Lo primero que marca este protocolo es que los efectivos deben comunicarse «en forma inmediata» con las autoridades judiciales competentes, con los servicios sociales para darles «intervención inmediata» y con la familia del menor involucrado para indicar los motivos de la aprehensión, el lugar donde está y a dónde lo llevarán.
El documento requiere «la presencia de testigos» durante todo el proceso para que luego den fe de todas las actas elaboradas por la policía durante las diligencias. La descripción de los hechos debe ser «clara y descriptiva».
Los agentes también deberán leerle al niño, niña y adolescente que hayan aprehendido sus derechos y garantías.
A su vez, tienen prohibido hacerle un interrogatorio o un registro de antecedentes. Tampoco podrán realizar o difundir fotos o videos que permitan individualizar a las personas menores de edad.
El protocolo pide que se verifique si el niño, niña o adolescente en cuestión presenta heridas o lesiones.
En caso negativo un médico legista debe constatar su estado de salud y en los casos en que presenten heridas se debe informar a la autoridad judicial competente para que establezca la intervención médica sin demoras.
Finalmente, el protocolo de actuación agrega que debe respetarse la identidad de género autopercibida de los menores de edad y de los testigos involucrados.
Por último, el artículo 2 de la Resolución 2031 firmada por el ministro de Seguridad, autoriza a jefes comunales y departamentales a llevar adelante los Equipos de Articulación Integral con Niños, Niñas y Adolescentes presuntos/as infractores de la Ley Penal.
Estos equipos serán unidades dependientes de las estaciones de policía comunales o departamentales y los encargados de hacer cumplir el protocolo.