“No me atiende el teléfono”, se sinceró Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial (UIA), ante sus colegas en la reunión de Comité Ejecutivo de esta semana. Unas horas después, casi dos días antes de realizarse allí la Conferencia Industrial, Funes viajó anticipadamente a Entre Ríos para ver si el ministro de Economía, Sergio Massa, podía recibirlo en persona, cara a cara, sin la chance de rechazar la llamada. El funcionario pasó por la provincia para hacer diferentes anuncios y luego se quedó al convite de la UIA, al que le dio apertura.
Entre gestos protocolares, esas tensiones que venían subterráneas se manifestaron en público, sobre el escenario de la reunión de industriales en Entre Ríos. «Los que ven Titanes en el ring y creen que eso significa enfrentamientos, les digo que no es así, somos respetuosos de la ley, tenemos que encontrar el camino de la industria», explicó Funes mirando al ministro. Massa, sentado, se sonrió, con cara de desconfianza. Unos instantes después, devolvió el candidato: «suena mejor el ‘se protesta pero se paga’, Daniel, no te animaste a decirlo como lo dijiste en privado. Suena mejor decirlo así», le espetó, en una especia de espadeo dialéctico con el bono a trabajadores de trasfondo.
La anécdota no hizo más que confirmar las tensiones existentes. Poniendo además blanco sobre negro en la cuestión de fondo: en el Gobierno sienten que los sectores empresarios, sobre todo con el rechazo al pago del bono a trabajadores registrados, llegaron al tope del lobby político contra el ministro y, sobre todo, contra el modelo que pretende el también candidato presidencial de Unión por la Patria (UP).
Esa embestida contra el bono, y esto es central, no es por dinero o por falta de rentabilidad, es por el manejo futuro del poder, por lo que analizan como un contexto de un cambio de época, de un giro liberal del escenario. En ese marco, otro de los datos que muestran esa gestualidad es la rebelión de los industriales y mercantiles contra los acuerdos de precios y, en paralelo, las operaciones del sector de la medicina prepaga para rechazar el congelamiento de tarifas con la osada decisión de contradecir al ministro mandando, aún luego de ordenado el congelamiento, facturas con aumento a sus usuarios. Todas estas situaciones tienen, para el Gobierno y los empresarios, nombres propios que son centrales en la historia de fondo.
Los grandes y los «dos sombreros»
«Vamos… ¿cuántos salarios industriales están por debajo de los 400 mil pesos? No jodamos.. y los que están por debajo de eso, absorben el bono». Tumbado en un sillón de su oficina, uno de los popes de la UIA, de los no alineados con los grandes Arcor y Techint, charló con uno de sus pares tratando de decirle que la embestida empresaria contra el bono no era económica sino política.
La historia cuenta que la UIA fue, junto a la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL), quien comandó la estrategia comunicacional del establishment: una serie de comunicados diciendo «no» al pago del bono, no sólo sin ver la jugada, sino sabiendo que todos los pagarían. Se plegaron a la iniciativa la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y algunas entidades de la Mesa de Enlace, como Confederaciones Rurales (CRA).
Hay allí un dato que es central y que desde hace tiempo alimenta el enojo de Massa: Funes de Rioja preside, a la vez, la Copal y la UIA. Como se queja el ministro, «no debería andar con dos sombreros». Eso, para el Gobierno, es un problema, porque tienen bajo el mismo comando a los que lo presionan por importaciones, por precios y por política.
Además, los grandes que mandan en la UIA también encabezan en Copal. En este caso, las mayores presiones para no acordar precios y no pagar el bono fueron bajadas de línea directa a Funes de parte de Arcor, La Serenísima (Mastellone), Coca Cola y Ledesma. Esas firmas están en el pelotón de las diez grandes del sector, y muchas de ellas financian, además, a la Fundación Mediterránea, en el think tank de candidatos del menemismo que hoy preside Carlos Melconian, elegido por Patricia Bullrich como su vocero de capacidades técnicas.
«Lo que dan los muchachos es un mensaje político, de época», contó alguien que frecuenta los círculos de poder económico. El mensaje, siguió la fuente, es ir contra el Gobierno y dejarle claro a la oposición que eso se cambiará, en el futuro, por favores. Los empresarios apuestan por los libertarios para lograr apertura económica, tipo de cambio único, una devaluación brusca que potencie el negocio, entre otros. Un director de la UIA lo describió como un «hago esto pero después no me cagues». Algunos, de todos modos, se animaron a una pregunta que no deja de ser una posibilidad, a la luz dl conteom definitivo de votos de las elecciones PASO: «De qué se van a disfrazar si Massa va al ballotage con Milei?», apuntó un hombre que hace años maneja empresas en la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).
El ceo «amigo-enemigo» de las prepagas
Otro de los encontronazos que tuvo el Gobierno esta semana, y que grafica la misma situación que con el resto de las empresas, fue con el sector de la medicina prepaga. Días atrás, Massa había avisado, vía un video de tik tok, que «hemos decidido suspender el incremento de la medicina prepaga por los próximos 90 días, para todos aquellos hogares cuyo ingreso no exceda los 2 milllones de pesos». Fue en el marco del paquete de medidas para contener el bolsillo post devaluación.
Pero unas horas más tarde, la Unión Argentina de Salud (UAS), una cámara creada por Claudio Belocopitt, el dueño de Swiss Medical, para hacer lobby para el sector, publicó una nota en un medio en el que Belocopitt tiene muchas terminales. Esa nota decía que las empresas se negaban a congelar los precios porque sus estructuras de costos no resisten la devaluación y mucho menos las subas que venía teniendo el dólar.
Cerca de Massa le echaron la culpa al empresario, sobre todo por ser cercano al ministro candidato. Eso hizo que entre viernes y sábado se armara, en Hacienda, una mesa para resolver las cuestiones con Belocopitt en privado. Por ahora, de todos modos, siguen negociando y el Gobierno insiste en conngelar las cuotas.