Cuáles son las dos empresas que denunció Massa por sobrefacturación de importaciones

El ministro inició el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos. La acusación es por “contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa”. Más allá de las dos compañías, habría en marcha más acciones contra otras firmas por maniobras fraudulentas.

El ministro de Economía, Sergio Massa, informó este martes que, tal como prometió a comienzos de su gestión frente a la cartera, presentó denuncias «contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros» por 12 millones de dólares. Las empresas denunciadas son NRG Argentina S.A., que opera en Vaca Muerta, y MARDG S.A.S. y no se descarta tomar acciones legales contra otras firmas.

La noticia fue confirmada por el titular del Palacio de Hacienda por Twitter, donde destacó que se trata de una «noticia muy importante bregando por mayor transparencia».

«De esta manera, y por orden de la justicia, se inicia el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos para investigar de manera articulada y coordinada estos delitos que perjudican al Estado Nacional», remarcó el funcionario.

Según la denuncia, MARDG S.A.S. y NRG Argentina S.A. y sus directivos -Damián Strier, Oscar Cesar Darío Guercio, Norberto Oriola, Karina Cantafio, Pablo Marull- están acusados de haber «aplicado al mercado económico y financiero ganancias de presunto origen espurio, obtenidas a través de maniobras de sobrefacturación de importación, mediante las cuales habrían egresado divisas al exterior de forma indebida».

La presentación judicial fue realizada el viernes 12 de agosto ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2. El documento señala que el Ministerio de Economía se notifica de estas supuestas irregularidades a través de una denuncia del 23 de junio que hizo el Departamento de Importaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) y acusa a las compañías por el presunto «contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa, a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realización de estas actividades ilícitas».

La investigación

A través del mismo documento judicial, el Ministerio de Economía solicitó al Banco Central que en un plazo de tres días envíe información sobre los giros de divisas que estarían vinculados a las compañías. Asimismo, se le pidió a la DGA que remita datos sobre el modo en que se registraron ocho destinaciones de importación ante el servicio aduanero en el exterior, en cooperación con la Aduana de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, se le requirió a la Dirección de Planificación Penal de la AFIP que informe en en plazo de tres días si algún contribuyente relacionado a NRG Argentina y MARDG S.A.S exteriorizó bienes.

«Controlar abusos en importaciones»

Al asumir como ministro, Massa había prometido «controlar abusos en importaciones» ya que se han «detectado situaciones de abuso por parte de empresas mediante mecanismos de triangulación, con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, es decir, que se apropiaban de los dólares que muchas veces las empresas Pyme piden para máquinas o los ciudadanos piden para medicamentos o equipos de salud u otros fines importantes».

En esa oportunidad, anunció que se abriría un registro por 60 días «para que rectifiquen su posición frente a la Aduana, tal vez entendiendo que a lo mejor cometieron simplemente un error». El mecanismo, que se constató en 13.000 operaciones de 722 empresas, consistía en «comprar productos a un precio, pasarlo por otro destino y traerlo sobrefacturado a la Argentina».

Pasados los 60 días, aseguró Massa en esa ocasión, «vamos a hacer las denuncias pertinentes en la justicia argentina de aquellos casos que no se presenten a aclarar o rectificar. Pero también vamos a hacer la denuncia en la Unidad Antilavado de Estados Unidos por lavado de dinero, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción».

Fuente
Pagina12

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