La Comisión de Juicio Político de Diputados se reunirá este miércoles por la tarde para dar a conocer la formulación de cargos contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia en tres de las causales que motivaron el proceso de posible destitución a los supremos: el fallo de 2×1 a favor de los condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar, el fallo sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias, y el fallo con el que los cortesanos declararon inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura que había aprobado el Congreso y que estuvo vigente durante 15 años. Con mayoría propia en la comisión, el Frente de Todos votará las conclusiones del informe contra los magistrados, a quienes se les dará traslado y se los citará para que puedan realizar su descargo.
La reunión de la comisión también continuará con la hipótesis de “abuso de poder”, que durante el último encuentro estuvo centrada en Carlos Rosenkrantz. A lo que se sumará hoy los testigos propuestos por la Coalición Cívica, en base a su pedido de juicio político presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti: los citados son Héctor Marchi, el ex administrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti– quien ya declaró ante la comisión en investigación por las irregularidades en la obra social de los judiciales–; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años; y Adrián Walter Miretti, vecino de Rafaela de donde es oriundo Lorenzetti.
El planteo de avanzar con la formulación de los cargos contra los supremos fue propuesto por el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) en la reunión que mantuvo la comisión el martes pasado, tras dar por «agotada la investigación” sobre los fallos de la CSJ del 2×1, coparticipación y Consejo de la Magistratura. La encargada de leer el informe impulsado por el FdT será la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard, para luego darle traslados a los supremos para que puedan ejercer su derecho a defensa. “Esperemos que no pase lo del bochorno de (Juan Carlos) Maqueda, que no hizo ningún comentario», sostuvo entonces Tailhade en referencia al único cortesano sobre el que ya se formularon 14 cargos por las irregularidades en el manejo de la OSPJN que Maqueda ignoró y evitó responder.
Los jueces tendrán un plazo de diez días hábiles, tras ser notificados, para realizar sus descargos en forma presencial o escrita. Luego, la comisión pasará a elaborar las acusaciones que formarán parte del dictamen –que de ser aprobado tendrá estado parlamentario durante tres años–, para ser debatido en el pleno de la Cámara baja, donde deberá contar con dos tercios de los votos y avanzar en el enjuiciamiento que llevaría adelante el Senado.
En el caso de coparticipación, los cargos que se formulen recaerían sobre los cuatro miembros de la Corte que aprobaron sin diferencias en fallo que benefició al Gobierno porteño: su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Desde el FdT sostienen que el mismo fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Especialmente tras la filtración de los chats entre el desplazado exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, la mano derecha de Rosatti, en los que intercambiaban información y consejos jurídicos, para que la causa que tramitaba la Corte favoreciera a la CABA.
También recaerían sobre los cuatro supremos los cargos por la declaración de “inconstitucionalidad”, en diciembre de 2021, de la ley que modificó la composición del Consejo de la Magistratura aprobada por el Parlamento en 2006 y que estuvo vigente hasta entonces. La hipótesis de “asalto al Consejo de la Magistratura” comienza con el autovoto de Rosatti para asumir la presidencia del máximo tribunal, para luego declarar nula la ley vigente y restituir una ley derogada por el Congreso, que le asigna la presidencia del Consejo al titular de la Corte. Aquí también aparecen los chats entre D’Alessandro y Robles sobre cómo debía accionar la oposición en el Senado, para que la Corte no reconozca la representación que la Cámara alta disponía de acuerdo al número de miembros de sus bloques políticos.
Diferente serían los cargos presentados sobre el fallo del 2×1 a favor de los genocidas. Allí las responsabilidades recaerían sobre Rosatti y Rosenkrantz, que conformaron el voto de la mayoría junto a Elena Highton de Nolasco que todavía mantenía su sillón en el Máximo Tribunal. Mientras que Maqueda y Lorenzetti no firmaron el fallo. Para el FdT, esa mayoría surgió de un acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y Rosenkrantz, por el cual la administración de Cambiemos no apeló un amparo de Highton, que le permitió seguir en la Corte y convalidar el fallo a pesar a haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.
Las conclusiones del informe
- El «asalto» a la Magistratura: De la investigación surge que el fallo que “asaltó” el Consejo de la Magistratura a través de la reposición de una antigua ley fue “producto de un trámite irregular”. Recuerda que la sentencia surgió a partir de una cautelar del Colegio de Abogados de CABA, y al darle la razón, “la Corte admite que cualquier sujeto puede demandar ante cualquier juez la derogación de leyes que tienen efectos sobre la totalidad de la población”. Durante aquél proceso, reconstruye el informe, los supremos “interrumpieron el proceso legislativo para la sanción de una nueva ley que había sido presentada por el Poder Ejecutivo 10 días antes del fallo”. La acusación también señala que la ley que se repuso –y que permitió a Rosatti presidir también el Consejo– “carece de legitimidad democrática y es inválida” porque “no siguió el procedimiento de sanción de las leyes” en el Congreso. Es decir, es casi un decreto de la Corte. “Además, la causa se aceleró a partir de la asunción irregular de Horacio Rosatti, como presidente de la Corte Suprema, a través del auto voto”, resalta el informe.
- La Coparticipación para CABA: Para los Diputados de la Comisión, la cautelar que favoreció a CABA en la disputa por la coparticipación contra la Rosada “no cumple con los estándares de independencia e imparcialidad” que deben reunir los miembros de la Corte. En primer lugar, las conclusiones del informe remarcan que los cortesanos impusieron “un porcentaje de los fondos coparticipables para la CABA sin pauta objetiva ni explicación para definir el monto”, algo que surge claramente de aquella cautelar, que subió el monto al 2,95 por ciento sin un cálculo concreto. Eso es una muestra “de una manifiesta intención de los jueces de la CSJN de beneficiar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dice el informe. También se le achaca el oportunismo político de la cautelar. “Otro aspecto que debemos destacar es el tiempo que ha utilizado la Corte para resolver la cuestión de fondo, lo cual revela a priori la indebida manipulación de por parte de los magistrados de la causa”, explicita. Finalmente, los vínculos entre Rosatti y Robles “no hace otra cosa que confirmar la relación política preexistente entre ambos sectores, el vinculado a la CSJN y el político que gobierna la CABA”.
- “2×1” en favor de los genocidas: Las conclusiones del informe del fallo “Muiña” conocido como el “2×1”, que los supremos debieron revertir luego de las movilizaciones populares, son lapidarias. “Ha quedado demostrado que los jueces Rosenkrantz y Rosatti han llevado a cabo diferentes conductas que han tenido por objeto revertir la política de Estado desarrollada en materia de derechos humanos y Memoria Verdad y justicia, exponiendo al estado argentino a sanciones internacionales”, dice. Y agrega que “el accionar de los jueces Rosenkrantz y Rosatti habría estado motivado por el acuerdo político con el gobierno de Mauricio Macri, impulsor de sus nombramientos como cortesanos, violando la independencia e imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Uno de los tramos recuerda el chantaje a Elena Inés Highton de Nolasco para lograr la mayoría automática. La acusación es directa sobre Rosenkrantz, que en ese entonces presidía la Corte. “El juez habría condicionado a la jueza para incidir indebidamente en su criterio, para lo cual llevó a cabo maniobras espurias forzando el alcance de sus atribuciones como vocal de la CSJN, en un claro caso de desvío y abuso de poder”, dice. Aquél fallo, dice, se tramó junto a la “mesa judicial” de Macri con el objetivo de “permitir una reducción significativa del tiempo que los genocidas condenados deben cumplir actualmente en prisión”.