El gobierno de Alberto Fernández, como ningún otro desde la recuperación de la democracia, ha tomado la decisión política de ordenar desde la máxima autoridad una amplia investigación del origen y destino de la deuda externa. Esta determinación estuvo motivada en la impactante emisión de deuda a ritmo y monto record históricos durante la administración macrista-radical 2015-2019.
Con esa orden ejecutiva, diferentes organismos del Estado han realizado importantes aportes a la comprensión del daño económico de ese período, y también han presentado –y lo siguen haciendo- contundentes pruebas en el ámbito de la Justicia acerca de la responsabilidad penal de los funcionarios responsables de la herencia económica-financiera más pesada que ha dejado el tercer ciclo neoliberal de los últimos 45 años.
Legado que no sólo está condicionando la actual política económica, sino que lo seguirá haciendo por varios años, fundamentalmente por la presencia que tendrá el Fondo Monetario Internacional a partir de su retorno al país como acreedor privilegiado con un inédito y político préstamo entregado al gobierno de Macri.
Además de tratar de ordenar para aliviar los vencimientos futuros, primero con la reestructuración exitosa con acreedores privados y ahora negociando un nuevo programa con el Fondo que incluya la eliminación de la sobretasa de interés y años de gracia, la voluntad política del Gobierno es que la Justicia se ocupe de los endeudadores seriales.
Investigaciones oficiales
No hay pocos que minimizan esta misión ya sea por desconocimiento de lo que se está haciendo o simplemente por complicidad. Ahora es el turno del trabajo de fiscales y jueces para evitar que predomine la impunidad en un ciclo de endeudamiento en el cual predominaron irregularidades manifiestas y operaciones financieras vidriosas.
Que la labor de funcionarios y la tradicional parsimonia judicial no tengan la suficiente difusión oficial o que cuando se comunican son ignoradas por la mayoría de los medios de comunicación y de analistas, no significa que no existan esos trabajos y personas comprometidas en profundizar las investigaciones.
El Banco Central, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Procuración del Tesoro de la Nación y la Auditoría General de la Nación han avanzado en el examen de ese endeudamiento vertiginoso.
Conocer los principales lineamientos de esos documentos oficiales sobre la deuda externa acumulada con acreedores privados y con el Fondo Monetario es una guía indispensable para evitar caer en confusiones que pueden tener como consecuencia apuntar a un blanco equivocado.
Banco Central
La investigación «Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019» brinda un preciso marco analítico para evaluar las consecuencias económicas nefastas del endeudamiento macrista.
Los siguientes son los aspectos más importantes de ese trabajo:
- El conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015 facilitaron la fuga de capitales por más de 86.000 millones de dólares y crearon las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo.
- El incremento de la formación de activos en el exterior de los residentes fue el resultado de un profundo cambio de paradigma impuesto por la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento tendientes a una desregulación de los mercados que impulsó el gobierno de Mauricio Macri.
- La sumatoria de estas medidas provocó una grave crisis que afectó a la economía del país y que se tradujo en menor crecimiento e inversión, mayor desempleo y un deterioro en la distribución del ingreso.
- La formación de activos en el exterior presenta en el período una notable concentración en unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por 24.679 millones de dólares. Por su parte, la formación de activos externos de los 10 principales compradores explica 7945 millones de dólares.
- El total de personas humanas que compraron divisas en este período fue de 6.693.065 y el total de personas jurídicas alcanzó la cifra de 85.279.
- Esa concentración también se observa cuando se diferencia entre personas humanas y personas jurídicas: apenas el 1 por ciento de las empresas que resultaron compradoras netas adquirió 41.124 millones de dólares en concepto de formación de activos externos y, en el caso de las personas humanas, tan sólo el 1 por ciento de los compradores acumuló 16.200 millones de dólares en compras netas durante el período.
- Al asumir en 2015, el gobierno de Mauricio Macri impulsó una primera fase de ingreso de capitales que duró hasta comienzos de 2018. De cada 10 dólares que ingresaron en esa etapa, 8 tenían su origen en colocación de deuda y capitales especulativos. El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas de portafolio sumaron 100.000 millones de dólares en el período.
- Con la reversión de los flujos de capitales a principios de 2018, las autoridades decidieron recurrir al Fondo Monetario Internacional, que desembolsó un préstamo record de 44.500 millones de dólares.
- Durante el período 2015-2019, la fuga de capitales se triplicó.
Oficina Anticorrupción y Procuración del Tesoro
El antecedente de la investigación sobre el insólito crédito del FMI, publicado en estas páginas, en mayo de 2019, fue un trabajo conjunto del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, con Eduardo «Vasco» Murúa, del Centro para la Integración Financiera/Ceppas, con Eduardo Codianni, y de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (Caip), que demostraron que, para contraer el crédito más importante de la historia argentina y del propio FMI, el macrismo violó varias normas nacionales que determinan cómo se tienen que tomar decisiones administrativas y financieras de estas características.
Con esa misma línea argumental, la Oficina Anticorrupción avanzó en la investigación para presentar luego una demanda penal, en la cual la Procuración del Tesoro solicitó que el Estado sea tenido como parte querellante. Se trata de la causa 3561/2019 «Macri, Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública».
La desesperación por conseguir dólares para eludir el default o la impunidad de creerse dueños del Estado, o ambas factores, llevó al presidente Mauricio Macri y su ministro Nicolás Dujovne y presidentes del Banco Central Adolfo Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris a suscribir el crédito violando «los deberes a su cargo», que la OA detalla de la siguiente manera:
- Incumplieron la solicitud al Poder Legislativo de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI (artículos 75, incisos 4 y 7, de la Constitución Nacional).
- Eludieron la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la Ley de Presupuesto (artículos 60 de la ley 24.156).
- Omitieron traducir documentos fundamentales en forma legal (artículo 6 de la ley Nº 20.305).
- Soslayaron la emisión del dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía y la autorización del Jefe de Gabinete de Ministros para el inicio de las negociaciones de la operación (decreto 1344/07).
- Evitaron la opinión previa del Banco Central respecto del impacto de la operación en la balanza de pagos (artículo 61 de la ley 24.156).
Con esta base argumental de la OA, la presentación judicial de la Procuración reclama que estos funcionarios expliquen por qué no cumplieron normas para tomar créditos externos, por qué los dólares recibidos se utilizaron para otro fin del estipulado en el programa con el FMI y, finalmente, indagar si hubo preferencias en la compra de esos dólares hacia financistas vinculados o cercanos al macrismo.
Este combo implica delitos de «incumplimiento de deberes y abuso de autoridad», «malversación de caudales públicos» y «defraudación por administración infiel en perjuicio de la Administración Pública Nacional».
En el escrito judicial se aclara que «la pretensión estatal de erigirse en querellante de modo alguno tiene la finalidad de impulsar la criminalización de la política económica» de la gestión macrista, sino que en el crédito del FMI «se presentan conductas que, en principio, resultan reprochables en términos penales».
Sindicatura General de la Nación
El informe de la Sigen “Análisis de los procedimientos aplicados para la celebración del Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional en 2018” estableció que el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras con el FMI, adjunto a la Carta de Intención del 12 de junio de 2018, expresaba en el capítulo referido al tipo de cambio (punto D de los objetivos) que “como parte de nuestro marco de metas de inflación estamos completamente comprometidos con un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado. Proponemos limitar las ventas de reservas internacionales a períodos en que haya una clara disfunción del mercado. Incluso en esos casos, planeamos absorber las presiones externas a través de un tipo de cambio flexible y ventas de divisas muy limitadas para acomodar las presiones del mercado cambiario”.
El reporte de la Sigen afirma que pese a la claridad y contundencia de ese Memorándum, prácticamente en simultáneo con la firma de la Carta de Intención, el Ministerio de Economía instruyó al Banco Central para que actuara de modo contrario a lo acordado con el FMI.
La Sigen expuso tres ejemplos de ese comportamiento:
- Una nota de la Secretaría de Hacienda al BCRA, a través de la cual requirió que se realizara del 25 al 29 de junio de 2018 subastas de divisas por hasta 100 millones de dólares diarios.
- Otra nota similar requirió que las subastas de divisas para el 28 y 29 de junio aumentaran a 150 millones de dólares cada día.
- Una tercera ordenando que a partir del 2 al 31de julio se subastaran hasta 100 millones de dólares cada día.
«De modo que resulta claro que se incumplieron los objetivos y compromisos asumidos en el acuerdo, para justificar y obtener el otorgamiento del préstamo», afirma el documento de la Sigen.
El Memorándum con el FMI disponía que las divisas debían utilizarse para “incrementar las reservas internacionales” y su venta debía resultar “muy limitada”. Sin embargo, esto no se verificó en la realidad porque «esas divisas fueron utilizadas como un seguro de cambio para aquellos fondos que invirtieron en pesos en el fabuloso negocio de las Lebac, y terminaron consumiéndose en la formación de activos externos, quebrantando los imputados la confianza del vínculo que los unía como funcionarios con los caudales públicos».
Auditoría General de la Nación
La Comisión de Control de la Deuda Pública de Auditoría General de la Nación, presidida por Francisco Javier Fernández, realizó un examen especial del total del endeudamiento apuntando a analizar la colocación internacional del «Bono del Siglo».
El informe de la AGN explica que «se trató de un endeudamiento gravoso para el Estado por el término exagerado de 100 años, tramitado en un tiempo exiguo, sin una estrategia de deuda previa, sin un marco de procedimiento, sin la intervención de áreas competentes y sin constancia de un análisis técnico sobre la conveniencia de instrumentos alternativos ni de las propias cláusulas insertas en el prospecto (por ejemplo, cláusulas de rescate). Lo señalado expone un manejo poco transparente e ineficiente que comprometió a generaciones futuras de argentinos».
Al analizar las características del bono apunta que el Estado se endeudó por 2750 millones de dólares pero recibió 2470,9 millones, lo que implica una diferencia de alrededor del 10 por ciento. Esto se debe no sólo a que su colocación fue al importante descuento, sino también al monto de comisiones y gastos involucrados en la operación.
La conclusión del informe de la AGN es contundente: debido a las características de la emisión, Argentina –al término de los 12 años- ya habría devuelto el 100 por ciento del monto captado, a los 50 años casi el 400 por ciento, y al final de los 100 años ya habría repagado más del 900 por ciento del monto neto recibido al inicio.
«Ah… pero Macri» durará entonces 100 años.
Por Alfredo Zaiat