Devaluacionistas y antivacunas

La política económica de 2021 estará guiada por cuatro objetivos prioritarios, en un contexto todavía muy incierto por la evolución de la pandemia. La generación en el país de una segunda ola de contagios parece un hecho, lo que obliga al Gobierno a empezar a diseñar un nuevo operativo de rescate por si el coronavirus impone otra vez el cierre de actividades.

El avance de la campaña de vacunación será fundamental también en este aspecto, el económico. Mientras antes se logre controlar a la covid-19 más rápida será la recuperación. Los sectores políticos y mediáticos que operan contra la vacuna son los mismos que alentaban la devaluación. En este caso podía primar el interés económico de grupos concentrados, pero elegir la salud pública para fomentar la grieta lleva las estrategias de desestabilización a otro terreno, aún más delicado.

El Gobierno tiene como hoja de ruta para este año avanzar en cuatro aspectos, que son también el norte del Frente de Todos en su concepción económica: equidad distributiva, industrialización, desdolarización y autoabastecimiento energético. Son caminos hacia el desarrollo, pero también un desafío de coyuntura para empezar a generar una recuperación económica más sólida, más allá del rebote que se observa desde el profundo subsuelo de abril, cuando la pandemia provocó el “gran apagón global”, como se ha denominado internacionalmente a la crisis del coronavirus.

En la Argentina, el PIB de 2020 anotará una caída del 10,1 por ciento, la segunda más grave desde el 10,9 de 2002, de acuerdo a la última estimación de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, es presidenta del consejo directivo de esa usina del pensamiento heterodoxo.

Según estimaciones de organismos internacionales –dice FIDE en esa presentación- el PIB mundial de 2020 tendrá una contracción de al menos 4,4 por ciento, haciendo que la baja de la producción sea solo comparable con la crisis de 1930. En América latina, el PIB anotaría un desplome del 8,1 por ciento.

“Desde la perspectiva de 2021, una caída tan fuerte deja una base de comparación para la actividad muy baja. Producto de ello creemos que, aun en un escenario de mínima, el año se ubicará en terreno positivo”, explica FIDE. “Nuestro escenario base considera una recuperación económica del 5,6 por ciento, con crecimiento a partir del primer trimestre, que se acelerará con fuerza en el segundo”. Si se evitan nuevas medidas restrictivas, porque se domina la pandemia, en la segunda mitad del año el crecimiento podría ser mucho mayor, completa.

Sin embargo, para que eso sea posible no solo es preciso que el coronavirus no vuelva a forzar el cierre de actividades, sino que también es indispensable sortear las presiones que existen dentro del Fondo Monetario Internacional para que la Argentina adopte medidas de ajuste estructural.

Varios países de Europa, con Alemania y Holanda en primer lugar, Japón y técnicos del staff del FMI reclaman a la conducción del organismo, a cargo de Kristalina Georgieva, que imponga al gobierno de Alberto Fernández requerimientos de consolidación fiscal que ahogarían las posibilidades de estímulo para la reactivación.

“Según consta en los estatutos del propio FMI, el Acuerdo de Facilidades Extendidas que negocia la Argentina está destinado a ‘corregir las debilidades estructurales’ e ‘implementar reformas que apunten a reducir las vulnerabilidades de mediano y largo plazo’. Es decir, las recetas ortodoxas que el Fondo nos tiene acostumbrados: déficit cero, privatizaciones, reforma jubilatoria y desregulación cambiaria”, advierte FIDE.

“El Acuerdo de Facilidades Extendidas es el que tuvo la Argentina durante los años 2000, Grecia a partir de 2012, el que firmó Ecuador recientemente y que tienen otros ocho países bajo programas de asistencia financiera con el FMI”, recuerda, para señalar los riesgos que puede traer la negociación.

Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central, también alertó sobre el punto. Elaboró un informe donde expone que cada vez que el país siguió el camino del ajuste, el déficit fiscal en lugar de bajar, subió, y la que se achicó fue la economía.

Toma como ejemplo tres ciclos de gestión neoliberal. El primero, entre 1978 y 1981, con Martínez de Hoz, desembocó en un alza del déficit presupuestario de 3,23 puntos del PIB en esos años a 4,10 puntos entre 1981 y 1982, en tanto que la economía pasó de bajar 0,38 por ciento a una dura recesión de 4,30 puntos.

El segundo ciclo, entre 1998 y 2001, llevó el rojo fiscal de 0,35 hasta 0,95 puntos del PIB en 2001 y 2002, mientras la economía agudizó su derrumbe de 1,2 a 7,65 por ciento.

El tercer ciclo, con el gobierno de Cambiemos, sí logró disminuir el déficit fiscal, de 2,68 por ciento entre 2016 y 2017 a 1,38 por ciento en 2018 y 2019, pero la economía igualmente se fue a pique, al pasar de una contracción del 0,97 por ciento en el primer bienio macrista a 2,33 por ciento en el segundo.

“Los desequilibrios fiscales solo se resuelven de forma sostenida y virtuosa con políticas de crecimiento, no con ajuste. Nuestra historia es rica en refrendar esta hipótesis. Los caballos tienen que ir antes del carro. Forzar un ajuste siempre generó recesión y agravó las crisis”, concluyó Vanoli.

El informe de FIDE asegura que el Gobierno se anticipó a las presiones dentro del Fondo Monetario y le planteó a Georgieva que las prioridades para la negociación con el organismo serán los cuatro puntos mencionados anteriormente: avanzar en los próximos años con políticas de equidad distributiva, industrialización, desdolarización y autoabastecimiento energético.

Respecto de la equidad distributiva, el Gobierno tiene como gran desafío que salarios, jubilaciones y demás ingresos fijos suban por arriba de la inflación, para lo cual se requerirá sintonía fina en materia de tarifas, acuerdos de precios y regulaciones. La marcha y contramarcha con el incremento de las prepagas muestra que la tarea no es sencilla.

Para administrar las tensiones que generará la puja distributiva, la apuesta del oficialismo es el acuerdo económico y social.

“La generación de consensos amplios entre los distintos actores económico-sociales y la unidad hacia el interior de la coalición gobernante aparecen como condiciones de borde para encarar la enorme tarea de la reconstrucción”, plantea FIDE, sumando el condimento político de la unidad del Frente de Todos para conseguir que 2021 sea un año de despegue.

Una reforma tributaria progresiva, a fin de que los sectores con mayor capacidad contributiva sean los que más paguen, también forma parte del plan en cuando a la distribución del ingreso.

Finalmente, respecto del objetivo de empezar a desarmar el andamiaje bimonetario sobre el que funciona la economía argentina, destaca el documento de FIDE, “si bien hay un largo camino por recorrer, aparecen algunas tendencias positivas, como la relativa remonetización o bien la reaparición de instrumentos de ahorro en pesos dirigidos a financiar la producción e inversión”.

La pandemia, los antivacuna y los ajustadores dentro del FMI asoman como obstáculos a superar por el Gobierno en un año clave, por la necesidad de empezar a reparar los daños que sumó el coronavirus a la crisis del macrismo, y también para afianzar su proyecto político en el año electoral.

Fuente. David Cufré para Pagina12

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