Cuando en marzo de 2020 se decretó en la Argentina la cuarentena, sus ciudades sufrieron de pronto un cambio que en medio del shock no captó la atención como lo hubiera hecho en caso de ocurrir aislado: igual que en el cuento del flautista de Hamelín, las niñeces se esfumaron por completo del espacio público. Durante meses no pudieron ni siquiera asomarse a la vereda, so pena de que la mirada social reprobatoria se posara enseguida sobre sus progenitores.
Algo por el estilo sucedió con los pibes y pibas argentinos durante la última campaña electoral: estuvieron completamente ausentes. Salvo por alguna mención a la baja a la edad de imputabilidad o por cierto eco del debate alrededor de las clases presenciales, ese enorme porcentaje de la población del país que hoy tiene entre cero y 17 años no formó parte de las propuestas ni de los discursos.
Se habló de los precios y del FMI, de la inseguridad y del trabajo, de la calidad institucional, de la Justicia y de la agenda de género, pero no así del horizonte que supone el hecho de que seis de cada diez chicas, chicos y adolescentes son pobres cuando en un punto, por el tamaño de la injusticia que esa cifra representa, casi no se debería estar hablando de otra cosa.
La magnitud del problema
De acuerdo a los últimos datos del Indec, en la franja de edad de 0 a 17 años la pobreza afectó en el primer semestre de este año al 54,9 por ciento de la población. Los números de la indigencia –quienes ni siquiera pueden comer lo mínimo necesario para subsistir- indican que 16,8 por ciento de las niñeces argentinas (en total, más de 2 millones) son indigentes.
Luego hay cifras que provienen de otras mediciones. Unicef marca por ejemplo que 62,9 por ciento de las niñeces son pobres, con lo cual serían cerca de 8 millones los pibes y pibas que hoy viven en un contexto de múltiples privaciones.
«Naturalizar las injusticias es otro virus que afecta a una gran parte de nuestras sociedades», escriben Gabriela Magistris y Santiago Morales en Educar hasta la ternura siempre, libro recientemente editado por Chirimbote.
Para agregar: «Busquen en su memoria los recuerdos más hermosos de su niñez… seguramente se encontrarán con una tarde en bicicleta, con largas conversaciones con amigxs, con la picardía de trepar un árbol, con el recreo de la escuela, con la mirada amorosa de algúnx referente afectivo y ese paseo especial que compartieron, con las cosquillas en la panza por la chica, el chico o le chique que les gustaba. Es inadmisible, inconcebible e intolerable que 2 millones y medio de niñxs de nuestro país tengan infectados esos recuerdos por el desgarrador crujido del estómago vacío».
«Hay que ponerle freno al hambre ahora. Mañana será demasiado tarde», concluyen.
Las necesidades son derechos negados
Los niños y las niñas dependen ciento por ciento de los ingresos de sus familias. Cualquier modificación en el bolsillo de sus madres y padres les impacta muy directamente. Por eso el porcentaje de niñez pobre es aún mayor al total de población pobre, que hoy alcanza un 40,6 por ciento. De ahí viene el concepto de «infantilización de la pobreza», que tiene que ver con que su situación socioeconómica se vuelve todavía más vulnerable.
«Un niño o una niña cuya persona de referencia tiene un trabajo informal, o es cuentapropista en actividades de baja calificación, tiene una probabilidad de pobreza tres veces mayor que aquellos cuyo referente es un trabajador formal», precisa el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Sebastián Waisgrais.
Señala que «un hogar cuya jefa es mujer tiene tasas de pobreza mayores que aquellas cuyo referente es varón. Si un chico o una chica reside en un barrio popular o en un asentamiento, su tasa de pobreza es cincuenta por ciento más elevada que la del promedio general».
Hace años que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) viene trabajando por la defensa de los derechos de grupos desfavorecidos. La del derecho es, justamente, la perspectiva que adoptan para empezar a desgranar el desafío que la pobreza infantil pone por delante.
Los derechos de los chicos y chicas están reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y tienen rango constitucional. Por caso, que las niñeces tienen derecho a la salud o a la educación significa que el Estado tiene obligaciones respecto a la satisfacción de ese derecho y que no se trata únicamente de una obligación ética, sino también jurídica.
Francisco Rodríguez, coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ, sostiene que, si bien la protección especial que tienen niños, niñas y adolescentes implica que la ley obliga al Estado a gastar sus recursos en forma prioritaria en ellos, y que esas partidas no pueden ser destinadas a otros fines, «constantemente vemos reducciones o subejecuciones presupuestarias que de algún modo generan vulneraciones de derechos».
Un problema recurrente es que la mayoría de las veces a las niñeces se las suele ver como proyecto: la infancia solo adquiere sentido entonces en función de su futura adultez. «Es importante dejar de pensarlas como ‘el futuro’ y empezar a considerarlas como presente. Es verdad que la pobreza infantil genera más pobreza hacia el futuro, pero también que es un problema del hoy», dice Bárbara Zanino, integrante del equipo de derechos sociales de la niñez de ACIJ. Para señalar que «elles son sujetos de derecho hoy, no mañana. Y es hoy, durante su momento de crecimiento y desarrollo, que en el ordenamiento jurídico tienen derecho a una protección mayor».
Estrategias
«En la Argentina la pobreza infantil es un fenómeno estructural y multidimensional, no sería responsable indicar una única política para tratarla, solo son posibles los abordajes integrales», explica Rodríguez. Y aclara: «Lo que en todo caso hace falta es que niños, niñas y adolescentes sean para el Estado una prioridad real, y que eso se pueda ver en políticas de desarrollo infantil, educación y transferencias de ingresos, todo con una inversión sostenida a lo largo del tiempo».
La Asignación Universal por Hijo (AUH) es la política más importante en transferencias de ingresos para la niñez y la adolescencia en la historia de nuestro país. «Es importante sostenerla y pensar las transferencias como un conjunto», menciona Rodríguez. Al respecto, señala que el Estado nacional decidió hace poco ampliar las asignaciones familiares, mientras que el monto de la AUH –hoy de 5063 pesos- se mantuvo sin modificación. “Lo que observamos es que se empiezan a generar diversos patrones de desigualdad dentro de la política de transferencia de ingresos», explica.
Zanino apunta que sería importante trabajar el diseño de estas políticas desde la perspectiva de las infancias y adolescencias y no, como en este caso, en el que «el Estado está pensando las transferencias de ingresos a niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva de mejorar el salario de los trabajadores».
Ambos especialistas relatan que existen casos de chicas y chicos que reciben AUH, y quien ejerce la responsabilidad parental consigue un trabajo regular, aunque luego lo pierde rápidamente. «Hay muchas familias que van y vienen respecto de estos ingresos, lo que genera una discontinuidad en la prestación que hace que al fin y al cabo las niñeces no la terminen cobrando», describen.
Crecimiento y protección social
Waisgrais considera que los países que lograron revertir las condiciones de pobreza de sus habitantes lo hicieron con un mix entre procesos sostenidos en el tiempo de crecimiento económico y mucha protección social. «Para tener un dígito de pobreza infantil necesitamos crecer a una tasa superior al 3 por ciento anual en términos reales durante 15 años. Y adicionalmente, sabemos que las transferencias sociales funcionan y tienen impactos.»
«Ahora bien –aclara- la indigencia como deuda social es claramente erradicable«. Se trata de un cálculo teórico que deriva de transferir a esos hogares que están en una situación muy extrema, muy difícil y de muchas privaciones, el valor de la canasta básica alimentaria.
Waisgrais precisa que «para superar las situaciones de pobreza monetaria en todos los hogares del país se requeriría, según datos actualizados al primer trimestre de 2021, invertir 2,83 por ciento del PIB. Hoy la AUH representa aproximadamente 0,53 por ciento del PIB, con lo cual implicaría implementar cinco AUH en vez de una. Pero con una décima parte de esos recursos (0,33 por ciento del PIB) se lograría erradicar la pobreza extrema por ingresos, y los 2,5 por ciento del PIB restantes serían necesarios para permitir a los hogares pobres no indigentes superar el umbral correspondiente a la adquisición de la canasta básica total, es decir: sacarlos de la pobreza».
«Mas allá de ser un cálculo teórico, el 0,33 por ciento del PIB implica 11.855 millones de pesos mensuales y 142.250 millones de pesos para todo el año, que habría que ir revisando en términos reales», detalla. Agrega que, si bien esta política conlleva el desafío de identificar a la población objetivo y hasta quizás podría estar subestimando el fenómeno, “lo que queda claro es que eliminar la pobreza monetaria extrema en la niñez no sólo es la principal deuda social en las últimas décadas, sino que se trata de un objetivo que en la Argentina resulta fiscalmente factible”.
Las pibas, los pibes y su voz
La palabra infancia significa «carencia de voz», lo cual no resulta raro dado que las niñeces han sido históricamente invisibilizadas como sujetos sociales y políticos. De ahí que –señalan los expertos- sería positivo que el diseño de estrategias para abordar la pobreza infantil pudiera encontrar la forma de habilitar su participación y tomar en cuenta sus visiones del mundo, deseos, prioridades y esperanzas.
«Así como aprendimos a mirar con ‘lentes violetas’ para percibir y transformar la matriz sexista y hetero-cis patriarcal que nos atraviesa, insistimos en desaprender la mirada que reproduce modos adultocéntricos de vincularnos con lxs niñxs”, escribe –también en Educar hasta la ternura– el colectivo Filosofarconchicx. Y precisa: «No se trata de pensar ‘como los niñxs’ ni de tratar de definirlxs, sino de transformar nuestra tarea a partir del diálogo con ellxs, contemplando sus miradas».
Desde ACIJ destacan la creación en la Argentina de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que desde el año pasado está a cargo de la abogada Marisa Graham y que entre otras funciones debe diseñar e implementar mecanismos de participación de las niñeces.
«Lo importante es abrir estos espacios de participación y no solamente desde la sociedad civil, que históricamente ha tenido muchísimo activismo en este punto, sino también desde las instancias de toma de decisiones estatales», explica Rodríguez. «No se trata de hacer todo lo que ellos digan, sí de prever cómo se va a tener en cuenta lo que dicen. Para eso, en primera medida, necesitamos conocer su opinión», sentencia.
Por: Verónica Ocvirk