Diputados trata el aporte solidario a las grandes fortunas en una sesión maratónica
La Cámara de Diputados debate este martes en una maratónica sesión el proyecto que establece un Aporte Solidario a las grandes fortunas, luego de haber aprobado el Presupuesto 2021 venido en revisión desde el Senado. Se espera que la votación se de en la madrugada.
El primer tramo la sesión fue conducida por el vicepresidente de la Cámara baja, Álvaro González (PRO), pero a la noche se incorporó el presidente del cuerpo, Sergio Massa, cuando los médicos consideraron que no debía seguir el aislamiento debido a que el hisopado que le hicieron a un miembro del FMI con el que había estado en contacto finalmente dio negativo.
El Aporte Solidario Extraordinario a las Grandes Fortunas busca recaudar algo más de $300.000 millones para destinar a planes productivos y sanitarios. El Frente de Todos consiguió el apoyo del interbloque Federal, que conduce Eduardo Bucca; del interbloque Unidad para el Desarrollo, que preside José Luis Ramon y se sumó también Acción Federal, cuyo titular es Felipe Álvarez, quien hasta hace quince días formaba parte de Juntos por el Cambio, por lo que se descuenta su aprobación.
Al abrir el debate como miembro informante, el diputado del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, aseguró que el proyecto de ley de aporte solidario extraordinario «no va contra nadie» y sostuvo que «no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen».
«Estamos frente a una situación de emergencia que es lo que le da la situación de excepcionalidad, extraordinario. Y es por única vez, porque se pretende -con sustento en los principios constitucionales de solidaridad- alcanzar a personas humanas titulares de grandes fortunas», afirmó.
Según precisó, «la solidaridad se expresa en la cantidad de personas que en el otro extremo serán beneficiarias del aporte solidario y podrán morigerar los efectos de la pandemia que estamos sufriendo». «Se ha dicho que hay quienes tendrán que vender sus bienes para afrontar este aporte. Es falso de toda falsedad», dijo al rebatir las críticas opositoras al proyecto.
El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado el PRO, Luciano Laspina, justificó la negativa de Juntos por el Cambio a acompañar la iniciativa al sostener que «la emergencia no habilita a violentar los principios de la Constitución Nacional».
Luciano Laspina
“Se gravan activos que alientan el ahorro nacional: activos empresarios y bienes rurales. Es un impuesto a la inversión en la Argentina. ¿Cuál es la lógica económica de subir impuestos en medio de una recesión?”, se preguntó.
“Los principios de la Constitución deben ser respetados independientemente de la cuestión patrimonial de los individuos, sii no, estamos a un paso del fascismo. Los argentinos necesitan que seamos creativos en crear empleo, no impuestos. La Argentina es el país más gravoso del planeta”, cerró.
La diputada del Frente de Todos y titular de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, se refirió al nivel de concentración de la riqueza en el mundo y en la Argentina y puntualizó: «Tal es el nivel de concentración en pocas manos que este aporte recae sobre menos de 9.300 personas, el 0,02% de nuestra población. Pero de los aproximadamente $300.000 millones que esperamos recaudar, cerca de la mitad será aportado por sólo 252 personas, las que están en la cima de la cima de la pirámide».
«Hace meses que escuchamos sobre una supuestamente asfixiante presión tributaria, soslayando el hecho de que no estamos debatiendo un impuesto sino un aporte, por única vez, un aporte extraordinario. Pero además es mentira. La presión tributaria en la Argentina, se ubica cerca de 10 puntos por debajo de los niveles que existen en los países de la OCDE y cerca de 15 puntos por debajo de los europeos», continuó.
Además, agregó que «el aporte no recae sobre el patrimonio de las empresas, sino sobre las fortunas personales acumuladas por las menos de 9.300 personas humanas más ricas de la Argentina, en función de sus patrimonios declarados».
A su turno, la legisladora del Frente de Izquierda, Romina del Plá, y autora también -junto a Nicolás del Caño- de un proyecto para gravar las grandes fortunas se diferenció del oficialismo y anunció la abstención de su interbloque, al sostener que el llamado Aporte Solidario «viene a encubrir que en este momento se toman todas las medidas del Fondo Monetario Internacional, que representan un ataque brutal a las condiciones de vida de la población trabajadora”.“Y aclaramos que tampoco se trata de una verdadera recaudación o afectación a las grandes fortunas de algunos ricos. Han quedado por fuera del mismo las empresas y los bancos. El Frente de Izquierda no va a ser parte del encubrimiento de esta estafa ante toda la población», expresó.
En tanto, la diputada del Movimiento Popular Neuquino y frecuente aliada del oficialismo, Alma Sapag, justificó su rechazo al proyecto, al considerara que «vuelve a gravar la misma capacidad contributiva». Además, cuestionó que «la recaudación de este impuesto, como debe ser llamado en realidad, no sea coparticipable».
«Este impuesto va a traer más costos políticos y sociales que beneficios económicos. Y además se va a judicializar, porque hay distintos argumentos que sirven para plantear su inconstitucionalidad», remató y puntualizó: «el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional por el derecho de propiedad, o el artículo 4° por la equidad y por el principio de proporcionalidad y también los artículos 28 y 33 por la razonabilidad».
El titular del bloque de Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, adelanto el voto favorable de la mayoría de su bancada pero dijo que «no sería completo si a la par no discutiésemos de inmediato, antes de fin de año, un impulso para los verdaderos generadores de empleo que son las pymes».
Mientras, su compañera de bloque Graciela Camaño rechazó el proyecto por considerar que «desalienta las inversiones privadas y genera inseguridad jurídica y desconfianza en el país».
El presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, señaló, a su turno, que el proyecto «es una falsa y mentirosa dicotomía que se quiere instalar entre pobres y ricos». «Es falsa esa división que conlleva al peligro de seguir generando más grieta y desunión entre los argentinos», expresó el legislador de Juntos por el Cambio al anticipar el voto negativo de su fuerza.
«Hoy se irán con una victoria a lo pírrico, pero nosotros desde Coalición Cívica y desde Juntos por el Cambio estamos convencidos de que la Argentina se construye con todos y si seguimos con estos niveles de impuestos cada vez más elevados y el ataque permanente a la iniciativa privada y emprendedora no tendremos salida como nación», cerró.
El diputado del Frente de Todos, Itaí Hagman, insistió durante su discurso que «mientras discutimos si los 10 mil millonarios más ricos de la Argentina tienen que hacer un aporte extraordinario tenemos 5 millones de niños y niñas bajo la línea de pobreza. ¿Cuál es el nivel de desigualdad que estamos dispuestos a tolerar?»
«Hay momentos en donde hay que elegir entre la patria y el patrimonio. Nosotros siempre elegimos la patria, algunos parece que eligen el patrimonio», continuó y remató: «Acá se ha evidenciado que uno puede ser votado por el 40% pero elegir representar al 0,02%».
Por su parte, la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, planteó que “Argentina viene de 10 años de falta de crecimiento, los datos muestran que es así” y añadió que “nuestro país tiene más de 165 impuestos, 12 de ellos fueron creados por los Kirchner, claramente tienen una gran imaginación para gravar cosas”.
En ese sentido, propuso que “el Congreso avance contra los bienes embargados en la Justicia y sancionemos una ley para recuperar esos activos que se calculan en 500 mil millones de pesos, cifra que excede lo que se piensa recaudar con este nuevo impuesto”.
El “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, tal su nombre completo, prevé el cobro de una tasa del 2% a personas físicas que hayan declarado un patrimonio de hasta $200 millones hasta la fecha de la promulgación de la ley.
Esa tasa se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre $300 y $400 millones, al 2,50% entre $400 y $600 millones y al 2,75% $600 a $800 millones. En tanto, la tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre $800 y $1.500 millones, al 3,25% para fortunas de $1.500 millones a $3.000 millones, y a partir de esa cifra será del 3,5%.
Cecilia Moreau
Los que tengan bienes en el exterior, tributarán un recargo del 50% sobre la alícuota que les correspondería. El diferencial se elimina si las personas repatrian el 30% de sus tenencias financieras declaradas fuera del país. En ese caso, pagarán por todo como si lo tuvieran en Argentina.
En cuanto a la utilización de lo recaudado, el dictamen establece que el 20% se destinará a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, el 20% a las pymes, el 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, el 20% a becas Progresar y el 25% a programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de Enarsa».
Proyectos ambientales
En el temario de la sesión especial, también se incluyeron dos iniciativas de índole ambiental. Por un lado, el proyecto de Máximo Kirchner sobre incendios forestales, que impide la utilización comercial de tierras incendiadas por entre 30 y 60 años, con el propósito de evitar que se desarrollen emprendimientos inmobiliarios.
El texto, que reforma la ley 26.815 del Manejo del Fuego por lo que se prohíbe realizar modificaciones al uso que tenían las superficies previamente a los incendios provocados o accidentales, cuenta con el aval del Frente de Todos y de los bloques opositores minoritarios -Interbloque Federal e Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo-.
En tanto, Juntos por el Cambio presentó un dictamen en minoría para su rechazo, bajo el argumento de que «se respalda en una peligrosa generalización que supone que detrás de cada superficie afectada por el fuego existe intencionalidad y especulación económica».
Por otra parte, se debatirá la denominada Ley Yolanda, con media sanción del Senado, que determina la capacitación obligatoria en temas medioambientales para funcionarios de los tres poderes del Estado.
Fuente. ambito.com