Los hechos de violencia hacia personas en situación de calle aumentaron un 89 por ciento en todo el país en el último año, según un informe presentado por las organizaciones que trabajan con esa población e investigadoras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se trata del Registro Unificado de Violencias (RUV) de 2022 – 2023, que arrojó, entre otros puntos, que en el último año se registraron más de 200 hechos en con un aumento del 108 por ciento en las muertes de personas en situación de calle con respecto al año anterior. Según el informe, la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que más hechos de violencia registró en los últimos doce meses.
El RUV es realizado por las organizaciones que integran la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle e investigadoras que integran el proyecto «Sociogénesis de las marginaciones urbanas: personas en situación de calle en CABA» de la Facultad de Psicología de la UBA. El primero de los informes se presentó el año pasado y ahora las organizaciones publicaron el segundo RUV que abarcó el período de doce meses entre el 19 de agosto de 2022 y el 18 de agosto de 2023. El análisis incluyó la recolección de notas sobre la temática en medios de comunicación de alcance nacional y las denuncias que las propias organizaciones registran día a día.
Según indica el informe, en el lapso de un año «se registraron 233 situaciones de violencia» hacia personas en situación de calle en todo el país. El RUV de 2021-2022 había recabado 125 hechos de violencia, por lo que este último año la cifra aumentó un 89 por ciento, según precisa el informe que advierte que se trata de «un hecho de violencia hacia personas en situación de calle cada 38 horas«. Las muertes también registraron un importante aumento: 108 por ciento más que el año anterior. Según el informe, fueron 146 fallecimientos en todo el territorio nacional, «una muerte en el espacio público cada dos días y medio». En el período anterior se habían registrado 70 muertes.
El RUV subdivide las situaciones de violencia en tres categorías: violencia institucional, social y estructural. Esta última incluye las «lesiones físicas graves, con o sin fallecimiento, producto de las condiciones sociales y materiales de vivir a la intemperie y en la intinerancia», mientras que la violencia social se caracteriza como «ataques físicos en el espacio público entre ciudadanxs de a pie, con lesiones graves o fallecimientos» por «los procesos de estigmatización y rechazo social«. A la violencia institucional, en tanto, se la define como «ataques físicos y/o simbólicos por parte de fuerzas de seguridad y otrxs funcionarixs públicxs«, lo que incluye «hostigamiento, robo, maltrato y desplazamientos forzados».
En el último año, la mayor parte de los hechos registrados fueron de violencia estructural, con 131 casos. Los hechos de violencia social recabados alcanzaron la cifra de 85, mientras que los de violencia institucional llegaron a 17. En el informe se ejemplifica esta última con el ataque a sillazos de policías porteños a una persona en situación de calle en febrero de este año, mientras que la estructural se grafica con el fallecimiento de tres personas en situación de calle en el inicio de la ola de frío en la Ciudad o de un hombre que fue encontrado sin vida en un basural de La Quiaca.
«Hay un aumento exponencial de las situaciones de violencia, sobre todo de la violencia social. Hay más personas en la calle en un escenario de mayor intolerancia en el que se han desplazado los límites de lo decible», explica a este diario Jorgelina di Iorio, investigadora del Conicet, coordinadora del programa de investigación e integrante de la Asamblea. Di Iorio destaca que la figura del «desplazamiento forzado» fue una de las que apareció con mayor intensidad en este período: «Hay relatos de personas a las que recurrentamente las corren, les roban o les tiran las cosas. Todo con una construcción de ‘extraños peligrosos‘ que legitima la violencia y que se vio mucho en las notas que relevamos», sostiene.
Además del aumento concreto de la cantidad de personas en situación de calle, el informe también advierte que el crecimiento de los hechos de violencia tiene que ver con «el giro discursivo a la derecha» de los últimos tiempos, que redunda en «mayor intolerancia hacia las diferencias y más aceptación de la violencia como forma de resolución de conflictos».
La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción en la que se registraron más hechos, con un total de 58. La sigue la Provincia de Buenos Aires con 45, Santa Fe con 28, Salta con 13, Jujuy con 11, y Córdoba, Mendoza y Misiones con 10. Las organizaciones también elaboraron un mapa digital a modo de «cartografía de violencias«, en el que aparece cada uno de los casos de los dos períodos recabados y se observ una fuerte concentración en la zona del AMBA. En el mapa, cada caso aparece brevemente explicado con la «descripción y geolocalización de noticias de la información disponible».
El RUV de este año también incluye un desagregado de los casos registrados en la Ciudad. De los 58 hechos recabados, precisa el informe, 37 fueron de violencia estructural, 12 de violencia institucional y 10 de violencia social. En la Capital federal hubo en este período «un hecho de violencia cada seis días» y «una muerte cada nueve«. Según el informe, el año pasado se había registrado una muerte cada treinta días.