En respuesta a una de las propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, el diputado nacional de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez presentó hoy un proyecto de ley que prohíbe la comercialización y tráfico de órganos humanos, y agrava las penas por esos delitos.
El legislador massista impulsa esta iniciativa que modifica la actual ley 27.447 y que define como principio rector «el carácter e interés público» del Sistema Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos «para evitar la migración a manos privadas que puedan mercantilizar a las personas y al servicio de salud».
Entre otros aspectos, la normativa propuesta por Gutiérrez incorpora «penalidades para el receptor del órgano de mala fe a sabiendas del origen ilícito».
«Con la ley actual, solo los médicos y auxiliares de salud podían cometer esta clase de delitos», explicó el diputado del Frente Renovador.
Según aseguró, «ya no habrá más vacíos legales porque ahora cualquier rol en esa cadena que pueda ser cometido por cualquier persona podrá ser penado con hasta 12 años de prisión”.
«Avanzamos penalmente sobre el determinador, el instigador, el promotor el facilitador y el partícipe», precisó Gutiérrez.
A su vez, advirtió que «lo que no dice» Milei cuando propone la compraventa libre de órganos es que «si se libera ese mercado te van a secuestrar un hijo por un riñón».
«Es urgente que reforcemos penalmente toda la cadena de extracción, comercialización, almacenaje, distribución e implante ilegal de órganos y tejidos humanos», manifestó.
Sobre las penalidades, destacó que «los médicos y personal de salud involucrados en estos delitos, además de perder la libertad, serán inhabilitados de por vida para ejercer o auxiliar en el arte de curar».
«Establecimos como agravante el concurso premeditado de tres o más personas y el tráfico internacional de órganos humanos», añadió Gutiérrez.
«También incorporamos como delito agravado la subasta física y en red de órganos, así como también el turismo de comercialización e implante de órganos, ya que de ahora en más no solo será delito extraer los órganos sino también implantarlos ilegalmente», subrayó.
Por último, el diputado oficialista consideró que «esta reforma afianza y garantiza el sistema legal argentinos de recepción y defensa de los derechos humanos fundamentales».