Violencia política, actitudes sociales y responsabilidades institucionales

Fuente: * María Lorena Montero y *Ana Inés Seitz para TRAMAS Boletín de noticias sobre Trabajo y Sociedad en Bahía Blanca

Foto: apepe

“La historia no es un repertorio de simplezas, un conjunto de respuestas tranquilizadoras, sino la base, la plataforma de nuevas preguntas, un modo de interrogarnos a nosotros mismos. Contrastamos el presente con el pasado y aprendemos de la diferencia, de lo que nos diferencia”

Serna, 2016: 109

El 17 y el 25 de mayo pasados Bahía Blanca fue objeto de dos atentados. Para quienes investigamos el pasado reciente, las formas de la violencia y los blancos elegidos nos remiten a la década del ´70. Pero esta relación también fue percibida por amplios sectores de la sociedad. Como señalaba el lector de un periódico local: “estas situaciones ya se vivieron en el pasado y el grueso de la población no quiere sufrir más esos momentos”.

¿Qué continuidades y qué diferencias podemos reconocer entre ambos acontecimientos y los episodios de violencia que marcaron los años setenta en la ciudad y el país?

En relación con las continuidades, nos interesa pensar algunos aspectos. Revisando las publicaciones en redes sociales e incluso la cobertura mediática del atentado a la sede partidaria, se evidencia la preocupación por los modos en que este ataque afectó (o podría haber afectado) a los vecinos y comerciantes próximos o a las personas que pasaban por allí. Es decir, como se señala en distintos comentarios de lectores/as, a aquellos/as que “no tienen nada que ver”, los “inocentes que había alrededor del inmueble”, los “vecinos que no merecían esto”, “los pobres comerciantes que la ligaron de rebote”, en otras palabras, la gente común y corriente.

Esta interpretación repone una lectura sobre el fenómeno de la violencia de amplia circulación en el espacio público local y nacional en los años ‘70. Por entonces, la mayoría de la ciudadanía se pensaba al margen de los episodios de violencia y de sus actores, como víctima y como espectadora. Y, en este marco, gran parte de los blancos de la violencia en aquellos años eran vistos como responsables de las agresiones sufridas.

Una representación similar de ajenidad sobre la violencia y sus afectados percibimos en el presente. Cada atentado es pensado como un problema de un grupo particular (“la comunidad judía local”, “la Cámpora”) y no de la sociedad bahiense en su conjunto. Y la cuestión significativa son solo los “efectos colaterales” de estos hechos de violencia política sobre la gente común. ¿Qué nos dice de nuestra convivencia democrática que no consideremos que es nuestra comunidad la que ha sido víctima del hecho, es decir, que se trata de un problema de nuestra sociedad en su conjunto (y no de un grupo aislado de ella que, además, se señala que -de alguna manera- ha provocado este acto)?

No puede pasar desapercibido que aquel pasado de violencia política de los setenta, hoy está siendo juzgado en la ciudad. Los argumentos vertidos en las redes sociales a raíz del atentado a la sede del Frente de Todos, tienen puntos de conexión con los esgrimidos hace pocos días por el abogado defensor de los miembros de la Triple A que actuaron en la ciudad entre 1974 y 1975. Los/as historiadores/as observamos en contexto, y no podemos soslayar que una parte de esos discursos confluyen en torno a la idea de una interna peronista que explicaría toda la violencia (en los setenta y hoy).

Hasta aquí las analogías. Pero también podemos reconocer diferencias entre el presente y el pasado reciente. El extendido e inmediato repudio que los atentados generaron en instituciones muy diversas de la ciudad (partidos políticos, movimientos sociales, sindicatos, entidades patronales, clubes barriales, universidades, etc.), proyectó un contundente y mayoritario rechazo a la violencia política, fundado en el “Nunca Más”. Ello se contrapone con las actitudes asumidas en los años setenta por distintos sectores de la sociedad civil que apoyaron, consintieron o -al menos con su inacción- no evitaron el ejercicio de la violencia y la represión como modos de resolución de la conflictividad política.

Ahora bien, qué podemos decir como historiadoras acerca de los horizontes que se abren a partir de aquí. Estos episodios pueden ser eventos aislados o puede tratarse del punto de inicio de una cadena de acontecimientos violentos. No podemos profetizar si ocurrirá una cosa o la otra.

La búsqueda de indicios que nos permitan avizorar el sentido de estos hechos (y lo que ocurrirá después) nos lleva a pensar cuál fue el comportamiento de algunos actores centrales frente a este tipo de episodios de violencia en el pasado. Sabemos que en la década de 1970 la tarea de jueces, fiscales y del personal policial, se limitó a cumplir con los pasos procesales de rigor, de modo que no pudieran ser acusados de inacción, pero siempre tomando los recaudos necesarios para evitar que las “diligencias practicadas” hicieran emerger a los responsables a la superficie. Así, los funcionarios se protegían a sí mismos, al tiempo que brindaban cobertura a los protagonistas de atentados, asesinatos, amenazas, etc.

Nos preguntamos ¿qué harán ahora los/as funcionarios/as encargados/as de llevar adelante la investigación de estos atentados? Si se repite la lógica asumida por los operadores judiciales en el pasado, es decir, si los responsables no son identificados y castigados por el delito que cometieron, se estarán sentando las bases para que estos u otros grupos sigan haciendo aún más daño.

Pero lo que ocurra no dependerá sólo del rol que asuman las autoridades encargadas de sancionar a los responsables. El futuro no sólo estará condicionado por posicionamientos institucionales y de las fuerzas políticas, lo que ocurra indudablemente dependerá de lo que seamos capaces de hacer como comunidad. De lo mucho o lo poco que estemos dispuestos/as a aceptar la violencia como algo natural y a sus destinatarios/as como un “otro” que merece lo que le pasa porque “algo habrá hecho”.

* Docentes e investigadoras de la Universidad Nacional del Sur.