas; funcionarios que muchos de los asistentes reconocieron que no los conocían. El secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, fue el moderador del encuentro.
Algunos datos positivos de la economía fueron expuestos por Pazo cuando recordó que el gobierno eliminó las licencias de exportación, los cupos, y las SIRAs. También, señaló que se avanza en la derogación de regulaciones en el comercio.
En tanto, los representantes de las cámaras destacaron la buena predisposición y la apertura al diálogo por parte del Gobierno y coincidieron en que se debía avanzar en el programa de emergencia económica.
Se trataron, además, temas como sobre la situación particular de cada sector en materia impositiva, comercio y costos laborales, entre otros.
Por el sector privado participaron el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González; y sus pares de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman; de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Claudio Ipolitti; de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), Pablo Fiuza, y de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni.
También concurrieron el titular de Confederación Rural Argentina (CRA), Carlos Castagnani; de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), Martín Berrade; y de la Comisión Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Daniel Dessein; el secretario de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Mario Raiter; y su par de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eloisa Frederking; y el coordinador General del Consejo Agroindustrial Argentino, José Carlos Martins.
Apoyos y pedidos
La CAC se mostró en línea con el oficialismo, a través de su titular, Mario Grinman, quien se pronunció a favor de acelerar la aprobación de la ley ómnibus y el DNU. Sostuvo que «la decadencia de la Argentina lleva 80 años y el cambio no es fácil, por lo que hay que caminar en el desierto hasta llegar y para eso necesitamos déficit cero porque no podemos seguir viviendo de prestado, la política tiene que entender desde el Congreso que se necesitan acciones rápidas».
En general, los hombres de negocios se mostraron afines a la esencia de las dos iniciativas de la gestión libertaria, tendientes a desregular la economía y abrir una nueva etapa en el país con mayor libertad de mercado. Pero los empresarios más ligados al sector agropecuario manifestaron su desacuerdo con la suba de retenciones.
«En el Gobierno sigue primando el objetivo central del déficit cero. Una vez logrado eso, se comprometieron a resolver otras cuestiones, como la de las retenciones«, señaló uno de los empresarios al retirarse de la sede gubernamental.
Trascendió además que hubo un pedido de los empresarios para que el Ejecutivo elabore un cronograma de baja de retenciones y así “no quede todo en el difuso terreno de las promesas”.
«En el encuentro manifestamos nuestra posición sobre distintos temas, entre ellos las retenciones: es una mala política que atenta contra el crecimiento y desarrollo del sector”, sostuvo la Sociedad Rural en un comunicado tras la reunión.
La UIA por su parte, indicó que su principal planteo “estuvo centrado en el impacto del aumento de retenciones para el sector industrial exportador que llegan al 15%”
Al igual que el resto de las entidades participantes, la UIA reconoció «los esfuerzos para alcanzar el déficit cero y el orden macroeconómico”. Al igual que la Cámara Argentina de Comercio, la entidad fabril recordó que apoyaron al capítulo laboral de las reformas propuestas por el gobierno y que “se presentará como amicus curiae ante la Corte Suprema en la causa que suspendió la aplicación del DNU».
Por Liliana Franco