Empresarios divididos por el aporte de las grandes fortunas
El establishment rechaza con vigor el aporte extraordinario que propone el Gobierno para las grandes fortunas del país. Aseguran que es “confiscatorio” que se grave con un 2 por ciento a los patrimonios por encima de los 200 millones de pesos. Ese monto es “un poco más del promedio”, según Daniel Funes de Rioja de la Copal. Anticipan que la consecuencia será una “rebelión fiscal como nunca se ha visto”, según el banquero Jorge Brito.
Hasta el último día antes de su llegada al Congreso, los grandes empresarios exigieron que no se trate, mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) pidió cambios. En tanto, dirigentes pymes apoyan la iniciativa por tratarse de un momento crítico debido a la crisis del coronavirus, que encontró al Estado con pocas herramientas para realizar política económica debido a la recesión de los últimos dos años.
Este martes llega a la Cámara de Diputados el impuesto a las grandes fortunas, que de aprobarse, alcanzará a unas 9300 personas. El Foro de Convergencia Empresarial convocó al Congreso a que “retire la discusión de este mal impuesto”. A través de un comunicado, indicaron que es confiscatorio porque recae sobre activos que ya están gravados por el impuesto a los bienes personales, y considera que obligará a quienes tengan que tributar a “a vender parte de sus bienes para poder hacerle frente”.
La entidad asegura que el país “necesita del esfuerzo de todos”, y le pide al sector público alguna medida de “redimensionamiento o racionalización” del gasto. El fin de semana la Mesa de Enlace emitió un comunicado en el que indicó que las personas alcanzadas “lejos de estar en una situación holgada, deben desprenderse de activos como maquinaria o tierras para poder hacerle frente”.
En esta misma línea, la UIA pidió introducir modificaciones a la iniciativa para que las empresas no destinen “recursos afectados a la producción”. En un documento de 8 páginas difundido este lunes, la entidad que preside Miguel Acevedo propone excluir de la base de imposición a las acciones en activos productivos y permitir que el monto del aporte implique un bono para inversiones productivas. “El proyecto no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles”, dice el documento.
En septiembre, cuando el proyecto de los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller llegó al Congreso para ser debatido en comisión, la Asociación Empresaria Argentina, que lideran Paolo Rocca y Héctor Magnetto, había pedido “evitar la aplicación de impuestos confiscatorio que alejen de la Argentina a empresas y personas”. En octubre, durante toda la jornada del Coloquio de IDEA, los empresarios se manifestaron en contra del aporte. Sin embargo, en un panel que organizaron para conversar sobre la problemática de la pobreza, los dos expositores se mostraron a favor.
Por el contrario, sorprendió el cafetero Martín Cabrales al asegurar que “nadie no puede no estar de acuerdo con las razones por las que se genera el tributo”. Sin embargo, dijo estar de acuerdo si se realiza por «única vez», tal como plantea el proyecto de ley, y no como otros impuestos como el del cheque, que quedaron por “20 años”. También en septiembre Claudio Belocopitt, empresario de la salud, había dicho que estaba de acuerdo “si el dinero se usa bien”.
Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo y Morolio, admitió que le tocará pagarlo, pero dijo que le parece bien, porque no se puede vivir “con tanto egoísmo”. “El único que puede ayudar es el que tiene, y no tenemos que esperar a que se le rebalse el vaso”, argumentó. Desde la semana pasada, la Asamblea de Empresarios Pymes (Apyme) venía reclamando el «urgente» tratamiento al Congreso.
En tanto, Damián Regalini, del Consejo Productivo Nacional, afirmó que el aporte “es necesario, porque la situación del país es crítica” y resaltó que en Europa se aplican “aportes similares”. Por su parte, Marco Meloni, de Industriales Pymes, aseguró que el objetivo es que el Estado pueda seguir financiando políticas como el IFE o el ATP, dado que “la fuga de capitales de los años previos lo dejó con poco margen”. Mariana Silikovich, dueña de una pyme textil, agregó: “Estoy súper a favor, porque esa plata va a volver al comercio de barrio, ojalá hubiese sido millonaria para poder aportar”.
Fuente. Pagina12