“Existen pruebas de que el efecto de la pandemia causada por el coronavirus es desproporcionadamente mayor en ciertas comunidades: personas negras o racializadas, pueblos originarios, personas apátridas, trabajadores golondrina, personas que tienen alguna discapacidad y mujeres, especialmente aquellas que pertenecen a alguno de los grupos anteriores”, afirma el encabezado de una denuncia presentada ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas (ONU).
El documento firmado por el CELS y más de una decena de organizaciones internacionales, afirman que los efectos de esta distribución son directos y que incluye la probabilidad de contagiarse el virus, como así también la falta de información adecuada y oportuna en diferentes idiomas; las medidas de prevención, y el fallecimiento de millones de personas. Pero también hay efectos indirectos: “cuando estas comunidades se ven empujadas a una pobreza aún mayor y a formas contemporáneas de esclavitud, son víctimas de violencia o sufren secuelas psicológicas desestabilizantes”, señalan.
Entre las cifras preocupantes, subrayan que los países más pobres apenas recibieron el 14% de dosis prometidas y que, en África, sólo el 5,8% de sus habitantes fueron inmunizados. Hacen un fuerte llamamiento a levantar las barreras de propiedad intelectual en todas las tecnologías médicas relativas al COVID-19, ya que esta situación junto a la falta de implementación de transferencia tecnológica, los países denunciados “están violando la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, una convención de derechos humanos ratificada por casi todos los países del mundo”.
Entre los firmantes se encuentran, además del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Alianza Africana (African Alliance); el Centro para los Derechos Económicos y Sociales (Center for Economic and Social Rights); Grupo por los Derechos de la Minoría (Minority Rights Group), Oxfam International y Campaña de Acción por el Tratamiento (Treatment Action Campaign). La petición fue coordinada por la Red Global de Abogados de Movimientos (de Movement Law Lab) y Red-DESC, y cuenta con el apoyo de SECTION27 y otras organizaciones.
“Sostenemos que la resistencia que oponen los Estados demandados a las exenciones generales del TRIPS (y su implementación) desde que fueran propuestas hace un año, obstaculizan los avances que podrían haberse logrado en lo que respecta al incremento de la provisión global y el acceso equitativo a las vacunas y otras tecnologías médicas para combatir el COVID-19”, despliega la presentación
El llamamiento al CERD fue presentado en la antesala del encuentro que mantendrá éste organismo el próximo 15 de noviembre, en una sesión de una semana, que coincide con la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 30 de noviembre. “La reunión ministerial de la OMC es una oportunidad clave para resolver el estancamiento de un año sobre la propuesta de romper el control del monopolio empresarial de tecnologías sanitarias para la COVID-19 mediante la concesión de una exención a los ADPIC”, afirman desde el CELS.
Argentina dona vacunas a países empobrecidos
Las autoridades nacionales de nuestro país son conscientes de la desigualdad en el reparto de dosis contra el COVID-19, de ahí surgió la iniciativa oficial de enviar 891 mil dosis a las cinco naciones que fueron relegadas en la distribución: África, Asia y el Caribe. Enviarán 450.000 dosis a Mozambique; 500.000, a Vietnam; 18.000, a Santa Lucía; 11.000, a San Vicente y las Granadinas, y 2000, a Dominica. El Ministerio de Salud de la Nación se encargó de subrayar que el país cuenta con la cantidad de dosis necesarias para continuar la campaña de vacunación, que ya reúne a casi 90 millones de dosis.
Por: Martín Suárez