Las nuevas revelaciones de sociedades offshore que involucran a personalidades de los más diversos ámbitos de todo el mundo dadas a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en los denominados Pandora Papers provocaron la reacción defensiva de los involucrados -entre ellos del exprimer ministro laborista Tony Blair y de las autoridades del Kremlin-, como así también el pedido de renuncia al presidente chileno Sebastián Piñera por parte del candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.
En el caso de esta región, se aludió al mandatario de Ecuador, el banquero Guillermo Lasso, sobre quien la investigación del ICIJ aseguró que a finales de 2017 transfirió activos y acciones desde un entramado de 14 sociedades offshore, la mayoría radicadas en Panamá, a dos fideicomisos constituidos en Dakota del Sur, Estados Unidos, revelación que Lasso contestó el domingo a la medianoche a través de un comunicado dirigido «a los ecuatorianos», aunque la oposición, sobre todo el expresidente Rafael Correa, lo cuestionaron duramente.
La denuncia contra Lasso, quien dijo que «todas las inversiones que realizó en Ecuador y en el exterior están dentro de la ley», es particularmente significativa porque en Ecuador rige una normativa surgida de un referéndum -la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero de 2017- que prohíbe expresamente a los presidentes en ejercicio, como también a los funcionarios públicos y a los candidatos que se postulen para un cargo electivo, poseer en su patrimonio «bienes o capitales, de cualquier naturaleza en territorios considerados paraísos fiscales».
Tras la réplica de Lasso, Correa recordó desde su cuenta oficial de Twitter que tras la filtración conocida como Panamá Papers, en abril de 2016, el entonces primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció tras revelarse que junto a su esposa habían creado una sociedad offshore en las islas Vírgenes Británicas con varios millones de dólares que utilizaban para hacer inversiones en los bancos de su país.
En Chile, en tanto, el candidato Enríquez-Ominami pidió unidad a la oposición chilena para reclamar la renuncia de Piñera, un día después de que el Gobierno desmintiera que el mandatario haya participado en 2010, durante su primer mandato presidencial, en la venta de una empresa minera a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas, como señaló la pesquisa.
El aspirante del Partido Progresista (PRO) y fundador del Grupo de Puebla afirmó a través de un video que «corresponde que, de manera responsable, que el Presidente (Piñera) dé un paso al costado», porque «la confianza está rota», subrayó Enríquez-Ominami, quien añadió que por consiguiente «no están las condiciones para que un mandatario, ante tamaña denuncia, continúe en su cargo».
La investigación, que se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos de abogados que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, destapa cómo la elite mundial usó una telaraña de artilugios en sitios especializados para estas prácticas, como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas o el estado de Dakota del Sur en EEUU, con la intención de no pagar impuestos.Según esta pesquisa, 35 líderes mundiales, entre ellos 14 mandatarios y exmandatarios latinoamericanos, operaron en paraísos o guaridas fiscales para evitar el escrutinio público sobre su patrimonio real, una práctica cuestionada pero habitual entre la elite del planeta que consiste en crear sociedades offshore (que significa que el beneficiario no reside en ese lugar, pero que aprovecha el secreto bancario o un régimen impositivo flexible vigente en ese territorio) para realizar inversiones sin que se identifique al comprador real, o también para evadir impuestos del fisco, e incluso por diferencias familiares ante conflictos legales por divorcios o sucesiones,
Tras la saga de denuncias que inició la filtración conocida como Panamá Papers, el debate mundial sobre la mecánica de evadir y ocultar fondos volvió a quedar en el centro de la agenda y resurgieron propuestas como las esbozadas hoy por los académicos Gabriel Kucman, de la Universidad de Berkeley, y Lucas Chancel, de la Paris School of Economics, quienes plantearon directamente «prohibir» el uso de empresas fantasma, o «cascarones vacíos», o impedir el intercambio comercial con este tipo de empresas, según difundió la agencia AFP.
Este tipo de propuestas, sin embargo, propone terminar con una operatoria que está en el centro de las dinámicas del sistema financiero global, de los bancos mayoristas y de los estudios jurídicos vinculados a la actividad de bancos y fondos de inversión, una mecánica consolidada desde hace muchísimo tiempo y que se utiliza de modo creciente en todo el mundo, como lo refleja el dato de que Rusia, Gran Bretaña y Argentina figuran, en ese orden, como los tres países con más personas implicadas en en el uso de estudios jurídicos para crear sociedades off-shore que fue investigado por los Pandora Papers.
En el caso de Rusia, Vladimir Putin no está mencionado en persona pero sí relacionado a activos secretos descubiertos en el principado de Mónaco, especialmente a una residencia comprada a una rusa que supuestamente era su amante, información a la que el Kremlin calificó hoy de «infundada» para luego remarcar que en el entorno más cercano al presidente no hay riquezas ocultas.
«No hemos visto ninguna riqueza oculta del entorno más cercano de Putin. No sé durante cuánto tiempo continuará la filtración, pero por ahora no hemos visto nada especial», señaló el vocero Dmitri Peskov en una rueda de prensa.
«Aún no está claro qué tipo de información es, surgen preguntas y no se sabe si se puede confiar en esa información, pero no significa que sea una razón para abrir una investigación, primero debe aparecer una publicación seria», manifestó Peskov, para quien lo publicado hasta ahora es un «conjunto de afirmaciones gratuitas».
Jordania, en tanto, calificó de «exageradas» e «inexactas» las informaciones publicadas en la investigación sobre el rey Abdullah II, y aseguró que su difusión constituye «una amenaza para la seguridad del monarca y su familia».
La investigación afirma que Abdullah II creó una treintena de sociedades offshore a través de las cuales compró 14 propiedades de lujo en Estados Unidos y Reino Unido, por valor de más de 106 millones de dólares.
«Algunas de las informaciones de prensa publicadas sobre los bienes inmuebles del rey son inexactas, deformadas y exageradas», indicó el palacio real en un comunicado, según informó la agencia de noticias AFP.
«La publicación por ciertos medios de las direcciones de estos apartamentos o residencias constituye una amenaza para la seguridad del rey y de los miembros de su familia», agregó el comunicado de la dinastía jordana.
También el exprimer ministro británico laborista Tony Blair y su esposa Cherie negaron rotundamente haber cometido un delito al comprar una propiedad en Londres valuada en 6,45 millones de libras por el cual se ahorraron 312.000 libras de impuestos, como señala la pesquisa internacional de ICIJ.
Un portavoz de la pareja insistió a los medios británicos que los Blair «no tenían nada que ver» con la decisión de adquirir la casa comprando una empresa offshore que era propietaria de la vivienda, debido a que fue la elección del vendedor.
«El vendedor vendió la empresa, no la propiedad; de nuevo, una decisión con la que los Blair no tuvieron nada que ver. Para que conste, los Blair pagan impuestos completos sobre todas sus ganancias y nunca han utilizado esquemas extraterritoriales para ocultar transacciones o evitar impuestos», afirmó el vocero del exprimer ministro laborista y su esposa.
Entre los argentinos mencionados en la investigación figuran uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, Mariano Macri, autor del libro «Hermano»; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el jugador del Paris Saint Germain y de la Selección Ángel Di María; el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado de Néstor Kirchner; y el exfutbolista Javier Mascherano.