En sus primeras horas como presidente electo, Javier Milei adelantó que la inflación continuará dos años más en altos niveles, como consecuencia de la liberación de los precios que La Libertad Avanza promete garantizar a partir del 10 de diciembre.
Pero la declaración del futuro mandatario fue, en los hechos, el banderazo de largada para los formadores de precios, que el primer día hábil de la semana desembarcaron en los canales comerciales con listas de precios con aumentos del 50% en promedio.
Ese aumento, sorpresivo por su nivel, es apenas la primera parte de la carrera, según reconocieron informalmente mayoristas y distribuidores que integran la cadena en la que se forman los precios que luego pagan los consumidores finales en los comercios.
Las fábricas de alimentos, por su parte, aseguran que van a colaborar con el Frente de Todos en los días que le quedan al frente del Ejecutivo y que, en simultáneo, dialogarán con los funcionarios del gobierno que viene sobre sus estructuras de costos y sobre las alternativas para trasladarlos a precios finales.
El 10 de diciembre, Precios Justos será desactivado y las posibilidades de que la nueva administración aplique algún tipo de política de referencia de precios tiende a cero.
Shock y facturas
«No hay tiempo para hacer gradualismo”, declaró con gesto severo el presidente elegido en el balotaje cuando se le preguntó por la forma en que piensa abordar el problema de la inflación.
Al contrario, adelantó que la primera etapa de su gobierno será de alta inflación. “Vamos a vivir meses de inflación elevada porque hay precios reprimidos”, un argumento con el que coinciden los diferentes actores de la cadena, en especial el productivo, que acompañó a regañadientes los programas de referencia como Precios Cuidados y Precios Justos.
La inflación, siguió Milei, “no va a parar hasta dentro de 18 a 24 meses, porque hay precios pisados artificialmente y tarde o temprano eso paga factura”. El que volvió a pagar la “factura” fue nuevamente el consumidor.
Los primeros que manifestaron alerta por la situación fueron sectores del comercio minorista, que pidieron prudencia a los proveedores que confeccionan las listas de precios. Un comunicado de CAS y FASA, entidades que reúnen a cadenas supermercadistas y autoservicios del interior del país, destacó “la necesidad de proceder con extrema prudencia” y advirtieron que no recibirán las listas con incrementos injustificados.
El texto destacó que no se puede perder de vista que los perjudicados por los aumentos excesivos “son los consumidores, la gente que debe enfrentar esta situación con bajísimos niveles de ingresos”.
Las cámaras se desligaron de toda injerencia en la formación de precios y llamaron a respetar las pautas del gobierno nacional a las empresas que están alcanzadas por esas medidas.
Dónde está el interlocutor
En medio del rechazo a los aumentos, el gobierno organizó reuniones “con todos los sectores» para pedirles que colaboren evitando aumentos del nivel que enviaron en el inicio de la semana.
La Secretaría de Comercio informó que planteó aumentos de precios escalonados de entre el 5% y el 12% para lo que resta de noviembre, más un plus del 8% desde diciembre. La versión oficial agregó que las empresas aceptaron y además dieron de baja los listados con aumentos, pero el compromiso supone un cambio en la actitud de las empresas que ya no ven al gobierno como interlocutor válido para discutir costos y precios.
Cerca del fin de semana, muchos comercios estaban informados por mayoristas y distribuidores de que las listas con aumentos seguirán llegando los próximos días.
«Siempre hay motivos para subir los precios, siempre se encuentra la vuelta para especular”, lamentó Fernando Savore, referente almacenero de la Provincia de Buenos Aires.
“En las semanas anteriores el problema era supuestamente el dólar, pero ahora bajó la cotización y los precios siguieron subiendo”, agregó el comerciante, que alertó que el desabastecimiento sigue siendo un problema para los supermercados de cercanía.