La muerte a la entrada del colegio de Lanús plantea varias preguntas que requieren respuestas.
¿Es imposible parar el robo de celulares?
Es el delito más presente en la vida cotidiana y el que estuvo detrás de la muerte de la nena. ¿Cómo es posible que sigan funcionando sin problemas los negocitos que revenden los celulares robados? ¿Cómo es posible que no se le encuentre una forma de bloquear el aparato robado, no sólo la línea? ¿Tan imposible técnicamente es anular, a través del IMEI, la identificación del aparato, que el celular pueda volver a ser usado?
El perito Marcelo Torok sostiene que técnicamente es posible bloquear el IMEI y, además, que debe haber muchísimo más rigor para habilitar una línea mediante la identificación total del que pide la habilitación.
Las empresas de celulares tienen un enorme, gigantesco negocio en la cuestión de los robos: venden el aparato de reposición. Son miles de millones de pesos. Se requiere una ofensiva en todos los terrenos: el bloqueo técnico de los aparatos, los allanamientos todos los días de las cuevas que venden robados y el registro como corresponde de cualquiera que pida una tarjeta SIM.
¿Es imposible frenar a los ladrones en moto por algunos medios?
No es sencillo de enfrentar porque la moto es el primer medio de transporte de los trabajadores y sus familias.
Copiando el modelo colombiano, se instruyó en la Argentina que los conductores y acompañantes debían llevar el caso y el chaleco con el número de la patente de la moto. En Colombia funcionó bastante. En la Argentina se dejó de controlar porque protestaron los motoqueros alegando que era una discriminación.
El criminalista Raúl Torre opina que, además, de volver a la identificación, se requiere que haya también policías en moto, de manera que se pueda dar una respuesta rápida y ágil.
Nuevamente, una de las cuestiones es que las motos son robadas, de manera que habrá que dar una respuesta tecnológica: el robo de autos bajó mucho a raíz del rastreo satelital que hoy en día tienen casi todos los vehículos. Es posible que se requiera algo similar.
¿La complicidad policial?
Es evidente que la venta de celulares robados y la distribución de estupefacientes cuenta con una contraparte de recaudación policial. Se supone que mucha gente sabe dónde se compran y se venden ambas cosas.
A esto hay que agregar que, en este caso, queda claro que no hubo un sendero seguro hacia los colegios. Los chicos quedan desprotegidos, porque suelen pedirles a los mayores que los acompañen sólo hasta la esquina.
Finalmente, si apresaron a quienes mataron a Morena en muy pocas horas, es evidente que los tenían a mano. Es muy posible que algún confidente les haya pasado el dato, pero exhibe desidia, vínculo, aunque sea por la no-acción con esas banditas, a las que -todo indica- conocen desde hace tiempo.
Los piedrazos a la comisaría -algo habitual hoy en día- indican que los vecinos sospechan de eso: complicidad e inacción policial. “Hoy en día, más que maldita policía hay que hablar de burócratas, policías con cero-compromiso, no les interesa lo que pasa. ¿Roban un celular? No hacen nada”, explica un fiscal de larga trayectoria.
¿Y la justicia?
Los cargos judiciales son, casi, títulos de nobleza, con poco o ningún control. Entre los fiscales está planteado el mito o realidad de que los viernes es imposible conseguir una orden de allanamiento o una orden de captura: una buena parte de los jueces no concurren. Consideran que los jueces hacen poco y nada. Lo de título de nobleza se corresponde con las condiciones que tienen: hay que decirles su señoría, pararse cuando ingresan, ostentan el cargo de por vida, la destitución casi no existe y, para colmo, no pagan impuesto a las ganancias.
Por supuesto que los jueces acusan a los fiscales de que tampoco trabajan como debieran. No hay compromiso con los casos y ninguna auditoria real que permita establecer quién trabaja y quién no. Hay un dato evidente: no se conoce ninguna destitución de un fiscal por mal trabajo. Es obviamente algo imposible: en miles de fiscales, es obvio que alguno no trabaja bien. Pero no pasa nada. Muchos piensan también que, hoy en día, las auditorías pueden ser usadas como una forma de persecución, especialmente a los que no están alineados con Juntos por el Cambio.
¿Cuáles son las excusas?
Los fiscales, a su vez, se excusan en que no tienen condiciones para investigar. Peritar droga encontrada, puede tardar dos años. Peritar un celular, algo clave para ver las relaciones de una banda, se demora no menos de seis meses. Cotejar ADN, si el caso no es mediático, imposible. Hay fiscales que cuentan que desde hace cinco años o más, no logran el cotejo de una huella digital, porque el levantamiento de las huellas está mal hecho.
¿Y el problema social?
Por supuesto que todos están de acuerdo en que el trasfondo es social, la marginalidad, la exclusión. Es muy posible que si se bloquea de alguna manera el robo de celulares, aparezca fuerte otro delito. Un fiscal reconstruyó los diálogos de una banda de jóvenes. El chat está lleno de “cagón, ¿no te animás?”, “a mi me chupa un h… que haya cámaras”