La investigación por el espionaje ilegal se originó en una denuncia de la misma AFI
La titular de la central de inteligencia, Cristina Caamaño, encontró en 2020 tres pendrives en la delegación Mar del Plata del organismo que contenían fotos del espionaje a los familiares y los registros de sus actividades.
La investigación por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan se inició en septiembre de 2020 por una denuncia de la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.
La titular de la central de inteligencia encontró tres pendrives en la delegación Mar del Plata de la AFI que contenían fotos del espionaje a los familiares y los registros de sus actividades.
En rigor, los familiares, a fines de 2019, ya habían denunciado que eran víctimas de tareas de inteligencia pero la presentación judicial había sido desestimada por falta de pruebas.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, quien consideró que debía remitirse al Juzgado Federal de Dolores porque allí se tramitaban otras causas vinculadas a actividades de espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri.
La causa llegó entonces a manos del juez Martín Bava, quien entendió que lo más lógico era «investigar la red de espionaje ilegal de una manera que permitiera una lectura global» de las actividades de espionaje ilegal ordenadas entre 2017 y 2018.
Tras realizar pericias sobre los documentos encontrados en las memorias portátiles, Bava determinó que se habían realizado labores de inteligencia directa sobre los familiares del submarino hundido pero también sobre los familiares de las víctimas de los buques pesqueros hundidos «Rigel» y «El Repunte», que reclamaban al Gobierno nacional por la investigación de los siniestros.
Además, según constató el juez, la delegación Mar del Plata de la AFI había «infiltrado» a estos grupos de familiares y había tomado un volumen importante de fotografías de sus actividades de reclamo y protesta.
En base a la prueba analizada, el juez federal convocó al ex presidente Macri a prestar declaración a fines de octubre pasado pero la audiencia se suspendió ante la solicitud de la defensa del ex mandatario de que el Gobierno lo relevara de su obligación de guardar secreto.
Finalmente, el 3 de noviembre, y acompañado nuevamente por dirigentes de su espacio político, el expresidente se presentó ante el juez Bava y dejó un escrito en el que señaló que el magistrado era «incompetente» para juzgarlo y pidió ser sobreseído.
A principios de noviembre, Bava procesó al extitular de la AFI durante la gestión de Macri como también a su segunda, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros involucrados de la agencia.
Ayer, también fueron procesados con embargos de 20 millones de pesos dos exjefes de Contrainteligencia de la AFI durante la gestión Cambiemos, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, con lo cual la lista de procesados por el espionaje ilegal creció a 11 y hoy quedó en 12 con la definición de la situación procesal de Mauricio Macri.