Por lo que el gobierno de Macri no solo pagó en efectivo el 100% de una sentencia cuestionada por distintos organismos internacionales, por la que había negociaciones en curso, sino que además realizó una emisión superior a las necesidades de financiamiento. La ley sancionada por el Congreso solo la había habilitado para el pago a los buitres.
El informe de la AGN sostiene que la información provista y expuesta por la Contaduría General de la Nación (CGN) “no fue completa y precisa en lo que respecta a los totales de deuda pública contingente por los Holdouts”. A su vez, señala que se observaron “contradicciones en las manifestaciones de la Oficina Nacional de Crédito Público y la Secretaría de Finanzas, en referencia al mismo asunto”.
Para el organismo de control, el sistema de registración de juicios resultó incompleto, por lo que se incumple la ley 25.344. “No se pudo concluir que se incluyeran la totalidad de las jurisdicciones internacionales donde el Estado litiga”, dice. En la misma línea, sostiene que la CGN se refiere a montos globales, por lo que no se puede discernir entre la ley nacional y la extranjera.
Con todo este escenario, la AGN concluye que las prácticas llevadas a cabo son contrarias a los criterios de administración de deudas públicas y deudas contingentes soberanas del Banco Mundial y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, normativas internacionales a las que Argentina adhiere.
Por: Andrés Lerner