A horas de las elecciones PASO y en un escenario macro inestable por el faltante de dólares y la disparada de la divisa paralela, hay sectores económicos que ejercen presión política en sectores sensibles, que afectan directamente al bolsillo. Varios grandes jugadores de la producción de alimentos empezaron a llamar a comercios para avisarles que el lunes, con el resultado de las primarias ya definido, liberarán los aumentos de precios muy por encima de lo autorizado por el Gobierno.
Con la excusa de que «se caen desde el lunes los acuerdos con el Gobierno», gigantes nacionales y multinacionales nucleados en la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), se comunicaron con grandes supermercados del AMBA, el Interior y con comercios barriales para ponerlos al tanto de que «el lunes charlamos, pero los aumentos van a ser mayores».
Los que ya movieron en ese sentido son la francesa Danone, la estadounidense Mondelez (ex Kraft), la Arcor de los Pagani y FEMSA, la distribuidora más grande de Coca Cola. Algunos de ellos, de hecho, ya deslizaron que habrá suba de entre 10 y 20 por ciento. En varias de esas firmas especularon, inclusive, con que la suba del dólar Blue cambia las condiciones de la negociación. En realidad, esas mismas empresas que remarcan al Blue son las que se están llevando dólares a precio oficial para importar a valor más bajo y aumentar al dólar paralelo.
En ese pelotón, otro de los grandes nacionales se diferenció: en el caso de Molinos, admitieron que el acuerdo vence, pero que no pasarán ninguna suba hasta sentarse con la Secretaría de Comercio. Para poner blanco sobre negro es necesario graficar el contexto. El acuerdo de Precios Justos, que es anual, se renegocia cada tres meses con el objetivo de actualizar los aumentos bajo diferentes parámetros, entre ellos mayores costos. Justo después de las PASO, precisamente, opera el fin del trimestre y se vuelven a sentar a negociar. Pero las empresas optaron, esta vez, por deslizar que los acuerdos se caen, cuando en realidad se renuevan automáticamente con pautas nuevas de aumento cada mes.
El asunto es que el último acuerdo tenía subas de 5 por ciento promedio y de 3,8 por ciento para los productos a precios congelado que están dentro de Precios Justos. Y las empresas, antes de sentarse con Comercio, ya están especulando con conseguir aumentos mayores al 100 por ciento de la pauta que venían teniendo. Naturalmente, detallan los responsables de locales de todo el país, hay una expectativa de presión devaluatoria que los fabricantes de alimentos toman como cierta para pedir más aumentos.
El poder en las góndolas
Los aumentos avisados por las alimenticias son un problema para el Gobierno, que tiene un acuerdo bastante consolidado con los grandes supermercados que le permitió contener aumentos vía Precios Justos. Los comercios ya avisaron que no aplicarán los incrementos que piden las alimenticias, pero la disputa está abierta.
En paralelo, el Gobierno pulsea con gigantes, que manejan un nivel de concentración muy importante en las góndolas nacionales. En síntesis, en el post PASO, el ministro candidato Sergio Massa deberá disputar con los dueños de la mesa de los argentinos.
Un informe del Centro de Economía Política (CEPA), reflejó meses atrás que el más del 70 de la facturación de los productos de los supermercados corresponde a 20 gigantes de la alimentación. En ese pelotón aparecen Coca Cola, Quilmes, Danone, Molinos, Arcor, Unilever y Mastellone.
Femsa (Coca Cola) y Danone, dos de las empresas que avisaron que aumentarán precios, tiene buena parte de la góndola de alimentos, bebidas y lácteos, y ya fueron multadas por el Gobierno por incumplir los acuerdos de precios. Muchas de estas empresas, aprovechando que el Estado no llega a controlar la dinámica de los precios por fuera de los grandes híper, donde está el 80 por ciento del consumo masivo, venden más caro en los comercios de cercanía y barriales para compensar lo menor que ganan con Precios Justos.
El problema radica en que en la medición de inflación del INDEC, los precios por fuera de los hiper (chinos, almacenes, etc), son los que más impacto teniendo. Ergo, la jugada de las empresas está haciendo que los que compran en los barrios sean los más perjudicados por precios bastante más altos a los que se consiguen en los híper donde rigen los acuerdos de precios