Tal vez el dato más relevante para nuestro país de la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es que después de Rusia y Gran Bretaña, la Argentina es el tercer país con más beneficiarios de sociedades offshore del mundo. El resultado del estudio de casi 12 millones de documentos obtenidos de los archivos de 14 estudios de abogados y expertos fiscales que asesoran a los más ricos del planeta es revelador de la multitud de estrategias que se utilizan para ocultar el patrimonio y eludir el pago de impuestos. Si bien muchos de los empresarios, artistas y dirigentes políticos que aparecen en esos registros argumentan que sus sociedades han sido declaradas en los países de su residencia fiscal, lo cierto es que la experiencia indica que las sociedades offshore generalmente se constituyen en los refugios o guaridas fiscales por la opacidad que ofrecen así como por la nula o escasa fiscalidad de esas zonas. Es cierto que ninguna infracción comete un residente fiscal de un Estado que posee cuentas bancarias o constituye sociedades para canalizar inversiones en otro Estado siempre y cuando sean declaradas en su lugar de residencia fiscal. Pero como señala Ricardo Nissen, “resulta contrario al giro ordinario de las cosas y choca contra el sentido mismo de la decencia que quien pretenda intervenir en el tráfico mercantil de un determinado país omita inscribirse en sus registros de comercio, cuya existencia obedece a la necesidad de que los terceros conozcan la actuación documental de esa sociedad así como los datos relativos a sus fundadores, accionistas, etc.”. Si, por el contrario, optan por registrar la sociedad en una guarida fiscal, incurriendo en elevados gastos de asesoramiento y administración, es porque buscan opacidad e impunidad. De modo que en estos casos, en materia de ética, a diferencia de los casos penales, rige el principio de presunción de culpabilidad.
Se estima que alrededor del 8% del PBI mundial, es decir casi 7,5 billones de dólares, se encuentran invertidos en refugios o guaridas fiscales, de los cuales 1,5 billones pertenecen a ciudadanos latinoamericanos según el Reporte Global de Riquezas difundido por la firma The Boston Consulting Group. Tax Justice Network (TJN) calcula que, anualmente, la Argentina pierde recursos tributarios a causa de la evasión fiscal por unos 2.700 millones de dólares. Como dato llamativo, entre las diez guaridas fiscales más utilizadas por corporaciones y personas residentes en América Latina se encuentran democracias tan glorificadas como los Estados Unidos y varias dependencias del Reino Unido de la Gran Bretaña en las Islas Caimán, Islas del Canal, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y Bermudas. Quienes ofrecen amplios servicios en estas jurisdicciones offshore son respetables entidades bancarias internacionales y grandes firmas de estudios jurídicos y contables que brindan un amplio surtido de productos como fideicomisos, para ocultar y minimizar la carga impositiva de los grandes contribuyentes, o sociedades encadenadas que sirven de pantallas jurídicas para encubrir a sus finales destinatarios. Estas sociedades se van insertando una dentro de la otra como muñecas matrioshkas rusas. Un verdadero trabajo de orfebrería jurídica digno de mejor causa.
La invisibilidad de los empresarios de medios
Antes de avanzar en el tema central de la nota, conviene hacer un breve paréntesis para abordar el tratamiento dado por algunos medios de comunicación a los datos aportados por el Consorcio Internacional de Periodistas. En principio estos datos no son públicos y a la base de datos sólo tienen acceso los periodistas asociados en el ICIJ, lo que favorece que algunos hagan una selección sesgada de los temas elegidos. Ezequiel Adamosvsky ha criticado que los principales diarios de Argentina –exceptuando eldiario.ar– presentaran la información desdibujando lo que debió ser el tema central: “Los casos paradigmáticos sobre los que cayó el dedo acusador fueron los de los políticos. A ellos se sumaron alguna que otra celebrity, tal cantante, tal otro futbolista. La principal categoría ocupacional entre los evasores quedó más bien invisibilizada. Entre los miles de casos registrados, la abrumadora mayoría eran obviamente empresarios. La arquitectura de invisibilidad (mediática, legal, estadística, política) que protege a los ricos está allí para que no podamos verlo”. Otra decisión más escandalosa ha sido el ocultamiento deliberado de la información que comprometía a los directivos de Clarín, La Nación y Perfil. Según los datos que obran en la base de datos del Consorcio, Héctor Magnetto, José Aranda, Alejandro Saguier y Jorge Fontevecchia, accionistas de los medios de prensa citados, hicieron uso de los servicios prestados en las guaridas fiscales para constituir sociedades o abrir cuentas bancarias, según lo reveló la periodista de Diario.ar, Emilia Delfino. Pero estos medios que se habían prodigado en dar informaciones sobre políticos y personajes de la farándula, se guardaron cuidadosamente de entregar a sus lectores la información que los afectaba. ¡Qué bochorno para tantos consagrados periodistas de investigación de esos medios, que han tenido que plegarse servilmente a las exigencias de los editores, rompiendo con los principios básicos de la ética periodística! Como decía La Rochefoucauld, la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud.
La fuga de capitales
La fuga de capitales tiene lugar cuando los residentes de un Estado remiten fondos al exterior para realizar inversiones directas (compra de empresas o fundación de una nueva), comprar propiedades, adquirir activos financieros (acciones o bonos) o simplemente dejar el dinero depositado en cuentas bancarias. También contribuyen a la fuga de capitales la remisión de utilidades por los grupos multinacionales; los pagos de intereses y vencimientos de los créditos internacionales; los gastos de los turistas en el extranjero; o inclusive la compra de dólares para el atesoramiento debajo de los colchones. Todas estas operaciones pueden ser perfectamente legales cuando quedan registradas oficialmente y luego son declaradas en el lugar de residencia fiscal de los inversores. Pero a esta forma de fuga de capitales se añaden luego algunas operaciones que son claros mecanismos de elusión y evasión impositiva, como pueden ser la salida de capitales mediante la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones o las operaciones que se producen en el seno de los conglomerados internacionales mediante la manipulación de los precios de transferencias o los créditos intra-firma. Aquí es cuando comienzan a operar las sociedades constituidas en guaridas fiscales para el ocultamiento de esos fondos y para evitar que sean objeto de exacción fiscal. Magdalena Rua analizó en un interesante estudio publicado por el CEFIDAR la relación entre la banca internacional y las jurisdicciones del secreto fiscal. La importancia que adquieren todas estas formas de colocación de excedentes en el extranjero es que suponen una pérdida de ahorro interno y una grave limitación a la capacidad de invertir en el propio país. Según datos del INDEC, los depósitos en moneda extranjera en bancos del exterior o fuera del sistema bancario local, propiedades o inversiones en el exterior y acciones o títulos de deuda de gobiernos o empresas extranjeras que tienen los argentinos es récord: suman 336.224 millones de dólares, aunque dada la opacidad en que se encuentran la cifra podría ser inclusive superior. Como sostiene el mencionado estudio, la deuda pública externa ha cumplido un doble papel. Por un lado, ha sido una vía para el financiamiento del desequilibrio fiscal, pero al mismo tiempo ha venido cumpliendo un papel adicional, menos evidente, como es el de proveer divisas al sector privado para alimentar la fuga de capitales.
Existen muchas explicaciones sobre las causas que alimentan la fuga de capitales. La más recurrida es que la elevada presión impositiva constituye un incentivo para llevarse los ahorros fuera del país. Es un argumento que siempre debe relativizarse. Es cierto que la presión impositiva sería menor si todos cumplieran con sus obligaciones pero la Argentina registra un extendido número de incumplidores y una economía sumergida de considerable tamaño. Otro dato que indudablemente tiene gran efecto es la elevada inflación que desvaloriza los ahorros en la moneda nacional. Por la alta inflación los argentinos ahorran más en dólares que otros países que lo hacen en su propia moneda y se considera que es uno de los países con mayor cantidad de dólares billete per cápita del mundo. Un tercer argumento hace referencia a una supuesta inseguridad jurídica, una suerte de latiguillo que es empleado para oponerse a las intervenciones reguladoras del Estado. No obstante cabe aquí señalar que durante el gobierno de Mauricio Macri, que se suponía friendly con los mercados, la salida de capitales fue constante, lo que demuestra la naturaleza estructural del problema. Sólo resta añadir que la existencia de un considerable número de refugios o guaridas fiscales junto con una extensa red de proveedores de servicios especiales para crear compañías offshore y ofrecer anonimato a los detentadores de inversiones financieras, son contribuciones notables para alentar la fuga de capitales, una suerte de daño colateral provocado por el despliegue de la globalización.
Con independencia de la opinión que el fenómeno nos merezca, lo cierto es que estamos ante un hecho muy difícil de erradicar que tiene consecuencias muy negativas para la economía nacional. Políticamente equivale a una huelga de inversores que renuncian a cumplir su rol por su desacuerdo con las reglas de juego. La falta de inversión lleva a un proceso de deterioro de la capacidad industrial instalada por obsolescencia de los equipos, lo que determina caídas de la productividad y pérdida de la capacidad competitiva en los mercados internacionales. La falta de inversión en nuevas industrias que permitan sustituir bienes importados también repercute en la falta de creación de empleos suficientes para atender la oferta de mano de obra. Como es evidente, el flagelo de la desocupación ahonda la fractura social y llevan al desaliento y la pérdida de la autoestima de muchos compatriotas.
Medidas para abordar el problema
En los últimos años se ha intentado avanzar en la erradicación del fraude fiscal con la firma de convenios internacionales de intercambio de información tributaria entre los países. La OCDE impulsa un intercambio automático de información financiera al que se vienen incorporando distintos países del mundo, inclusive la Argentina, que no es miembro del organismo. Sin embargo Estados Unidos rehúsa sumarse al intercambio común y solamente realiza intercambios de información de conformidad con su Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, con aquellos Estados con los que haya firmado acuerdos intergubernamentales. De momento la Argentina no ha firmado un convenio de estas características. Es indudable que la labor realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es muy valiosa, porque ahora los hombres de negocio saben que la tupida red tejida en el exterior para ocultar sus activos no les ofrece garantías de quedar un día expuesto al bochorno que supone verse en los titulares de los periódicos como un presunto evasor fiscal. Una medida que en España se ha revelado muy eficaz para hacer aflorar dinero e inversiones en el extranjero ha sido la sanción por parte de la Agencia Tributaria en el año 2013 de una Orden en virtud de la cual todos los residentes fiscales en España que poseen bienes y derechos situados en el extranjero están obligados a presentar el Modelo 720 con una descripción minuciosa de esos activos. En el caso de incumplir la obligación de informar de los bienes o derechos situados en el extranjero, la multa se fija en 5.000 euros por cada uno de los datos que deberían haberse incluido en dicha declaración, con un mínimo de 10.000 euros. Por consiguiente podemos decir que en general es cada vez mayor la exigencia que tienen los contribuyentes de informar sin reticencia alguna sobre la extensión de su verdadero patrimonio en el mundo. En la Argentina, recientemente, la AFIP estableció la obligación de informar quiénes son los beneficiarios finales de compañías y fideicomisos locales y extranjeros.
Ahora bien, estas medidas, aunque necesarias, son meros paliativos que no podrán corregir un problema estructural tan profundamente arraigado. De allí la necesidad de una intervención política más contundente. Si, como se ha señalado, el sobreendeudamiento, la inflación y la escasa inversión productiva derivada de la fuga de capitales están entre las causas principales del estancamiento crónico que padece nuestro país, como dicen en España el toro debe ser tomado por los cuernos (imposible tomar a un toro por las “astas” como en la Argentina, ya que estas solo las poseen los cérvidos). Esto supone, como señalaba Torcuato Di Tella en Ideas para una nueva etapa (Editorial Corregidor), que haya que asumir con realismo cuál es el revés de la trama de la democracia. Si en la sociedad civil cada ciudadano es un voto, en la realidad económica cada corporación detenta un voto que posee una enorme capacidad de bloqueo. Frente a esa realidad quedan dos alternativas. Una es seguir en una dialéctica interminable arrojando responsabilidades morales sobre los otros. La otra alternativa es tratar de alcanzar acuerdos basados en transacciones recíprocas donde cada actor debe ceder algo a cambio para así definir una estrategia compartida que permita poner la locomotora sobre las vías e iniciar un proceso lento pero constante dirigido a aumentar las inversiones y generar empleo productivo. La izquierda progresista no debe perder de vista que el objetivo central de su estrategia pasa por aumentar la felicidad de los que menos tienen. En una situación socialmente tan dramática, la creación de empleo genuino constituye un objetivo impostergable. La empresa es tan loable que habría que estar dispuesto a hablar incluso con el avieso demonio capitalista, si fuera condición necesaria para alcanzar ese resultado.