El rechazo de la prisión preventiva a cinco ex directivos de Vicentin (incluído el actual presidente, Omar Scarel, aunque la imputación es por la responsabilidad que tuvo cuando era síndico) y al pedido de prisión domiciliaria con tobillera electrónica a un sexto imputado (Daniel Buyatti, ex presidente) dejó un gusto amargo entre los querellantes que asistieron a la audiencia del jueves último en los tribunales de Rosario. Sin embargo, la contundencia del pronunciamiento del juez Román Lanzón con respecto a los delitos cometidos (estafa y administración fraudulenta) y el aval y elogios que le otorgó a la investigación llevada a cabo por el fiscal Miguel Moreno, no dejan lugar a dudas: para el juez, los hechos delictivos están suficientemente probados. Confirmó las imputaciones a los 14 ex directivos y, además, afirmó al presentar su fallo: «Avizoro que, si se demuestra la responsabilidad de los imputados, la condena será a prisión de cumplimiento efectivo». Se trata de delitos con una pena a prisión de hasta seis años, que podrían acumularse por reiteración de delitos probados. La prisión preventiva por dos o tres meses, ahora denegada, pasaría a ser una anécdota menor.
El juez Lanzón reiteró un concepto que ya habían formulado los bancos extranjeros querellantes en esta causa, en oportunidad de la denuncia contra Vicentin en tribunales de Nueva York. «Podríamos estar ante una megaestafa sin precedentes», manifestaron en aquella oportunidad. Esta vez, fue el juez quien refirió, antes de la lectura de su fallo, que «nunca antes hemos visto en Santa Fe una causa así», por el tamaño de la empresa involucrada y por la cantidad de delitos probados.
El repaso de los hechos que realizó el fiscal Moreno en su investigación marca los siguientes hitos: el balance trimestral al 31 de julio de 2019 que presentó Vicentin mostraba que sus activos corrientes superaban a los pasivos corrientes en un 80%. El fiscal demostró que semejante holgura no era producto de una gestión extremadamente exitosa sino el producto de un ocultamiento de pasivos y otras falsedades en los balances que se arrastraban, por lo menos, desde 2017.
Una de las maniobras habituales era recibir el grano que los productores o cooperativas entregaban para la molienda y exportación, que Vicentin recibía en sus centros de acopio con «precio a fijar». Esto es, que no se concretaba la operación de compraventa hasta que el vendedor lo dispusiera, y recién entonces se definía el precio. Era la forma de especular del productor con el precio, y de Vicentin para garantizarse anticipadamente la disponibilidad del grano.
Entre el momento de la entrega del grano y el de la venta podían pasar muchos meses. ¿Cómo registraba Vicentin la operación? La investigación judicial detectó que Vicentin ingresaba el grano como bienes de cambio propios (los incorporaba a su activo corriente), pero no registraba la deuda con el productor (no lo sumaba a su pasivo corriente). La deuda bancaria, con el Banco Nación internamente y el consorcio de bancos extranjeros (que integran IFC, FMO, ING, Natixis y Rebobank) seguía creciendo con nuevos créditos de prefinanciación de exportaciones, mientras sus balances, hasta el 31 de julio de 2019, seguían mostrando más que saludables cifras. Pero el balance trimestral al 31 de octubre de ese mismo año, Vicentin no lo presentó. Treinta cinco días después de esa fecha, el 5 de diciembre, se declaraba en «estrés financiero», es decir cesación de pagos o default.
Este y otros hechos fueron suficientes para que el juzgado considerara probados los delitos de «estafa» y «administración fraudulenta». El juez, en cambio, consideró prescripto el de «balance falso», considerando que sus consecuencias ya quedaban incluidas en las otras imputaciones. En la siguiente etapa se deberá determinar la responsabilidad de los imputados. De los 14, tres llevan el apellido paterno Vicentin, y ocho el mismo apellido pero materno. Una gran familia que se repartía los roles en la empresa. Ahora se deberán repartir los cargos por los delitos que se les imputa.
Por: Raúl Dellatorre