Un gobierno generoso para una minoría rentista

Tras 33 meses de gobierno, no se investigó la deuda. Los organismos encargados de hacerlo no dan ninguna explicación gracias al secreto fiscal, bursátil y financiero y, mientras tanto, se pagan los intereses en base al Presupuesto de la Administración Nacional. Esto es: se hace un fuerte ajuste del gasto en jubilaciones y pensiones, en obra pública, en subsidio al transporte y a la energía, etc., para disponer de más fondos para pagar intereses de una deuda que no benefició a la población y que, en forma mayoritaria, se la apropió el 2% más ricos del país para fugar esos capitales en cuentas que tienen en el exterior.

La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dijo en su alocución de defensa del pasado 23 de agosto en el marco de la causa Vialidad que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no se preguntan ni investigan que pasó con los 44.500 millones de dólares prestados por el FMI que desaparecieron como por arte de magia y que debe pagar el pueblo argentino, pese a que ambos afirman que buscan la justicia contra la corrupción.

Esa deuda, tomada en forma arbitraria e inconstitucional, incluso viola el inciso a) del artículo 6°del Convenio Constitutivo del FMI [1], que obliga a la institución a realizar un monitoreo sobre el destino de los fondos: no sólo no se hizo, sino que se le prestó al gobierno de Cambiemos en plena corrida cambiaria, cuando el BCRA de esa gestión vendía sin límite las reservas internacionales, hecho que de por sí tornaba más previsible que se endeudaba al país para posibilitar la fuga.

La deuda contraída con el FMI no fue autorizada por el Congreso de la Nación, como lo determina el artículo 75, inciso 4 de la Constitución Nacional, que dice que es atribución del Congreso “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”. En cambio, la colocación de títulos de deuda en los mercados locales e internacionales fue autorizada en las leyes de Presupuesto Nacional.

Tras 33 meses de gobierno, no se investigó la deuda. Los organismos encargados de hacerlo no dan ninguna explicación gracias al secreto fiscal, bursátil y financiero y, mientras tanto, se pagan los intereses en base al Presupuesto de la Administración Nacional. Esto es: se hace un fuerte ajuste del gasto en jubilaciones y pensiones, en obra pública, en subsidio al transporte y a la energía, etc., para disponer de más fondos para pagar intereses de una deuda que no benefició a la población y que, en forma mayoritaria, se la apropió el 2% más ricos del país para fugar esos capitales en cuentas que tienen en el exterior.

Es más: con fecha 21 de mayo de 2020, el BCRA publicó el informe “Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos, 2015-2019”, en el cual demuestra que, de la deuda tomada por la gestión de Cambiemos, la fuga de capitales del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares. El documento sostiene que, en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores (que son empresas) adquirieron 24.679 millones de dólares y las 100 primeras personas adquirieron en esos años 822,6 millones de dólares.

Ni el BCRA (que armó el listado) ni el gobierno nacional dieron a conocer los nombres de quienes compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión de Cambiemos, pero sí lo hizo El Cohete a la Luna en una nota titulada “Los 100 de Macrì”, del 24 de mayo de 2020, firmada por su director, Horacio Verbitsky. Esa lista jamás fue desmentida por los interesados ni por el BCRA. Entre esos grandes fugadores se encuentran Telefónica de Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía S.A. (del grupo Mindlin, BlackRock y Joseph Lewis) con 903,9 millones de dólares [2]; Monsanto Argentina S.A. (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín, con DirecTV Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A.; el grupo Techint, con Siderar S.A., Transportadora de Gas del Norte y Tecpetrol S.A.; Hidrovía Paraná S.A.; Aceitera General Deheza; Arcor S.A.; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasany [3]; el Banco HSBC; etc.

Ninguna de las 100 empresas de la lista de los que compraron 24.679 millones de dólares puede demostrar en sus estados contables de dónde detrajeron los recursos para poder adquirir esos montos entre 2016-2019, lo que supone delito de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes, incluida la de “Encubrimiento y lavado de activos” para los bancos que le vendieron esos dólares del BCRA y no tomaron los recaudos sobre el origen de los fondos.

Tampoco pueden demostrarlo en sus declaraciones juradas al fisco las 100 personas que compraron 822,6 millones de dólares, entre ellos, los Eskenazi del Grupo Petersen, que compraron 96 millones de dólares; Néstor Ick y su hijo Gustavo, de Santiago del Estero, que adquirieron 42,8 millones de dólares; o el tucumano Emilio Luque, que compró 17.802.944 dólares. Tampoco Claudio Belocopitt de Swiss Medical o los Werthein, socios de BlackRock en Pampa Energía; Mauricio Filiberti, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor; o Eduardo Elsztain del grupo IRSA, etc. etc.

En síntesis, el gobierno de Alberto Fernández, que no investigó la deuda, debe ajustar permanentemente el gasto público para poder comprar las divisas que paguen los intereses de la deuda externa incrementada en 86.200 millones de dólares por el gobierno de Cambiemos.

El presupuesto de la Administración Nacional para el corriente año 2022, determinado por el incremento del gasto del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 331/22 del 22 de julio, es de 16 billones de pesos, ante un PIB que el Ministerio de Economía prevé de 76,5 billones de pesos (el gasto total anual pasaba a ser del 20,9% del PIB y es el porcentaje más bajo desde 2002), cuando fue del 24,43% (base caja) en 2021 y del 25,96% (devengado) en el año 2020 [4].

Incluso antes de la estratificación de las tarifas públicas, se observa en el DNU 331/22 una reducción de los subsidios en términos del PBI de 2,3 % en 2021 al 1,7% en 2022. Pero a ello debe sumarse la estimación del ajuste de la Secretaría de Energía por el ahorro fiscal producto de dicha segmentación, que será de 47.500 millones de pesos para este año y de 455.000 millones de pesos en base anualizada para 2023 (0,6% del PIB).

A estas estimaciones se debe sumar la Decisión Administrativa (DA) 826 del pasado 22 de agosto, que disminuye el presupuesto vigente en 210.000 millones de pesos, mientras incrementa el gasto en 82.000 millones de pesos por incrementos salariales de la Administración Pública Nacional (donde más de la mitad de los empleados públicos pertenecen a las fuerzas armadas y de seguridad) y empresas estatales, dando como resultado un ajuste neto del presupuesto nacional de 128.000 millones de pesos (un 0,8% del Presupuesto 2022).

Mediante la DA 826/22, se reducen los fondos disponibles en 50.000 millones de pesos para educación, en 10.000 millones de pesos para salud, en 50.000 millones de pesos al programa de viviendas Procrear y 100.000 millones de pesos para otras obras públicas y para desarrollo productivo. La reducción del gasto está en línea con el compromiso adoptado con el FMI de ajuste del déficit fiscal por la vía de recortes nominales, aumento de tarifas y/o menores subsidios a la energía y transporte y menores gastos reales por la mayor inflación. Así, las partidas que se recortan están vinculadas en una alta proporción a créditos vinculados a inversiones o gastos de capital en áreas como educación y salud, por transferencias a provincias y municipios, también en planes de vivienda y en apoyo a la producción. 

Sector financiero

Ahora, los bancos que fueron los que le compraron los dólares ingresados por deuda pública al BCRA y se los vendieron a sus clientes indiscriminadamente y sin cumplir con la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos –que exige saber fehacientemente el origen de los fondos en operaciones de cambio–, no sólo no son investigados por ello, sino que se los premia incrementando la tasa de interés que les paga el mismo BCRA por los encajes remunerados por los pases pasivos, Leliq y Notaliq que, al 19 de agosto, ascendían a 7 billones de pesos, incrementándose con respecto a diciembre 2019 en 699,79%, cuando la inflación acumulada fue del 136,1%, generando un excedente cinco veces mayor en términos reales.

SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO 2019- 2022
INDICADORES 30/12/2019 19/08/2022 Diferencia Porcentaje
Base Monetaria 1.829.109 4.246.467 2.417.358 132,21%
Circulación Monetaria 1.147.080 3.224.973
Cta. Cte. en el BCRA 682.028 1.021.494
Reservas Internacionales 45.190 37.066 -8.124 -17,98%
LELIQ y NOTALIQ 758.453 6.066.028 5.307.575 699,79%
Pases Pasivos 426.655 966.055    
Esterilización 1.185.108 7.032.083 5.846.975 493,37%
Adelantos al Tesoro 792.730 2.793.100 2.000.370 253,39%
Créditos al sector privado 2.476.189 6.175.474 3.699.285 149,39%
Depósito total 4.838.437 14.150.763 9.312.326 192,47%
Depósito en dólares 22.756 17.472 -5.284 -23,22%
Nota: IPC Inflación acumulada 01/01/2020 a 31/07/2022: 136,1%. En millones de pesos o de dólares, según corresponda. Fuente: Gerencia de Estadísticas Monetarias del BCRA.

Los demás indicadores monetarios demuestran la ineficiencia e ineficacia del BCRA y del sistema financiero. Por un lado, la emisión monetaria creció a la par de la inflación medida por el IPC del INDEC, manteniendo el bajo grado de monetización del final del gobierno de Mauricio Macri. Por otra parte, el total del crédito dado por el sistema al sector privado se incrementó levemente por encima de la inflación, pero disminuyeron fuertemente las reservas internacionales del BCRA en 8.124 millones de dólares, cuando en el período se obtuvo un superávit comercial acumulado de 31.000 millones de dólares. Paralelamente, los depósitos en dólares captados por las entidades financieras decrecieron en 5.281 millones de dólares.

Este cuadro de situación demuestra palpablemente que el sistema financiero crea renta para los principales bancos privados que, con la autorización para funcionar como entidad, captan depósitos del público y sin correr ningún riesgo se lo prestan al BCRA. Esa es su principal actividad y fuente de ingresos, mientras que el total de préstamos que genera el sistema en su conjunto es el más bajo porcentaje sobre el PIB de los últimos 20 años. El actual presidente del BCRA afirma que las Leliq respaldan el ahorro de empresas y familias. El BCRA dilapida 31.000 millones de dólares de superávit comercial, disminuye las reservas internacionales en 8.124 millones de dólares, el total del crédito es el más bajo de los últimos 20 años y, sin embargo, su titular se preocupa porque las Leliq sean el respaldo (que tampoco es cierto) de los depósitos que capta el sistema.

Hay un claro incumplimiento de las misiones y funciones del BCRA. El artículo 3° de su Carta Orgánica (ley 24.144) sostiene que debe “preservar el valor del dinero”, pero si no se preservan las reservas internacionales, ello es imposible. Por ende, todos los que cobramos en pesos sufrimos el deterioro permanente de nuestra capacidad adquisitiva por la política llevada a cabo por el BCRA, que lo que sí hace es garantizar una renta fácil, enorme y sin riesgo a los diez bancos privados más grandes.

Y no preservó las reservas internacionales porque le vendió dólares al precio oficial (tipo de cambio vendedor de 62 pesos en diciembre de 2019 a 145 pesos al día de hoy) a las empresas y personas que habían sido los mayores compradores de divisas en el período 2016-2019. El mismo BCRA lo sabe porque fue la entidad que realizó el informe, y lo hizo para que paguen supuestas deudas, amén de permitirles importar aviones, helicópteros y yates de lujo con el pretexto de que no se producen en el país. 

En síntesis

El gobierno dócil acepta lo que dicen los grandes medios y actúa en consecuencia: pone la lupa en que el déficit fiscal no supere el 2,5% del PIB y reduce a pasos agigantados el gasto público. Pero no se dice nada del déficit cuasi-fiscal generado por los cada vez mayores intereses sobre los 7 billones de pesos de encaje remunerado por el BCRA, suma que al tipo de cambio oficial equivale a unos 48.000 millones de dólares.

Nuestro país es el tercer PIB de América Latina. Este año va a superar los 90.000 millones de dólares de exportación, las exportaciones superan a las importaciones y, sin embargo, tiene más del 40% de su población bajo la línea de pobreza. Es generoso para una minoría rentista y cruel para la mayor parte de nuestro pueblo.

[1] Artículo 6°, inciso a): “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto, el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo”.
[2] Larry Fink, titular del fondo BlackRock, reconoce que tiene participación en el capital de ambas empresas: Telefónica y Pampa Energía.
[3] Larry Fink reconoce participación en el capital accionario del Grupo Banco Galicia por un 18,8% del total.
[4] Devengado contempla todas las obligaciones pagadas al cierre del ejercicio fiscal o no (adeudadas o pendientes de pago).

 

Fuente
El Cohete a la Luna

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